En el evento participaron también Claudia Ordoñez de Articulo 19, Alicia Quiñones de Pen International y una representante de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, que hablaron sobre el impacto de esta legislación en Honduras sobre la libertad de expresión.

Este código entró en vigencia el 25 de junio de 2020 a pesar que unos 67 diputados de la oposición realizaron una sesión extraordinaria donde lo abrogaron contando con el quórum suficiente, pero Mauricio Oliva y su Junta Directiva presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra los parlamentarios que convocaron a la sesión y además desconocieron su decisión.

Agujeros negros de la infomación

Colombié recalcó que el uso de tipos penales muy amplios y ambiguos es muy creciente en Latinoamérica, “como son delitos graves los periodistas  van a la cárcel y es difícil defenderlos, se les acusan de atentar contra la seguridad nacional, subversión, desacato o cualquier información que se usa contra el periodista”.

Pero dijo que la utilización del derecho penal para proteger el honor de funcionarios públicos ya ha sido abordado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señaló en una sentencia que la libertad de expresión es muy importante y protege no solo discursos inofensivos o bien recibidos por la opinión pública sino de aquellos que chocan, irritan o inquietan a funcionarios públicos.

Refirió que esta práctica de la criminalización del periodismo es una receta tóxica que está siendo aplicada con las mismas modalidades en varios países del continente, “se traduce en autocensura, son agujeros negros de la información”.

Agregó que otro tipo de represión es el uso del régimen tributario u otras formas de acoso administrativo que busca castigar a organizaciones y a periodistas que están en la mira.