Contexto
Amenazas a la Libertad de Expresión (460)
Amenazas a la Libertad de Expresión
Quiénes amenazan a las personas que en el ejercicio de la libertad de expresión e información encuentran obstáculos desde el propio Estado. En esta sección se publican con consentimiento de afectado o afectada este tipo de actos.
El canal de televisión UNE-TV nuevamente fue víctima de ataques contra periodistas y camarógrafos, este 15 de septiembre en la marcha de protesta de los sectores de oposición al Gobierno. La policía les lanzó bombas lacrimógenas y disparos de bala de goma directamente contra sus cuerpos y equipo, cuando cubrían la represión hacia manifestantes por parte de los agentes, en el centro de la capital.
Aunque uno de los autores del hostigamiento a través de Facebook ya está identificado y la denuncia la interpuso ante el Ministerio Público y en el Mecanismo de Protección, la periodista Gilda Silvestrucci, Directora del programa radial "En la Plaza", responsabilizó en su perfil de Facebook al gobierno de Juan Orlando Hernández de cualquier cosa que le pase.
Una nueva brutalidad se registró por parte de la policía en contra del periodista Inmer Gerardo Chévez, de Radio Progreso, quien el pasado viernes 07 de septiembre de 2018 cuando daba cobertura a una manifestación estudiantil, fue atacado por dos policías, quienes le rociaron gas pimienta en su cara, el químico era tan potente que lo dejó inconsciente y derritió sus lentes, si no los hubiere andado ahora estaría ciego.
Una peculiar Audiencia Inicial sin el imputado ni el Ministerio Público, se llevó a cabo en los Juzgados de lo Penal. Se trata del caso del hombre que meses atrás intentó apuñalar al periodista César Silva cuando éste transmitía en vivo desde las cercanías de un hospital.
Con el control mediático que ejerce el presidente del Congreso Nacional,(CN), Mauricio Oliva y el Gobierno de Juan Orlando Hernández en las radios y canales de televisión de Choluteca, han puesto una barrera impenetrable que evita al periodista Jairo López la transmisión de su programa El Informador, según denunció a pasosdeanimalgrande.com.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos OACNUDH) en Honduras, mostró hoy a través de un comunicado, su preocupación sobre las amenazas que recibe constantemente la prensa en Honduras.
El caso más reciente, son las amenazas a muerte recibidas por la periodista Sandra Maribel Sánchez de Radio Progreso, a través de una llamada teléfónica a su celular, luego de abordar la temática de una posible privatización del sistema de salud, después de que el Gobierno nombrara una Comisión Interventora para los hospitales del país.
La OACNUDH dejó clara su posición en cuanto a que “cualquier ataque, amenaza o desprecio a la libertad de expresión, incluyendo la intimidación, el hostigamiento, la censura y el intento de infundir miedo a quienes ejercen la labor periodística, atenta contra los principios de un estado democrático de derecho, donde el respeto a los derechos humanos es fundamental”.
El Consejo para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo varias recomendaciones a través del Exámen Periódico Universal (EPU), para el Estado de Honduras, en cuanto a la libertad de prensa, periodistas y comunicadores sociales sobre las siguientes cuatro áreas:
a) Investigación de las violaciones de derechos humanos cometidas contra periodistas y comunicadores sociales y lucha contra la impunidad de estos casos;
b) Mejora del contexto y de las condiciones de seguridad;
c) Promoción de la libertad de opinión y expresión; e
d) Implementación y fortalecimiento del sistema de protección en el marco de la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (conocida como Ley de Defensoras y Defensores).
A la fecha, apenas un 10 por ciento de los casos de muertes de periodistas han sido judicializados, un informe anual del 2017 del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH indica que “la muerte de personas ligadas a medios de comunicación, entre los que se encuentran periodistas, comunicadores sociales, camarógrafos, fotógrafos y propietarios, es una forma de extrema violencia. En el 2017, se registró la muerte de siete personas ligadas a medios de comunicación, en circunstancias violentas e impunes”.
El informe del CONADEH señala que la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del organismo de derechos humanos, registró en el 2017, unos 688 casos de personas y sus familias en situación de riesgo o desplazamiento interno y de ellos el 2.2por ciento son casos de periodistas y de comunicadores sociales.
