El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Zeid Ra’ad Al Hussein ha manifestado que en los próximos días darán a conocer el informe sobre represión del Ejército y la Policía contra los hondureños que claman justicia por el fraude electoral.

Los derechos de al menos 90 periodistas en alrededor de 20 países se violaron gravemente porque se atrevieron a cubrir o hablar de los derechos de la mujer o las cuestiones de género. Varios meses de investigación ha arrojado  que 11 de estos periodistas fueron asesinados, 12 fueron encarcelados, al menos 25 fueron atacados físicamente, y al menos otras 40 estuvieron o todavía están siendo amenazados en las redes sociales, según un informe de Reporteros sin Fronteras llamado "Investigaciones prohibidas sobre los derechos de las mujeres", publicado en ocasión del Día Internacional de la Mujer.

El Ministerio Público anunció en la mañana de este lunes, 05 de marzo, haber asegurado 58 bienes inmuebles que se encontraban en poder de personas vinculadas al crimen organizado. Y entre esas propiedades mencionó el aseguramiento de la empresa, Producción de Energía Solar y Demás Renovables (PRODERSA), donde figura como socio, Roberto David Castillo Mejía,  gerente de la compañía, Desarrollos Energéticos, S.A (DESA), señalada de haber mandado a asesinar a Berta Cáceres.

En octubre de 2007, trascendió que sectores interesados en desestabilizar el gobierno del ex Presidente, Manuel Zelaya, estaban grabando las conversaciones que mantenía el mandatario con sus ministros, pero a nadie le preocupó lo que estaba pasando en el país. Sin embargo, en julio del 2015, los hondureños se dieron cuenta que la denuncia hecha años atrás sí era real y que en la actualidad representa un peligro para la sociedad.

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) capturó este viernes 02 de marzo, a Roberto David Castillo Mejía, quien al momento de ser asesinada la dirigente indígena, Berta Cáceres, fungía como gerente de la Empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA). El Ministerio Público lo acusa de ser uno de los autores intelectuales de este crimen.