El crimen como un recurso de la élite de poder para lograr sus despojos, se demuestra con el caso de Berta Cáceres, la que fue asesinada el tres de marzo del presente año, sin que los autores intelectuales del delito se les haya formulado cargo alguno. La combinación de ejecutivos de la empresa DESA -propiedad del clan Faraj Atala- asociados con militares, entre ellos un mayor del ejército, instructor de la tenebrosa Policial Militar; es un indicador de la complicidad del estado con los asesinos, señalaron Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH y la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras, PMSPH, en un comunicado emitido.

Por ser violatorio al derecho constitucional de la libre circulación a la que tiene derecho la población hondureña, la Coalición Contra la Impunidad y la Mesa de Indignación de El Progreso, Yoro, presentaron esta semana ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de inconstitucionalidad contra la imposición del cobro de peaje por el uso de las principales carreteras.

El presidente Juan Orlando Hernández, no escuchó las peticiones de Amnistía Internacional , AI, que le solicitó le recibiera en Casa Presidencial para hablar del tema de los derechos humanos en Honduras el cual la organización considera  con un deterioro escalofriante, según trascendió de una fuente consultada por pasosdeanimalgrande.com, este 16 de octubre de 2016.

A medida que la violencia se ha ido intensificando y que la pobreza y la desigualdad siguen prevaleciendo, los gobiernos centroamericanos de Honduras, Guatemala y El Salvador, conocidos también como el Triángulo Norte, están fallando doblemente a la hora de proteger a su ciudadanía: las condiciones socioeconómicas siguen siendo malas y el entorno, cada vez más violento, impregna todos los rincones de cada país –lo que obliga a una cifra récord de personas a huir–, pero los gobiernos están fracasando en brindar protección a quienes son deportados de vuelta al mismo clima de peligro del que huyeron.