A continuación, el comunicado emitido por la OACNUDH, en donde condena la amenaza en contra de Sánchez
“Preocupa a OACNUDH amenazas en contra de la prensa
Tegucigalpa 23 de agosto 2018.- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras manifiesta su profunda preocupación, por las amenazas en contra de la periodista de Radio Progreso y defensora de derechos humanos, Sandra Maribel Sánchez
La representante del Alto Comisionado, Sra. María Soledad Pazo recuerda “que cualquier ataque, amenaza o desprecio a la libertad de expresión, incluyendo la intimidación, el hostigamiento, la censura y el intento de infundir miedo a quienes ejercen la labor periodística, atenta contra los principios de un estado democrático de derecho, donde el respeto a los derechos humanos es fundamental”
De acuerdo al artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”
Tal como lo expreso Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH en su reciente visita a Honduras y en el marco de la entrevista concedida a Radio Progreso: “Evidentemente es necesario un ambiente de seguridad y libre de amenazas para ejercer la Libertad de Expresión, sino es así, se convierte en un elemento que puede ocultarse por parte de las autoridades o por los autores de la violencia, y en definitiva todos sabemos que genera restricciones a la Libertad de Expresión”
La OACNUDH expresa su solidaridad con la periodista Sandra Maribel Sanchez y exhorta a las autoridades a investigar prontamente este acto criminal y garantizar su seguridad.”
Una llamada de teléfono recibió la periodista Sandra Maribel Sánchez, conductora del programa “Más que dos” ,de Radio Progreso , para amenazarla a muerte vía teléfono, este martes 21 de agosto de 2018, cuando terminó su espacio a eso de las 3 p.m. donde abordó la situación del sistema de salud en el país y su posible privatización.
La Policía Preventiva se revela contra el propio Estado de Honduras y deja sin patrullajes al periodista Jairo López, parte de las medidas de protección que el Comité Técnico del Mecanismo de Protección estableció meses atrás pero que han sufrido un constante torpedeo a vista y paciencia de los altos jerarcas policiales que se hacen de la vista gorda ante este problema.
Autoridades educativas amenazaron este 20 de julio de 2018, con expulsar a la dirigencia estudiantil de varios colegios de la capital, que mantienen tomas de las instituciones educativas con un pliego de exigencias, entre ellas, un bono de transporte y mejoras físicas. Al clima de terror se suman activistas del Partido Nacional, que operan en uno de los colegios bajo la modalidad de microempresas del programa “Vida Mejor”, del gobernante Juan Orlando Hernández.
Radio Dignidad, de San Juan Pueblo, Atlántida opera bajo la amenaza de cierre y su personal pasa por un clima de tensión al recibir constantes amenazas de grupos de poder, entre ellos, políticos y empresarios, además de personas vinculadas a la empresa Hidroeléctrica Central El Progreso (HIDROCEP), denunciaron este 20 de agosto de 2018.
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El Periodista Ely Vallejo, corresponsal del Canal 36 Cholusat Sur, fue agredido y golpeado a toletazos el 16 de agosto de 2018, en San Pedro Sula, Norte de Honduras, por un grupo de efectivos de la policía cuando daba cobertura a una manifestación de estudiantes de secundaria que protestaban en la calle por el alto incremento al transporte público.
En su visita “in loco” antes de su partida del país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ,(CIDH), en su recomendación quinta de 25, que emitió para el Estado de Honduras por violaciones de derechos humanos, señala: “Revisar la legislación nacional eliminando figuras penales o legales que puedan restringir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la labor de periodistas”.
En conferencia de prensa el 03 de agosto de 2018 a los medios de comunicación y demás sectores de la sociedad civil, Gobierno, organizaciones de derechos humanos, pueblos indígenas, discapacitados, mujeres y familiares de privados de libertad, entre otros, la CIDH dio a conocer varios hallazgos y sobre libertad de expresión y el ejercicio periodístico detalla lo siguiente en su informe preliminar:
“En relación con el derecho a la libertad de expresión, la Comisión observó un panorama de extrema complejidad en Honduras. La persistencia de elevados niveles de violencia contra periodistas y la impunidad de la mayor parte de los crímenes continúa siendo un grave problema. A este aspecto estructural hay que sumar la decisión del Poder Legislativo de aparentemente mantener los delitos de injurias, calumnias y otras figuras que afectan a la libertad de expresión en la reciente reforma integral del Código Penal y la presentación de un proyecto para regular las redes sociales”.
