La Central de Cooperativas Cafetaleras de Honduras, informó mediante un comunicado público este 05 agosto, que el programa “Sin Café no hay Mañana” que se ha transmitido por unos 10 años en Radio Globo, fue suspendido como un reflejo del avance de los pensamientos conservadores de la derecha por las denuncias de abusos de un régimen narco dictatorial que han realizado durante los 10 años.
La debilidad estructural de los sistemas públicos de salud y, muchas veces, la falta de estabilidad política e institucional. Afectan a las personas con COVID-19 quienes corren un especial riesgo de no ver asegurados sus derechos humanos, en particular a la vida y a la salud, mediante la adecuada disposición de instalaciones, bienes y servicios sanitarios o médicos, señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en un comunicado de prensa donde anuncia el establecimiento de directrices para proteger a las personas con Covid-19.
El tiempo de las excusas se le está agotando al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, para dar cuenta del paradero de cinco garífunas entre ellos el presidente del patronato de Triunfo de la Cruz, Sneider Centeno. Ante la presión que ha explotado como una bomba, la administración Hernández responde con diferentes escenarios confusos.
Las amenazas van en ascenso contra María Felícita López, Coordinadora de las Mujeres del Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz Honduras, MILPAH. En las últimas horas han pasado de las llamadas telefónicas para anunciarle su muerte hasta la presencia de encapuchados armados de machetes en el camino donde ella y un familiar iban a pasar, según la alerta de MILPAH, el Comité Local de Acompañamiento de Derechos Humanos, CLAHD y el Comité Municipal de las Mujeres de MILPAH difundida este 24 de julio de 2020.
La Coalición Contra la Impunidad (CCI), que está conformada por más de 25 Organizaciones No Gubernamentales y de sociedad civil, se prepara para evidenciar la ituación real de los derechos humanos en Honduras en la evaluación del Examen Periódico Universal, (EPU), que se realizará en noviembre próximo.
La presión contra la comunidad garífunas y otras personas que luchan por la defensa de los territorios, así como la impunidad en que se desenvuelven quienes generan la violencia, solo son la punta del iceberg en Honduras. Pasosdeanimalgrande Noticias le delinea algunos rasgos de este ambiente hostil contra defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y movimientos sociales.
Las cifras del gobierno sobre el covid19 en la mosquitia no se ajustan a la realidad, y eso coloca en más vulnerabilidad a una población étnica que por décadas ha estado en el completo abandono, señalaron sectores entrevistados por este medio de comunicación.
Lo que está sucediendo en la cárcel de Támara es la incapacidad de los militares a quienes se les entregó el Instituto Nacional Penitenciario, INP, lo que ha provocado más tensión en los privados de libertad por la falta de respeto a sus derechos humanos, sumado a ello están las personas que se han enfermado por Covid19 que son más de tres mil, pero las autoridades solo aceptan unos 800 afectados y seis decesos, cuando nosotros hemos contabilizado una veintena, denunció el Coordinador de la Asociación Ecuménica para los Derechos Humanos, AEDH, Carlos Del Cid.
Este 21 de julio de 2020 el abogado Heriberto Efraín Ramírez Cisneros presentó una Acción Constitucional de Hábeas Córpues ante el Juzgado de Letras Sección de Tela Atlántida, donde solicita que se nombre de inmediato un juez ejecutor para que termine la violación de los derechos humanos de los afectados.
Infructuosos han sido los esfuerzos para encontrar con vida a cinco garífunas de la comunidad de Triunfo de la Cruz, uno de ellos fue la pieza fundamental para llevar al Estado de Honduras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para lograr respeto al territorio ancestral de la étnia que está siendo despojado. La búsqueda no ha tenido éxito a pesar que instancias internacionales han demandado respeto a la vida, pero el supuesto involucramiento de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, (DLCN), pareciera que es la piedra de tropiezo para que no aparezcan. Estas dos policías son señaladas como responsables de sacar por la fuerza de sus casas a Milton Joel Martínez Álvarez ; Suami Aparicio Mejía García; Albert Snaider Santana Thomas, Junior Rafael Juárez Mejía, un quinto con el sobrenombre Mamba.
En el Recurso interpuesto se solicita al tribunal que se nombre juez ejecutor sin dilaciones y que en caso de que la autoridad negare su involucramiento en el caso, que el tribunal ordene todas las medidas para ubicar el paradero de los desaparecidos.
Este es el contenido del Hábeas Córpus presentado:
Hay una conformación de directrices unilaterales entre el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que afectan la independencia de magistrados, jueces y abogados a criterio de organizaciones que trabajan este tema, las que fueron consultadas por pasosdeanimalgrande.com este 20 de julio de 2020.
“No hay una política de Estado para darle una respuesta a la sociedad y familia de los periodistas, hemos tenido conocimiento de varios casos que incluso el colegio los ha presentado en el mecanismo, por amenazas, intimidación y otros que tienen medidas de protección”, denunció el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, CPH.
La Secretaría de Trabajo dio luz verde a las empresas para que amplíen el plazo de las suspensiones de los trabajadores hasta que termine la emergencia, lo que deja en completa desprotección a los empleados. La resolución la dio a conocer el ente estatal a través de un comunicado de prensa este 16 de julio de 2020, justamente cuando se vencía el plazo de cuatro meses de suspensiones.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) condena la muerte violenta del defensor de derechos humanos Marvin Damián Castro Molina, miembro de la Coordinación del Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASSVIDA), coordinador de la Red Juvenil Pespirense y representante de esa red ante el Movimiento Juvenil del Sur (MJS), este 14 de julio de 2020 e hizo un llamado a las autoridades a realizar una investigación independiente, pronta e imparcial que permita el esclarecimiento de los hechos y la efectiva sanción de las personas responsable.
Unas dos semanas han pasado desde que fue presentado un Recurso de Inconstitucionalidad al nuevo Código Penal ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por el Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, pero el Poder Judicial se fue de vacaciones del 01 al 20 de julio, lo que podría ser una buena excusa para no resolver sobre una legislación que violenta estándares internacionales de derechos humanos.