Para la red de organizaciones hondureñas denominada Coalición contra la Impunidad las presiones, la intimidación o cualquier tipo de coacción que se ejerza con la finalidad de lograr adeptos o comprar voluntades y votos en el Congreso Nacional para la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia, CSJ, debe ser denunciada, y de producirse cualquiera de estos actos se debe declarar la nulidad de este proceso de elección de los magistrados. Mientras para el Observatorio Internacional sobre dicha elección les causa asombro que en la lista de nominados estén dos magistrados y una magistrada involucrados en el despido arbitrario de tres jueces y una magistrada en el 2009 por oponerse al golpe de Estado.

Carlos Hernández, presidente Ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ)  y representante de Transparencia Internacional (TI) en Honduras, pidió al gobierno divulgar el convenio que firmará con la Organización de Estados Americanos (OEA), relacionado con la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras”(MACCIH), mientras diferentes sectores, entre ellos la oposición indignada, sigue demandando la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIH.

La alcaldesa de La Paz Gilma Ondina Castillo,  en la zona central de Honduras, no ha parado la represión contra trabajadores y trabajadoras del sindicato municipal de esa localidad, el anuncio de más despedidos y otras acciones represivas, obligó a los afectados a tomarse de forma indefinida la alcaldía de ese sector con el apoyo de la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras, FUTH,  que llegó hasta la zona este  lunes 11 de enero de 2016.

Un día después de trascender el espionaje en contra de la Junta Nominadora, el asesor presidencial Marvin Ponce reveló que los actuales magistrados Jacobo Càlix y German García, podrían lograr la reelección en el Congreso Nacional.

La tarde-noche de este día  05 de enero de 2016, los tribunales de Trujillo, Colón, dictaron Auto de Formal Procesamiento contra militares que mataron a dos garífunas el pasado 27 de diciembre de 2015, sin embargo la Organización Negra de Honduras, OFRANEH,  rechazó la militarización en sus comunidades y condenó el hecho que el presidente Juan Orlando Hernández y la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas hayan avalada el crimen colocando como héroes a los responsables de la masacre.