Pasos de Animal Grande.com revisó las figuras legales a que hace alución la CIDH y encontró varios artículos en el recién aprobado Código Penal, que atentan contra la libertad de expresión y ponen en peligo el ejercicio periodístico en el país, entre ellos los artículos 161, 164, 165, 215, 335B, reciéntemente derogado y el 415.
Hablar de injurias en el país es algo muy delicado porque un periodista podría parar en la cárcel si “ofende” la labor que no hace el funcionario que ostenta un cargo público y eso puede ser catalogado como una “injuria”, delito que es castigado con 15,000 a 30,000 lempiras y con penas de 2 a 3 años de cárcel.
“Artículo 161. Quien publicaré o reprodujere, por cualquier medio, injurias o calumnias inferidas por otro, será penado como autor de las injurias o calumnias de que se trate.
Artículo 164. Los dueños, gerentes o directores de medios de publicidad están obligados a exhibir la firma que cubra el escrito original, o la cinta magnetofónica o película que contengan las grabaciones o imágenes, en cuyas publicaciones se hubiere calumniado, injuriado o difamado; y no haciéndolo, serán ellos responsables del delito de que se trate.
Artículo 165. Si el ofendido lo solicita, los directores y en su defecto, dueños o gerentes de los medios de comunicación en que se haya hecho publica calumnia, injuria o difamación, insertarán en ellos la retractación, explicación satisfactoria o sentencia condenatoria, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de su recepción o del termino que el Tribunal haya señalado.
Otro de los artículos, el 215 del Código Penal hace referencia a no revelar un secreto que dañe a otros, hecho que será igualmente sancionado con 6 a 8 años de cárcel.
“Artículo 215. Quien revela sin justa causa, o emplea en provecho propio o ajeno un secreto del que se ha enterado por razón de su oficio, empleo, profesión o arte, y con ello ocasiona perjuicio a alguien, será sancionado con reclusión de tres (3) a seis (6) años.”
Otro de los artículos polémicos y que a través de los sectores de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos y de las organizaciones gremiales de los periodistas se logró derogar, es el artículo 235-B del Código Penal el cual castigaría la apología e incitación de actos de terrorismo.
“Artículo 335-B. Apología e Incitación de Actos de Terrorismo. Quien públicamente o a través de medios de comunicación o difusión destinados al público hiciere apología, enaltecimiento o justificación del delito de terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución o, incitare a otro u otros a cometer terrorismo o financiamiento de éste, debe ser sancionado con pena de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión.”
También otro de los artículos constitutivos de delitos se ve reflejado en el artículo 415 del Código Penal sobre las faltas relativas a la emisión del pensamiento, en su inciso 2, relativo a la desobediencia de las leyes o de las autoridades, sin embargo cuando las mismas atenten contra la población, la acción del periodista es a favor del pueblo.
“Artículo 415. Incurrirá en prisión de sesenta (60) a noventa (90) días y multa de ochocientos (L.800.00) a mil (L.1, 000.00) lempiras quien:
2) Sin cometer delito incite en forma pública a la desobediencia de las leyes o de las autoridades constituidas, haga la apología de acciones u omisiones constitutivas de delito u ofenda la moral, las buenas costumbres o la decencia pública”.
Redes sociales
La CIDH hizo referencia a la intención del Poder Legislativo de aprobar la Ley de Estrategia de Ciberseguridad Nacional de Prevención de Campañas de Odio y Discriminación en Redes Sociales, cuyo principal objetivo es regular las opiniones que emite la prensa sobre los acontecimientos noticiosos que se producen a diario en el país.
La ley actualmente se encuentra en su segundo debate, pero ya está lista para pasar a tercer debate, sin embargo, la CIDH ha pedido se elimine de la discusión si la misma atenta contra la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos presentaron ante el Ministerio Público,(MP), una denuncia contra los policías que en una represión contra estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), procedieron a golpear, gasear con gas lacrimógeno y a quitarle su celular a una estudiante de periodismo que realiza su práctica profesional.
Coraje le dio a César Silva, periodista de UNE TV, al enterarse de la acción del Ministerio Público (MP), de emitir requerimientos fiscales a policías y militares por violaciones a los derechos humanos en casos donde salieron afectados varios periodistas, después del proceso post electoral en Honduras, aprovechando la visita en el país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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