En 10 días de junio han asesinado impunemente a 18 mujeres lo que se traduce en dos femicidios por día y han violado o abusado a tantas otras, seguro muchas más de las que nos imaginamos pues generalmente los abusos sexuales transcurren en el más absoluto silencio. Ni la Fiscalía de la Mujer, ni la Secretaría de Seguridad, ni la Agencia de Investigación Criminal, ni el Instituto Nacional de la Mujer, han dicho o hecho nada al respecto, señala un manifiesto del movimiento de mujeres y feministas de Honduras alrededor de los femicidios, publicado este 28 de junio de 2017.
En un conversatorio denominado “Reducción de la edad de imputabilidad en Honduras”, desarrollado la semana pasada, varios organismos internacionales sostuvieron que encerrar a niños y niñas no es la solución para disminuir los niveles de violencia en la que está sumergido el país, en tanto que es necesario dejar de edificar cárceles para convertirlas en escuelas y con esto se generen las condiciones para que ellos gocen de los derechos más fundamentales.
“El Estado no quiere cumplir con el reintegro y nosotros no vamos a agarrar dinero, ellos lo que quieren es darnos una indemnización extra, ya la CorteIDH dijo que no era así, sino que ellos tienen que reintegrarnos”, explicó la ex magistrada Tirza Flores Lanza.
Debido a que las mujeres negras poseen pocos recursos económicos son limitadas en sus derechos políticos, aunque son vistas para ser electas, pocas veces tienen oportunidades para participar activamente en puestos de decisión dentro de los institutos políticos y menos para optar a cargos de elección popular, manifestó Marlen Lino, candidata a diputada por el partido Libertad y Refundación (LIBRE).
Con el proyecto hidroeléctrico Cuyamel II en el municipio de San Francisco, departamento de Atlántida, la empresa Compañía de Energía de San Francisco S.A, CONERSA, se violentan los derechos humanos de al menos siete mil habitantes que además de luchar por proteger su medio ambiente deben soportar los abusos del Cuarto Batallón de Infantería que pone en grave riesgo el derecho al agua , según un informe publicado recientemente en Honduras.