Un juez resolvió entregar el 23 de noviembre de 2021,  una carta de libertad provisional a los defensores de derechos humanos del Consejo Indígena Lenca de Reitoca, que fueron acusados por el Ministerio Público de Incendio Agravado y Atentado contra la Secretaría de Seguridad. El proceso puede retomarse en cualquier momento por el Ministerio Público, lo que es considerado por la defensa y las víctimas como un chantaje para obligarlos a abandonar la lucha por el Río Petacón.

Una audiencia a escondidas impulsada por el Ministerio Público para llevar a cabo una prueba anticipada con un supuesto testigo protegido, fue descubierta  este 10 de agosto de 2021 a las 9:00 a.m, por los abogados de defensores del Comité Indígena Lenca de Reitoca, que están acusados de quemar una posta policial, pero en el fondo es detenerlos en la defensa del  Río Petacón en la comunidad de Reitoca, donde la hidroeléctrica PROGELSA está empecinada en apropiárselo.

Acusados por el Ministerio Público de incendio agravado y atentado, cinco  defensores del Río Petacón, en el municipio de Reitoca, fueron dejados bajo estrictas medidas sustitutivas a la prisión preventiva, entre ellas que no deben volver a su pueblo, no salir del país, estar bajo la custodia de sus abogados y presentarse todos los lunes a reportarse al Juzgados de lo Penal de Francisco  Morazán, según lo señala el acta de notificación de medidas sustitutivas de la madrugada de este 06 de agosto de 2021.

Un exagerado despliegue militar que se mantiene hasta ahora,  y represión contra la población para propiciar reelección de un alcalde que apoya a hidroeléctrica Progelsa, denunciaron personas defensoras de derechos humanos del sector,  quienes temen un desenlace fatal por esta arbitrariedad.

La empresa en mención sin la consulta previa a la población se ha empecinado en apoderarse del  Río Petacón que es una fuente de agua para proveer de este líquido a toda la comunidad. Para lograr esta acción que conlleva el lucro , cuenta con agentes estatales como fiscales y policías que han promovido juicios ante los tribunales de justicia, una forma de criminalización para detener la resistencia a perder el río.