Este evento fue organizado por la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, COLPIN, que del 09 al 16 de noviembre mantiene un programa con una serie de temáticas interesantes y donde participan destacadas figuras del periodismo y de la comunidad internacional, entre éstas el nuevo Relator Especial para la Libertad de Ecpresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que el 09 de noviembre estuvo en un diálogo con periodistas de distintos países del continente latinoamericano.

Sol Lauría, de la revista Colofón, explicó la investigación “Duelo: memorias de invasión”, que inicio en 2018 con el objetivo de demostrar los más de 300 civiles asesinados en la noche de invasión de los Estados Unidos bajo la administración de George Bush, en la República de Panamá, el 20 de diciembre de 1989, supuestamente para liberar el país de la dictadura del general Manuel Noriega.

Lauría comentó que las muertes de personas civiles fueron negadas por los Estados Unidos, pero a través de la recolección de información pública de Panamá y la desclasificación realizada por alianzas que impulsan la transparencia, se solicitaron documentos en la ciudad de Washington, como hallazgos se logró contabilizar los más de 300 asesinatos y localizar algunas fosas comunes.

Según la periodista durante la invasión tenían una atracción por documentar cada hora cómo se realizaba la invasión y de qué forma actuaban los medios de comunicación, los grupos de oposición, y en el proceso de investigación se encontró que la estrategia se había realizado dos años antes de ejecutarla.

Como periodistas en la investigación se centraron en recuperar la memoria histórica, con un enfoque en derechos humanos de buscar la verdad de lo que habría ocurrido durante la noche del 89, donde el general Noriega escapó y luego lo localizaron.

Periodistas de Brasil denuncian encubrimiento de la Covid-19

También los periodistas Rafael Moraes y Lorenna Rodrigues, detallaron el proceso legal que impulsaron para lograr que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, hiciera público su examen de diagnóstico por Covid-19.

Los comunicadores describieron que el primer caso se conoció a finales de febrero, pero el presidente calificó el coronavirus como una “simple gripecita” y se negó a cumplir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, (OMS), después de un viaje a los Estado Unidos, 23 funcionarios posiblemente fueron diagnosticados con Covid-19.

Para la población el propio presidente podría ser un foco de contagio, el medio solicitó los resultados del examen de Bolsonaro, pero fue tildado de confidencial, por lo que se impulsó una demanda de los medios de comunicación por la falta de transparencia y negar documentos de interés público.

El mismo día que el proceso llegó a la Corte Suprema, el presidente presentó tres documentos, cuando el fallo fue a favor de la petición se entregaron los mismos, donde constataban que los resultados del presidente eran negativos, pero los análisis no presentaban información del paciente sino que de manera general por lo que podrían ser de cualquier persona.

Finalmente para el mes de junio Bolsonaro anunció que podría estar contagiado y esa vez tuvo que realizar el proceso de forma automática dado los antecedentes y que para la población era de interés común saber los resultados por la negativa de que Brasil siguiera los protocolos de seguridad sanitaria frente a la contaminación por el coronavirus.

Periodistas de Chile frente a la violencia de los Carabineros

Paulette Desormeaux, periodista de Chile, expresó que la investigación se centró en obtener acceso a la información de las cámaras que portan los carabineros en sus uniformes, explícitamente en las primeras dos semanas que estalló el conflicto social en el 2019.

La primera respuesta de los Carabineros fue que debían proteger la identidad de las personas por lo que no podían brindarla, pero el Consejo de Transparencia les ordenó entregarla, así que pusieron el pretexto que no tenían la tecnología para difuminar los rostros, después de unas revisiones, se determinó que la institución había pagado mucho por un software que realizaba ese trabajo, dijo Desormeaux.

Los investigadores tuvieron que esperar nueve meses para obtener la documentación y solo recibieron 200 discos correspondientes a las dos semanas y al ver los primeros archivos unos carecían de fragmentos y otros contenían irregularidades, pero se logró confirmar el objetivo que era demostrar el abuso desproporcionado de la fuerza, además que los oficiales no andaban debidamente identificados.

La comunicadora Paulette Desormeaux, agregó que desde eso el medio de comunicación ha seguido realizando cada semana peticiones al portal de transparencia para ver hasta donde llega si ésta tiene un límite.

Según los panelistas la intención que se debe regir en la búsqueda de información es hostigar hasta lograr que esos documentos catalogados como secretos y vayan en contra de los interés de la población, sean entregados como parte de los derechos sociales.