A siete meses de suspensión de Garantías Constitucionales en Honduras, la población se ha adaptado a los métodos en línea para la organización de actividades laborales, políticas, populares, entre otras, siendo las plataformas electrónicas una de las herramientas propicias para el espionaje de ciertos sectores, con el objetivo de reprimir y silenciar.

Desde el 16 de marzo del 2020, el gobierno de Juan Orlando Hernández, decretó suspensión de derechos Constitucionales, entre ellos el artículo 78, 79 y 80 que dictan que el Estado debe garantizar de libertad de asociación y reunión, en relación de sus intereses comunes de cualquier índole y presentar peticiones a las autoridades para obtener respuesta en el plazo legal.

Existen patrones de represión en relación del derecho de reunión y asociación, a miembros de organizaciones de sociedad civil como las personas defensoras de los derechos humanos, a quienes se les han realizado allanamientos en sus hogares durante la suspensión de garantías, también a integrantes de plataformas populares.

Las Organizaciones no Gubernamentales, (ONG), de derechos humanos, presentaron al Estado una petición para que se les permitieran la libre circulación y ejercer su labor de defensoría de los derechos fundamentales, frente al alza de índicies de violencia hacia las mujeres, niñez y adolescencia, y en los pueblos en resistencia territorial, pero fue denegada.

También se suma un contexto de crisis económica, alimentaria y de salud, generada por diversos actos de corrupción en los presupuestos asignados por los poderes del Estado para enfrentar la pandemia del Covid-19.

Algunos sectores fueron perjudicados por retrasos de salarios, no se entregaron bonos autorizados, se realizaron compras de equipos en mal estado, los Hospitales se quedaron abarrotados , con falencias de medicamentos y trajes de bioseguridad.

Gilberto Ríos, dirigente popular, explicó que frente a la situación de crisis profunda el pueblo respondió con protestas y para eso se usaron las redes sociales como un método de reunión, pero que las plataformas son asediadas por una red de espionaje desde el gobierno y sus alianzas con países como EUA, Israel y Colombia.

Ríos aseguró que en varias ocasiones tuvieron llamadas de call center colombianos a quienes se les identificó por el acento, pero que ya se conocía que las autoridades gubernamentales estaban coludidas para mantener el control en ciertos sectores, por eso las organizaciones adoptan medidas como realizar sesiones cerradas y trasmitir mediantes otras vías la información pública, de lo contario constantemente aparecen perfiles desconocidos para filtrar la documentación.

Entre las protestas se emplearon las caravanas de automóviles con las consignas de protesta por los saqueos, tomas de carreteras de los barrios y colonias exigiendo ayuda alimentaria, manifestaciones de trabajadores de maquilas a quienes se les han violentado los derechos laborales y de salud pública.

Una de las protesta más numerosa ha sido sobre la pregunta ¿Dónde está el Dinero?, que se multiplicó en las redes sociales y llegó a ser una consigna pintadas en las calles, paredes, y otras.

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), citó a uno de los activistas populares de forma irregular y luego cambiaron el móvil de la citación de liderar la página en las redes sociales a posible trata de personas en perjuicio de niñas y mujeres, y por último los agentes dijeron que no estaba en calidad de acusado sino para que hablara de cierta información.

José Romero, quien ha sido líder del espacio de movilizaciones vehiculares para reclamas el paradero del dinero, se presentó a las oficinas de la ATIC, acompañado por organizaciones de de derechos humanos, medios de comunicación, pero fue exonerado de las acusaciones.

Desde figuras públicas se maneja una campaña de desprestigio contra la protesta social, acusando a las personas como delincuentes, “vagos”, terroristas, haciendo que la libertad de asociación sea cuestionada como ilícita y propensa a actos de criminales que el Estado afianza a través del poder judicial.

Presos políticos y detenidos

En la movilización este 15 de septiembre en la ciudad de Tegucigalpa se detuvieron al menos 15 personas, quienes fueron agredidas y llevadas a postas policiales después de la represión, entre ellas un periodista y un defensor de derechos humanos que ejercían su labor .

En el último año han sido privados de la libertad varios defensores de derechos humanos, como los del Río Guapinol, el maestro Rommel Barlemar quien fue capturado en una protesta de la plataforma por la educación y salud, y ahora el poder judicial entrega la sentencia para tres ex líderes estudiantiles condenados a tres años de prisión y trabajo forzado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se pronunció este 16 de septiembre sobre las altas tasas de sobrepoblación que prevalecen en las cárceles hondureñas, donde advierten al país que debe cumplir con el decreto dirigido a que personas que tengan una enfermedad base o estén más propensos a contraer Covid-19, se les imponga otro tipo de medida alterna a la prisión.

En Honduras la libertad de asociación ha sido disminuida a través de esta serie de artimañas, entre ellas la criminalización contra los miembros de distintos grupos, violentando los derechos constitucionales.