El pasado 08 de septiembre cuatro defensores de derechos humanos fueron atacados por los cuerpos represivos del Estado cuando trataban de rescatar a estudiantes de la universidad nacional que habían quedado atrapados en un cerco de hombres armados, tanto policías como guardias de seguridad, quién sabe qué les hubiera pasado si la presencia de los defensores dos hombres y dos mujeres que expusieron sus vidas para proteger a los jóvenes.

Argumentando la protección por los ciberataques, el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, inició la instalación del Centro de Respuestas a Emergencias Informáticas, CERT, que tendrá como fin controlar  instituciones estratégicas como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENEE, El Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. CONATEL, la Secretaría de Defensa, entre otras, al mando de personal israelita, según trascendió en medios de prensa este 10 de octubre de 2017.

14 pobladores de la comunidad de Los Prados, Namasigue, Choluteca, en el Sur de Honduras, serían el conejillo de indias para desarticular la resistencia de  miles de personas que se oponen a la continuación de la empresa Energías Solares, S.A, que se asentó en esa comunidad alzándose con un contrato por 20 años y ganancias anuales de 15 millones de dólares, unos 353.4 millones de lempiras al cambio actual, sumando alrededor de 7 mil 68 millones de lempiras en 20 años prorrogables. Ellos enfrentan un juicio por su oposición al proyecto sin un cinco en sus bolsas, pero tendrán en su contra abogados que son pesos pesados para impulsar condenas.

Disminuyen los femicidios pero se disparan los actos violentos. En Honduras cada año se registran más de 20 mil casos de violencia doméstica, cada 17 horas una mujer es asesinada y cada día una mujer desaparece. La militarización de la sociedad y la impunidad en casi el 95 por ciento de los femicidios promueven la repetición de los crímenes y profundizan la violencia contra la mujer.