Un caso que ha merecido la atención internacional es la querellada impulsada contra Gladys Lanza quien es Coordinadora Nacional del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla.
El juicio contra ella se inició desde el año 2010 por un hombre que fue acusado de acoso sexual por una mujer que llegó a Visitación Padilla a pedir ayuda y se la dieron.
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La utilización de la protesta social como una herramienta de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia ha sido una costumbre de esta organización desde hace muchos años.
El Estado hace oídos sordos a las demandas sociales, y la protesta es usada también por otras organizaciones para reclamo de los derechos humanos en sus distintas generaciones.
La represión contra este derecho que es parte de la libertad de expresión ha dejado muchas consecuencias, y cuando se trata del ejercicio del mismo por las mujeres esto causa mucha alergia en un sistema patriarcal que somete a las mujeres en el país.
Así es que desde el Estado mismo se promueve la violación a los derechos humanos de las mujeres. El verles gritando en las calles que están en constante indefensión y que no se les protege ni se castiga a sus agresores deja en evidencia que no hay avances para iniciar el respeto de sus derechos.
Al contrario, en el año 2013 se aprobó una Ley que estaba orientada prohibir la denuncia pública por casos de violencia contra las mujeres, éstas, las organizaciones que las acompañasen y los medios de comunicación que divulgaran los nombres de los agresores serían sancionados con multas millonarias. Esta Ley fue reformada.
Igualmente se aprobó otra Ley en el año 2009 que prohíbe el uso y distribución de la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia,PAE. Las mujeres que lo hagan serán sancionadas penalmente, igual quienes distribuyan o vendan la pastilla.
Son graves retrocesos en los avances de los derechos de las mujeres, y ahora con el inicio de querellas por difamación en el caso de Lanza abre la puerta a otras acciones de hombres agresores que encuentran eco en las instituciones estatales, contrario cuando lo hace una mujer que denuncia violencia, lo que encuentra es obstáculos como tráfico de influencias, denegación de justicia y discriminación por el hecho de ser mujer.
El 28 de enero de 2015, un Tribunal de Sentencia dictó una resolución condenando el uso de la protesta social para defender derechos de las mujeres y hasta el momento de este artículo Gladys Lanza espera la individualización de las penas que podrían suspenderla de su cargo como coordinadora de Visitación Padilla; dos años de prisión, pago de las costas del juicio y además que este tribunal autorice el inicio de un juicio civil por daños y perjuicios.
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“Es crucial que cuando el sistema judicial esté viendo un caso como el de Gladys Lanza, se tome en cuenta si la acusación y los cargos presentados contra una persona se encuentran relacionados al ejercicio de su labor como defensora de los derechos humanos, y en consecuencia se busca criminalizar su legítima actividad. Gladys Lanza es una reconocida activista que actúa para la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas”, señaló Amnistía Inter5nacional.
Agregó en un comunicado que “En lugar de sancionar a esta prominente defensora, las autoridades hondureñas deberían redoblar sus esfuerzos para abordar la crítica situación que enfrentan los defensores y las defensoras de derechos humanos en el país, y pronto establecer un mecanismo para su efectiva protección. Nadie debería ser perseguido o sancionado por ejercer el derecho a defender los derechos humanos y Gladys Lanza no puede ser la excepción”.
Pero a pesar de las acciones contra Gladys Lanza hay que recatar un elemento muy importante y es el hecho de que el movimiento de mujeres de Honduras se ha unido alrededor del caso por solidaridad y para evitar que en el futuro otras acciones se emprendan con las organizaciones que defienden derechos de las mujeres.
Vea video sobre el caso
