La preocupación por el incumplimiento de sentencias internacionales, el continuo llamado a publicitar los actos de la Junta Nominadora para la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia en Honduras, y la denuncia de la politización del Consejo de la Judicatura,  son algunas de las conclusiones  del foro “Justicia para todas y todos; Retos y Desafíos en Honduras” con el auspicio del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), realizado este martes 08 de diciembre de 2015 en la capital de esta nación centroamericana.

El foro contó con la presencia del Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, quien abordó la temática relacionada con el actual proceso de elección de magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el seguimiento que hace este ente regional al país en materia de independencia judicial.

Participaron junto a Icaza, Tom Pandy, Coordinador de la Asociación de Jueces por la Democracia, (AJD), y representantes de la Fundación para el Debido Proceso (DLPF por sus siglas en inglés).

Durante el conversatorio los ponentes hablaron sobre el papel del Poder Judicial como “piedra angular en el proceso de consolidación de un Estado de Derecho” para garantizar el acceso a la justicia, el cual  no debe estar sujeto a condiciones ni que  se aplique “la ley del más fuerte” , aseguró en su intervención inicial, el Secretario Ejecutivo de la CIDH.

En ese sentido, resaltó el papel de la Comisión de identificar los distintos operadores de justicia, desde los magistrados y magistradas hasta los jueces y defensores públicos. Reconoció  en ellos el primer sector en la defensa de los derechos humanos y un  espacio vital para la expansión del respeto de los mismos.

Desde la AJD el abogado Pandy disertó sobre el cuestionamiento constante que existe y ha existido históricamente sobre el concepto de independencia judicial. “Tenemos que partir desde la estructura misma del Estado y la separación que existe entre los poderes, la creación de seguridad y defensa, el cual es un órgano supra-poder, que depende del Poder Ejecutivo aún y cuando participan los dos restantes presidentes de los otros poderes  y aquí se tocan importantes decisiones en materia de justicia”.

Ejemplificó la creación del Consejo de la Judicatura y la carrera Judicial, presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero que desde esta instancia se han desarrollados procesos arbitrarios entre ellos la suspensión de jueces y la selección de nuevos bajo componendas partidarias, obviando los criterios objetivos para el ingreso a la carrera judicial ,generando el mal llamado “ proceso de depuración del Poder Judicial”.

Grandes cuestionamientos para la Junta Nominadora

Dentro del conversatorio se hicieron presentes dos representantes suplentes de la actual Junta Nominadora, quienes expusieron ante la concurrencia la actualidad en el proceso de elección de magistrados y magistradas a CSJ, sin embargo fueron ampliamente cuestionados a la hora de defender el incumplimiento de acciones demandadas desde organizaciones de sociedad civil, específicamente de defensa de derechos humanos.

Rafael Canales y Cristian Izaguirre, quienes representan al Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y al Claustro de Profesores de las diferentes universidades del país respectivamente, reiteraron que su objetivo en esta elección de magistrados es “no dañar la imagen de los y las que participan y resaltar sus criterios profesionales”.

En ese sentido, el Secretario Ejecutivo de la CIDH instó a los miembros de la Junta a que hagan prevalecer el derecho de lo público, para que los distintos sectores sociales se incluyan y participen en el proceso.

Otro punto que se le cuestiona a quienes presiden la dicha Junta es la falta de transparencia en el proceso,  al no hacer de conocimiento público el resultado de las pruebas de confianza realizadas a los más de 200 candidatos a magistrados y magistradas y la rúbrica que define los criterios de evaluación. En cuanto a ese aspecto  Izaguirre aseguró que la misma se encuentra disponible en las diferentes oficinas del Comisionado Nacional de Derechos Humanos ,(CONADEH), en todo el país.

Además agregó que también fue hecha pública el jueves anterior, en una  conferencia de prensa realizada en las oficinas de la Junta Nominadora, en Tegucigalpa.

Otro cuestionamiento realizado en el evento hacia esa instancia  es el hecho que en la etapa de las audiencias públicas que se desarrollarán este  09 de diciembre , en un auditorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ,(UNAH), no hay oportunidad de presentar preguntas para que sean evacuadas durante la presentación de los 97 aspirantes finales.

Los proponentes aceptaron que hubo una descoordinación a la hora de enviar una serie de correos electrónicos   a las diferentes organizaciones de sociedad civil para que enviaran las preguntas correspondientes. En este punto destaca el hecho de que cualquier ciudadano o ciudadana que desee que se formulen preguntas hacia quienes aspiran a un cupo en el Poder Judicial, tiene  que llevarlas hacia la sede de la Junta, que la mayoría de la población desconoce su ubicación.

Medidas Cautelares y sentencias internacionales sin cumplir

La presencia del Secretario Ejecutivo de la CIDH  es para  observar el proceso de elección de magistrados, el cual culmina en enero del próximo año. Él se mostró preocupado porque el Estado no atiende el llamado al cumplimiento de medidas cautelares otorgadas por este ente y las sentencias que emanan desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ,(Corte IDH).

“Sería un factor positivo de rendición de cuentas a nivel internacional atender el curso de esta sentencia a favor de los jueces y la magistrada”, dijo en referencia a la sentencia emitida por la Corte IDH, el 05 de octubre de este año, a favor de los Jueces Guillermo López  Lone, Ramón Enrique Barrios, Luís Alonso Chevez de la Rocha y la Magistrada Tirza Flores Lanza, todos despedidos por su oposición al golpe de Estado de 2009.

Preocupó a la Comisión, cuestionó Alvarez Icaza, el hecho de que el Estado hondureño en las últimas dos audiencias no estuviese presente,  “una muestra contraria a los principios de cooperación”.

Recalcó el hecho de que este “es el momento de cumplir la medidas que dispone la Comisión” y así no se genera un proceso de afectación en la sociedad hondureña, que se encuentra en un a construcción del tejido social tan necesario y con ello que genere avances en materia de acceso a la justicia.

En el caso de la negativa de parte del Estado de hacer cumplir la medida cautelar al periodista Julio Ernesto Alvarado, emitida en noviembre de 2014 por la CIDH, El Secretario Ejecutivo afirmó que “ no puede haber una condición de restricción o sacar a periodistas del aire”.

“La Comisión, por medio de la Relatoría de Libertad de expresión  le preocupa mucho la situación en el país del ejercicio de este derecho, junto con México  es uno de los países con más riesgo para ejercerlo”

Pen Honduras demandó al Estado de Honduras dejar la Ley de la Selva y aplicarla medida cautelar a favor de Juliom Erenesto Alvarado, emitida hace más de un año por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y que demanda del Estado de Honduras la suspensión temporal de la sentencia contra el comunicador social que lo deja fuera del periodismo por un año y cuatro meses. El comunicado fue difundido este 08 de noviembre a través de redes sociales, en la capital hondureña por la organización que promueve la libertad de expresión en el país.