Los corruptos que han despilfarrado los fondos de la pandemia, no toleran leer por todas partes “Dónde esté el dinero”, para neutralizar a una población  que demanda rendición de cuentas  tienen a su servicio a los cuerpos de seguridad del Estado,  que aplican a discrecionalidad los decretos de restricción de garantías constitucionales y la Ley de Policía y Convivencia Ciudadana, con el objetivo de enterrar este movimiento ciudadano que va cobrando más fuerza en todo el país.

En San Pedro Sula diversos sectores se han conformado en un solo frente para demandar la restitución de la institucionalidad y condenar la corrupción desde el gobierno de Juan Orlando Hernández. Entre las acciones están las caravanas de vehículos para visibilizar las demandar y las pintas en las principales calles con la leyenda “Dónde está el dinero”.

En Tegucigalpa una de las escrituras que ha generado mayor alergia al gobierno es la que se ubica por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Fue pintada en la madrugada del domingo pasado y la alcaldía municipal pretendió borrarla y no lo logró, pues cada vez que lo intenta nutridos grupos llegan a repintarla.

Detenciones ilegales en el fin de semana

Este domingo 16 de agosto fueron detenidas tres personas que ejercían su derecho a expresarse con la pinta “Dónde está el dinero”, pero fueron detenidas por la policía que les anduvo por diferentes lugares y les amenazó con decomisarles sus vehículos hasta por 15 días y llevárselas a las celdas policiales por 24 horas.

El hecho sucedió a eso de la una y treinta de la tarde, cuando detuvieron a la doctora María Angélica Milla; Paulo Gómez y Gracia María Bertrand.

En los últimos días el gremio médico ha sido muy atacado por los cuerpos de seguridad del Estado, en esta semana que acaba de culminar, el doctor Eliud Girón fue detenido por la policía, llevado a la Policía Metropolitana Número Uno donde policías encapuchados lo golpearon y tuvo que ser ingresado al seguro social.

También en este período la doctora Ligia Ramos denunció la vigilancia de su casa por una patrulla policial y dos hombres en motocicleta, anteriormente había pasado por situaciones bien peligrosas, que podrían tratarse de falsos positivos para afectarla.

El abogado Tomás Andrade, también defensor de los derechos humanos hizo las diligencias para la puesta en libertad de los detenidos, con denuncias ante instancias nacionales e internacionales, pues señaló que trataban de sembrar temor y dejar a las tres personas detenidas por 24 horas sin ningún asidero legal, además de advertir que debían pagar 600 lempiras por cada vehículo pero que se los entregarían hasta dentro de 15 días.

“Los policías están haciendo uso discrecional de la Ley de Policía y Convivencia Ciudadana y de los decretos que restringen garantías constitucionales, que son ambiguos,  y eso pone en grave riesgo la integridad de los detenidos, en este caso los anduvieron de un lado a otro solo para exhibirles”.

Manifestó que inicialmente fueron llevados a la Villa Olímpica, la intención era quitarles los carros y conducirles a una posta policial en la paila de la patrulla enchachados, como una forma de sembrar el temor en la población que quiere seguir preguntando dónde está el dinero a falta de transparencia desde el gobierno.

Un equipo del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADEH, se hizo presente para documentar el hecho y verificar la violación a los derechos humanos.

A criterio de Andrade ya la Comisión Interamerica de Derechos Humanos, CIDH señaló a través de resoluciones en el marco de la pandemia por Covi19 que que los Estados no deben hacer uso de decretos para restringir derechos .

Pasadas unas cuatro horas lograron recobrar su libertad firmando un acta en el despacho del juez de policía.

Por el abogado Andrade denunció que las cosas se pusieron tensas en un momentos, "porque la policía pretendía desconocer mi papel de defensor de derechos humanos. "Allí estaba un inspector, un subinspector y como unos 10 policías que quisieron amedrentarme".

Este tipo de actos se asemejan a los que pasaban en la década de los ochenta, en el golpe de Estado de 2009 y en el período electoral y postelectoral, donde la protesta social y las diferentes acciones de la ciudadanía para ejercer la libertad de expresión han sido reprimidas.

Desde el 16 de marzo de este año se decretó emergencia nacional por Covid19 restringiendo derechos a través de varios decretos ejecutivos que conllevan el control social y evitar que la ciudadanía salga a las calles a protestar.

Sin embargo la falta de apoyo del gobierno para los sectores más vulnerables ha desencadenado una serie de manifestaciones, más de 400 según registro de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH. Entre las causas de las protestas están la falta de comida pues la administración Hernández decretó cuarentena,  pero miles de personas se quedaron sin dinero porque fueron despedidas y otras  se buscan la vida cada día y no se pueden dar el lujo de quedars en casa.