“Escuchamos y recibimos este pronunciamiento con el respeto debido a la libertad de expresión del pensamiento y se dio respuestas orales, por nuestro personal, ante el abuso de ese derecho, al desinformar y propagar información falsa, por esa vía, sobre nuestras actuaciones. Apreciamos la solidaridad positiva que nos ha sido expresada por emblemáticas organizaciones no gubernamentales de defensoras y defensores de derechos humanos”, señaló este 21 de agosto de 2020, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADEH, en respuesta a un pronunciamiento que la Mesa de Derechos Humanos entregó en esta semana donde le señalaba falta de debida diligencia.

Tres mujeres jóvenes y un muchacho, fueron detenidos por participar en una protesta de “Dónde está el dinero”,actividad que tenían varios ciudadanos y ciudadanas en el municipio de Santa Ana, Francisco Morazán. Les capturaron  a eso de las nueve de la noche del 18 de agosto de 2020, en la patrulla PN-519.

Las profundización de la crisis de derechos humanos, el latrocinio de los recursos públicos, una justicia selectiva para favorecer a los grupos de poder y desprotegee a las víctimas,  y la falta de institucionalidad para contrarrestar esta situación, son algunos de los puntos que la Mesa de Derechos Humanos denunció en conferencia de prensa y entregó un pronunciamiento público ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADEH, donde le señala que ha jugado un pobre papel en el contexto del covid19, este 19 de agosto de 2020.

Un Recurso de Reposición fue presentado  este lunes 17 de agosto de 2020,  contra la resolución de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán, que ratificó la prisión para ocho defensores de Guapinol que están presos y echó al cesto de la basura el sobreseimiento definitivo contra otras seis personas defensoras del ambiente, entre las que están integrantes del Comité por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón. 

La Juez Lisseth Vallecillo Banegas , resolvió favorablemente este 17 de agosto de 2020, un escrito presentado por los abogados Juan Sánchez Cantillano y Ritza Antúnez, defensores de Roberto David Castillo, para reprogramar la audiencia preliminar una vez más, lo que fue visto como una dilación al proceso penal por el crimen de Berta Cáceres.