Un fallo de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán ratificó la cárcel para ocho defensores del Río Guapinol que están presos desde agosto del año pasado y ordenó que otros cinco regresen a prisión, después de tener un sobreseimiento definitivo en los delitos por los cuales el Ministerio Público en contubernio con la empresa Minera Inversiones Los Pinares, les envió a prisión a principios de 2019.

Todo empezó en el 2015 cuando los pobladores de la comunidad de Guapinol, Tocoa, Colón vieron contaminado su río del mismo nombre, la empresa minera llegó sin ser invitada y está señalada por los habitantes de este territorio de generar un clima de violencia en la zona, con el objetivo de que la gente deje de obstaculizarles su objetivo de seguir operando con una licencia otorgada ilegalmente y que afecta la Montaña de Botaderos o Parque Nacional Carlos Escaleras.

Esta defensa del ambiente tiene a ocho defensores presos en el centro penal de Olanchito, en el departamento de Yoro, y a las puertas de la prisión a cinco más que integran tanto la comunidad de Guapinol como el Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, y que lograron el años pasado que un juez les sobreseyera todos los delitos por los cuales estaban acusados como incendio agravado, asociación ilícita y detención injusta de la libertad contra 4l jefe de seguridad de la empresa antes mencionada.

El Ministerio Público apeló esta decisión y desde marzo de este año la Corte de Apelaciones tenía la decisión pero inexplicablemente fue notificada a la defensa de los encausados el jueves recién pasado.

La misma contiene aberraciones jurídicas que según los abogados defensores es una persecución política que ya denunciaron hace varios meses pero que se usó el sistema de justicia para satisfacer los caprichos económicos de la empresa Inversiones Los Pinares propiedad de Ana Facussé, hija del terrateniente ya fallecido Miguel Facussé y su yerno.

La Corte condenó en la etapa preparatoria del juicio

Por la mañana de este sábado 15 de agosto de 2020, Radio Progreso a través de la plataforma Zoom,  desarrolló un conversatorio conducido por Gustavos Cardoza, donde los abogados dieron a conocer su análisis jurídico del fallo y tres de los perseguidos destacaron el compromiso para seguir en la lucha a pesar de la desigualdad ante la ley en que se encuentran.

El abogado Efraín Ramírez, del equipo  legal de los defensores, señaló que el fallo de la Corte de Apelaciones violenta el principio de inocencia y condenó a los encausados en la etapa preliminar del juicio. Después de revisar punto por punto el fallo manifestó que nunca en lo que lleva de ejercer la abogacía e había encontrado con un fallo que pone en precario la justicia de Honduras.

Mientras el abogado Omar Menjivar denunció que dicha corte revocó el sobreseimiento definitivo y ordenó un auto de formal procesamiento contra Juan López, Leonel George, José Adalid Sevilla, Reynaldo Dominguez y Marco Tulio Mendoza, del Comité por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón, lo que destaca que en el mismo se ratifica la persecusión política para favorecer el capital. La Corte privilegió el capital de la empresa y accionó criminalizando a los defensores”, dijo Menjívar.

Por su parte Edy Tábora, abogado del equipo legal junto a los dos anteriores, señaló graves irregularidades cometidas por la Corte de Apelaciones que deben llevar a un proceso investigativo urgente porque esa instancia está llevando otros juicios contra comunidades de varias partes del país que defienden sus territorios de empresas.

Entre esas arbitrariedades señaló que esa corte chepeó la sentencia de otro caso para fallar, lo que entraña la comisión de un delito que debe llevarse a investigación penal y administrativa, por lo que anunció acciones para la próxima semana.

Entretanto el Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, rechazó el fallo y llamó a las comunidades a mantenerse en pie de lucha.

“No nos vamos a esconder vamos a hacerle frente a esta situación que deja claramente establecido que el sistema de justicia está coludido con la clase política y económica que gobierna el país.

Mientras Juan López, otro de los procesados y a quien también se le revocó el sobreseimiento definitivo , expresó “estamos ante una justicia selectiva que favorece a los calzados, a los pandoros y a otros corruptos, y desprotege a los descalzos, a quienes luchamos por nuestras comunidades. Nuestros principios son más fuertes que esta resolución porque hay uun interés de callar la verdad”.

El Comité emitió el siguiente comunicado:

Vea el análisis jurídico de los abogados y las reacciones de los procesados y familiares: