Los jóvenes, fueron detenidos el 07 de febrero de este año,  en una protesta social exigiendo Justicia para Keyla Martínez, la joven enfermera muerta en una celda policial en La Esperanza, Intibucá al Occidente de Honduras. Fueron apresados por la Policía Nacional preventiva y llevados a la Policía Metropolitana Número Uno, antes denominada Core7, donde fueron objeto de torturas y amenazas a muerte para obligarlos a incriminarse en delitos que no cometieron. "Si hablan ya van a ver cuando salgan", les advirtieron unos agentes que aprovecharon la oscuridad de la noche del 07 y las primeras horas de la madrugada del 08 de febrero.

Ellos fueron acusados por los delitos de lesiones, incendio, participación en manifestación ilícita, daños y atentado. En la Audiencia de Imputado el juez les dictó medidas sustitutivas a la prisión preventiva y les dejó  bajo la custodia COFADEH, donde permanecieron desde ese día hasta este 25 de febrero recién pasado.

La defensa legal denunció que hubo irregularidades y que hasta los momentos no hay evidencias que establezcan una responsabilidad en los hechos que se les acusa, para dos de ellos se continúa las etapas jurídicas dependiendo de los recursos que se establezcan en el sistema judicial.

La audiencia inicial se desarrolló durante los días 24 y 25 de febrero, en los Juzgados de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, en el Barrio la Granja. Los abogados defensores de los cinco jóvenes fueron el abogado Alejandro Mairena,del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODEH y Karol Cárdenas, del  Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras, COFADEH.

El miércoles 24 de febrero cuando había un receso en el Juzgado, los jóvenes fueron a almorzar y fueron seguidos muy de cerca por dos carros desconocidos para ejercer presión contra ellos. Así pasaron todos los días antes de la resolución del juez donde incluso sus familias fueron hostigadas.

El abogado Mairena informó a pasosdeanimalgrande.com que Cristopher Flores, Alex Laguna y Josué Fonseca, obtuvieron un sobreseimiento provisional que significa que dentro de los siguientes cinco años estará en observación el caso, aunque ellos estén en libertad relativa hasta que se cumpla ese tiempo.

En el caso de Eduardo Molina y Joel Rojas se les dictó auto formal procesamiento y quedaron con  tres medidas cautelares:  al cuidado de sus padres, bajo la custodia del COFADEH, presentarse a firmar y no salir del país, por suponerlos responsables de los delitos de daños e incendio, sobreseyendo los delitos de participación en manifestación ilícita, lesiones y  atentado, describió Mairena.

También el abogado expresó que la resolución del juez fue sustentada en los vídeos del 911 algo que no pudo establecer la participación de los jóvenes en los hechos porque son cámaras bien retiradas y aunque hagan acercamiento no tiene buena resolución, mientras el Ministerio Público tiene una actuación deplorable porque es una institución que solo busca la persecución y condena de las personas, “solo es un capricho de enjuiciar a las personas”, criticó.

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