Las protestas permanentes de Dónde está el Dinero a través de pintas en las calles con esa pregunta ya llevan más de un mes y han sufrido un sinnúmero de acciones del gobierno que usa los cuerpos represivos para contenerla, ha llevado detenidas a más de siete personas , utiliza las alcaldías para borrar los mensajes o para ofrecer dinero para la captura de las personas que escribieron la frase, y ahora esta citatoria que seguro es la primera de una seria de llamados ilegales. Las acciones ciudadanas es porque hay denuncias de malversación de los fondos de Covid19 por parte del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández.

La denuncia fue publicada a través de una alerta por  la organización Derechos Humanos sin Fronteras que señaló las serias irregularidades que comete la ATIC con esta citatoria y le recuerda que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a la libertad de expresión.

Romero expresó a pasosdeanimalgrande.com que se trata de una violación a la libertad de expresión de los ciudadanos, debido a que en un grupo de jóvenes donde él es parte crearon una página de Facebook en San Pedro Sula, para convocar a una movilización vehicular como forma de protesta y considerando el contexto de pandemia fue muy concurrida.

Las personas que dijeron ser agentes de la ATIC son Lenin José López y Karen Mendoza, quienes le dijeron que debía comparecer por suponerlo el administrador de dicha página.

Romero detalló que le preguntaron si ostentaba una candidatura política, y él se manifestó en contra de esa acción porque se trata de una protesta civil.

Agregó que es una persecución e intimidación política personal hacia él ya que es una notificación de forma arbitraria, porque lo correcto es un escrito que se extiende de forma personal y la interrogación podría hacerse para sacarle información sobre quiénes participan en las protestas.

“La protesta se ha hecho de forma pacífica pero les incomoda la pregunta que exige conocer ¿Dónde está el Dinero?, todo el pueblo hondureño sabe quiénes son los corruptos ya que nosotros no hemos mencionado nombres”, indicó Romero.

Según el denunciante en las movilizaciones siempre hay presencia de los miembros policiales quienes toman fotografías y videos de los vehículos y personas para levantar perfil y es así como criminalizan a las personas, aunque él piensa presentarse, siente temor porque es posible que le quieran levantar cargos, judicializarlo y después seguir con sus compañeros.

Irregularidades de la notificación

La ATIC de conformación a la ley establecida en el artículo 41 fue creada para indagar en delitos graves y de fuerte impacto social, en los que no está incluida según reza el artículo la protesta social ni la libertad de asociación.

Pasosdeanimalgrande.com contactó al ex Fiscal General Edmundo Orellana, para consultarle sobre la notificación y mencionó que los sistemas han sido modificados y que posiblemente lo hicieran de forma correcta pero que pude tratarse de un caso de intimidación, donde se debe corroborar en la Fiscalía de San Pedro Sula.

Agregó que para tratarse de una declaración, el joven no debería estar obligado a movilizarse de una ciudad a otra considerando el estado de emergencia por Covid-19, sino que debería realizarse en la misma zona.

Sin embargo el Artículo 88 de la Constitución de la República señala que “No se ejercerá violencia ni coacción de ninguna clase sobre las personas para forzarlas a declarar. Nadie puede ser obligado en asunto penal, disciplinario o de policía, a declarar contra si mismo, contra su cónyuge o compañero de hogar, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Sólo hará prueba la declaración rendida ante juez competente. Toda declaración obtenida con infracción de cualquiera de estas disposiciones, es nula y los responsables incurrirán en las penas que establezca la ley”.

Mientras el Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos señala que "1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección".

La protesta social en Honduras ha tomado un nuevo panorama debido a la definición ambigua que contiene el nuevo Código Penal, que entró en vigencia en el mes de junio del 2020, tras una larga lucha de organizaciones de sociedad civil y de derechos humanos, por ser lesivo a la libertad de expresión, manifestación y asociación.

Esta es la alerta de Derechos Humanos sin Fronteras: