La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, RELE y la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, demandaron al Estado de Honduras una pronta, exhaustiva y diligente investigación sobre el crimen contra el comunicador indígena Pablo Hernández, según lo dieron a conocer a través de comunicados públicos este 18 de enero de 2022.

El crimen contra Thalía Rodríguez, defensora trans de derechos humanos, el primero en el 2022, ocurrido el 10 de enero de este año, abre nuevamente la discusión sobre la falta de responsabilidad del Estado de Honduras en realizar acciones contundentes para terminar con esta violencia, cumplir con compromisos internacionales y una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH.

Pablo Hernández, defensor de derechos humanos, comunicador de la Voz Lenca y militante del Partido Libertad y Refundación, LIBRE, fue acribillado a balazos este domingo  09 de enero de 2022, en San Marcos de Caiquín, Lempira. Un mes atrás Margarito Hernández, también integrante de ese instituto político fue muerto de forma parecida en Santa Cruz, en el mismo departamento, el 05 de diciembre de 2021.

Foto de Margarito Hernández de LIBRE

Ambos crímenes se dan en el contexto postelectoral, después de la derrota del Partido Nacional y el ascenso de LIBRE al poder con la presidenta electa Xiomara Castro. Defensores de derechos humanos de la zona han manifestado que las muertes son represalias por ser dirigentes de dicho partido que desplazó a familias que se turnaban en el poder desde los padres, abuelos y nietos.

El crimen de Margarito Hernández se encuentra en la completa impunidad, ni siquiera hay líneas de investigación por parte del Ministerio Público, lo que genera la repetición de los hechos.

El jefe de comunicaciones estratégicas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Cristian Manuel Nolasco, confirmó a The Associated Press, AP,  que Hernández fue emboscado en un angosto camino de tierra, según publicó esta agencia de noticias.

“El funcionario dijo que se maneja la hipótesis de que el crimen fue motivado por enemistades personales y problemas políticos partidistas, y señaló que ya se tienen identificados a varios sospechosos”, señala la noticia de la AP .

Sin embargo Asociación de Medios Comunitarios en Honduras (AMCH), denunció que  “dicho asesinato lo consideramos un atentado más a la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos (por los que) nuestro compañero Pablo Hernández trabaja con compromiso y dedicación”.

Según circuló en redes sociales Pablo Hernández había denunciado reiteradas amenazas a muerte por parte de autoridades del municipio de Caiquín, Lempira.

Pablo era muy activo en la defensa de su pueblo lenca al impulsar la Universidad Indígena y de los Pueblos. Fue Director de Radio Tenán, La Voz Indigena Lenca, Alcalde Mayor de La Auxiliaría de La Vara alta de Caiquín, coordinador de la comunidades eclesiales de base y  Presidente  de La Red de Agro ecólogos de La Biósfera Cacique Lempira Señor de Las Montañas.

Ambiente pre electoral de amedrentamiento en las comunidades

Rigoberto Matute, defensor de derechos humanos de La Unión Lempira, dijo a pasosdeanimalgrande.com que hombres armados asediaron a unas  17 comunidades de Lempira debido a que en la zona el Partido Nacional se sentía perdido y de hecho así lo fue en las votaciones, por lo que hombres de civil armados merodeaban las casas de líderes.

En el caso de Maute ha sido objeto de reiteradas amenazas a muerte y a su casa entraron hombres armados unos días antes de las elecciones.

Ambos asesinatos han ocurrido en el lapso de un mes y se hace necesario una intervención inmediata de la nueva presidenta para que cese la violencia.

El Partido LIBRE  a través de la Coordinación Departamental en Lempira difundió un acuerdo de duelo sobre el crimen de Pablo Hernández:

Se podría repetir el caso de la Unión Patriótica de Colombia en LIBRE?

La Unión Patriótica surgió como una convergencia de fuerzas políticas a raíz del proceso de negociación adelantado a mediados de la década de 1980 entre el gobierno del presidente Belisario Betancur y el estado mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.

Desde sus mismos inicios la Unión Patriótica fue sometida a toda clase de hostigamientos y atentados. En 1984, se presentaron los primeros asesinatos y “desapariciones” forzadas. Tras las agresiones se percibía la actuación de agentes estatales o de integrantes de grupos paramilitares, detalla el documento “Genocidio político: el caso de la Unión Patriótica en Colombia”, escrito por Iván Cepeda Castro, investigador de derechos humanos  y director de la Fundación Manuel Cepeda Vargas, de Colombia.

Tres rasgos centrales configuran la especificidad de esta persecución sistemática. En primer lugar, la intencionalidad de los autores de la cadena de acciones criminales ha sido acabar con el grupo político, o al menos, expulsar de la vida pública a sus sobrevivientes y a las bases sociales que han resistido la ola de violencia. Por esta circunstancia, los familiares de las víctimas directas y los sobrevivientes del movimiento han reclamado que el caso sea tipificado como un genocidio por razones políticas. En segunda instancia, es notorio que se trata de un proceso de exterminio de una fuerza política legal en condiciones de un Estado considerado democrático y en el que se supone la existencia de una institucionalidad ajustada a las normas del derecho, agrega el escrito.

De no tomar cartas rápidas en el caso de los crímenes contra el partido LIBRE, Honduras podría repetir este escenario de Colombia donde fueron asesinados unos cinco mil militantes lo que ha sido considerado un genocidio. Aunque los contextos son diferentes, sí hay algunas similitudes como lo es la persecusión y muertes de los militantes de LIBRE en varios lugares del país.

Al menos siete heridos por armas de fuego tipo R-15, Fal y escopetas usadas por guardias de seguridad de Inversiones Ceibeña, resultaron de un ataque armado suscitado la mañana de este lunes 27 de diciembre de 2021 contra familias campesinas de la Cooperativa, en Trujillo, Colón. El operativo estaba dirigido por el ex coronel de las Fuerzas Armadas de Honduras, Francis Reyes Contreras, quien además es el jefe de seguridad de la compañía, según denuncia de la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA.