El 01 de septiembre de 2015 Montoya se encontraba cubriendo una manifestación en el Progreso, Yoro , cuando el agente Arzú se percató que la comunicadora social estaba grabando una serie de atropellos que él y unos 300 policías y militares cometían contra la ciudadanía que se manifestaba pacíficamente en Quebrada Seca.

El pasado 30 de enero de este año arrancó el Juicio Oral y Público, donde Montoya revivió momentos dolorosos y de terror que vivió ese día solo por ejercer su derecho a recabar información y el periodismo.

Ese día vio cara a cara a su agresor cuyos abogados trataban por todos los medios de alejarlo de las escenas de culpabilidad, mientras los testigos Gerardo Chévez, colega de Montoya y su esposo Bartolo Fuentes, dieron declaraciones contundentes que no dejaron dudas de la participación de Arzú.

Desafortunadamente el Ministerio Público no incoó proceso penal contra la cadena de mando de la Policía Preventiva y Policía Militar que atentaron contra la integridad física de la periodista, que detalló que lo único que quería era proteger la evidencia donde se documentaba el abuso de autoridad y los tratos crueles inhumanos y degradantes que los cuerpos represivos llevaron a cabo contra la población que ejercía su derecho a la protesta.

“Lo que pido es justicia y que se castigue a los responsables”, dijo Montoya ante el Tribunal de Sentencia de El progreso, Yoro, a cargo de dos hombres y una mujer.

El juicio no prosiguió ese 30 de enero porque falta que el ex jefe policial Julio Romero Canales quien es buscado para que ratifique un informe donde informó quiénes eran los policías que participaron el operativo y el abuso de autoridad cometido. El tribunal dijo no haberlo encontrado, lastimosamente este ente ha cometido demasiados desafueros en el juicio que a la víctima le cuesta creer que eso sea cierto.

Los dos apoderados legales del agente Arzú, quien en la Audiencia de Imputado dijo que seguía órdenes de su jefe y que no actuaba solo, son abogados cuyos honorarios son los más caros de la región, según lo informaron colegas que les conocen, por lo que se presume que la Policía Nacional estaría pagando de las arcas públicas, pues el acusado es un policía de escala básica que no tendría fondos para cubrir esos costos tan altos.

Estado no protegió a periodista Dunia Montoya 

En un comunicado conjunto entre el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, emitieron la Declaración conjunta sobre violencia contra periodistas y comunicadores en el marco de manifestaciones sociales el 13 de septiembre de 2013.

En ese documento los relatores especiales observan que en el contexto de manifestaciones y situaciones de alta conflictividad social, el trabajo de periodistas y comunicadores, y el libre flujo de información a través de medios alternativos como las redes sociales, es fundamental para mantener informada a la población sobre los acontecimientos, a la vez que cumple un importante rol al reportar sobre la actuación del Estado y de la Fuerza Pública ante las manifestaciones, previniendo el uso desproporcionado de la fuerza y el abuso de autoridad. 

Los ataques contra periodistas que cubren estas situaciones viola tanto el aspecto individual de la libertad de expresión —pues se les impide ejercer su derecho a buscar y difundir información, y se genera un efecto de amedrentamiento—, como su aspecto colectivo—pues se priva a la sociedad del derecho a conocer la información que los periodistas obtienen. Por esta razón, las relatorías han reconocido que dada la importancia de la labor que cumplen los periodistas que cubren estas situaciones, el Estado debe otorgarles el máximo grado de garantías para que cumplan su función. Este deber no se limita a otorgar medidas concretas de protección para los comunicadores. Incluye también la obligación de crear las condiciones necesarias para mitigar el riesgo del ejercicio de la profesión en esas situaciones, señalaron los relatores. 

"El Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos,  amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión. Su material y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas, destacaron.

Lea la declaración completa sobre la protección que el Estado debe brindar a periodistas en las manifestaciones, Aquí