El Foro fue organizado por la Asociación por la Democracia y los derechos Humanos, ASOPODEHU, y tuvo como invitada a la periodista Alicia Quiñones, responsable para las Américas de Pen International, quien al inicio hizo una exposición magistral de la situación en la región latinoamericana donde los gobierno han apretado sus acciones contra la libertad de expresión.

Después hubo un intercambio de experiencias entre los periodistas de la zona occidental, Centro, Norte y la capital de Honduras.

En el occidente del país en la entrega de ayuda alimenticia algunos militares intimidan a las personas a quienes no les quieren dar la provisión y cuando algún comunicador evidencia la ilegalidad es cuando los uniformados se enojan, denunciaron los comunicadores sociales de la zona.

Algunos de los participantes coincidieron que en hay corrupción en el manejo de los fondos de la pandemia pero para los comunicadores es difícil encontrar la información para demostrarlo, aunque como comunicadores se desee decirle a la gente lo que está pasando, por ello consideran necesario incrementar la protección a periodistas. 

“Cada vez tenemos más miedo a denunciar ya no sabemos que decir o no, nos quitan la oportunidad de trabajar, si lo hacemos nos discriminan o nos censuran, o cierran las contratos publicitarios”, expresó una comunicadora.

En el evento participaron 23 periodistas y fue casi unánime la aseveración de que en la dictadura “todo es secreto de Estado”.

Aunque han buscado la manera de blindarse incluso de las verdades, en Honduras no hay independencia, ni libertad de expresión y acceso a la información, señalaron.

Una periodista agregó que en este contexto no se está exento de caer en la desinformación, por querer cubrir los problemas, más la presión que genera ser expuesto a la pandemia es difícil y lo mejor que se puede hacer es coordinar el trabajo, porque se están dando datos falsos desde las autoridades relacionados de alguna manera con la corrupción.

Enlistaron que entre los temas críticos en los se pueden ponen en riesgo son manejo de presupuestos, corrupción, salarios de funcionarios, incumplimiento de derechos humanos, lo relacionado al manejo de la información pública e intereses económicos.

En algunas municipalidades no llegaron los equipos biomédicos o de seguridad que supuestamente se debía brindar a los trabajadores que se encuentran en primera línea contra la pandemia, pero quien vela por el cumplimiento es el Congreso Nacional que autorizó varios presupuestos millonarios, pero en la práctica no se evidencian al cruzar la información con las respuestas que se está dando desde el Estado para combatir el virus.

Un comunicador de Occidente denunció que una funcionaria de forma pública le dijo que no volvería a darle entrevistas simplemente por un pregunta con la cual no le falto al respeto pero lo que más le causa temor es perder el empleo por la precariedad económica en que se encuentra el país.

Entre las conclusiones del evento se manifestó que no hay protección de parte del Estado de Honduras para el ejercicio del periodismo y las organizaciones gremiales como el Colegio de Periodistas de Honduras, brillan por su ausencia.