La Red de Abogados y Abogadas de Derechos Humanos denunció este 23 de noviembre de 2018, del ataque violento contra Ely Portillo, integrante de esta organización que defiende derechos fundamentales en el Sur del país, cuando dos desconocidos intentaron asesinarle en las afueras de su casa  el jueves 22 de este mismo mes. El profesional del derecho ha sufrido otros dos acciones que atentan contra su humanidad, un sabotaje a su vehículo y el lanzamiento de bombas lacrimógenas por la policía y el ejército, todo esto en menos de cuatro meses.

Caótica la situación que se vivió Choluteca este 21 de noviembre de 2018, en medio de llamas, disparos, heridos, gas lacrimógeno y cortes de energía eléctrica provocados por la represión impuesta por aparatos de seguridad del Estado a pobladores que se manifestaban en las cercanías del lugar donde está reunido el pleno de diputados, en el marco de la realización del llamado Congreso móvil que la directiva del Poder Legislativo programó para realizarlo en aquella ciudad del sur del país.

Melissa Hernández periodista de aquella localidad informó a pasosdeanimalgrande.com que la situación es desesperante dado que en medio del caos provocado por la represión policial las autoridades decidieron cerrar todos los accesos a la ciudad de Choluteca nadie puede entrar ni salir de la ciudad, han cortado la energía eléctrica en los barrios bravos, denominación local para las zonas que más intensifican los actos de protesta

Se reportan hasta los momentos en la zona 6 personas civiles heridas, uno de ellos es un niño de 12 años a quien se informó fue impactado de bala por un miembro de la policía, el menor se encuentra en estado grave, todos tuvieron que ser trasladados hacia la cercana ciudad de San Lorenzo, dado que según se supo, el Hospital de Choluteca no cuenta con insumos para atender estos casos de gravedad.

La periodista Elizabeth Zúniga resultó herida cuando una patrulla que se conducía a toda velocidad y en contravía envistió su vehículo. La comunicadora reprocha la actitud de los directivos del Congreso Nacional quienes en total conocimiento que la ciudad de Choluteca está convertida en un bastión de protestas desde las pasadas elecciones generales, llegan a hacer este tipo de actos que resultan repudiables para la población del sur, “en esta ciudad la gran mayoría de las personas están indignadas con todo lo que huela a gobierno definitivamente considero es un error que vengan a hacer el congreso en medio de tanta animadversión”,

Asimismo el Diputado suplente Darío Morán fue víctima de la represión policial mientras grababa imágenes con su celular.

Zúniga dijo que otra las situaciones que enardeció el ánimo de la gente es que en un acto de abuso de poder los diputados mandaron a cerrar los accesos a la ciudad impidiendo al paso de las personas comunes, del comercio y del turismo.

“El puente Sobre el Rio Choluteca está cerrado y esto provocó hoy un terrible congestionamiento vial e incomodidad en la ciudadanía. También ha molestado que hoy los delincuentes hicieron de las suyas porque todos los efectivos militares estaban destacados en la protección de este evento público, mientras tanto la ciudad sucumbía en manos de la delincuencia”, argumentó.

Considera esta acción legislativa como una afrenta

Melissa Hernández consideró “una afrenta” la instalación de dicho Congreso en ese lugar “porque a sabiendas que aquí la gente sale todos los miércoles y sábados a protestar, vienen a provocar este tipo de reacción en la población. Aquí la gente está indignada por el fraude electoral, los abusos de la EEH, el Hospital del Sur abandonado, entre otras cosas y tienen la osadía de presentarse haciendo este acto, es inaudito, recalcó.

A su vez la reportera indicó que estos actos de la policía no son extraños para la gente, “ya los conocemos y esto sucede cada vez que pierden el control de la situación, cometen una serie de ligerezas, por ejemplo cuando los altos mandos les llaman la atención por su incapacidad para controlar la situación, los agentes se molestan y empiezan a tirarle los carros a los manifestantes, los agreden físicamente, lanzan bala viva, hoy golpearon a una muchacha embarazada de siete meses de gestación.

Mauricio Oliva es el único responsable del caos

“Yo responsabilizo al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, por todos los daños y las vidas que se pierdan hoy, porque él sabe que no es profeta en su tierra y conoce de sobra la situación de Choluteca, él sabe que su gobernador es repudiado, los empleados puestos por el gobierno son también repudiados y salen de aquí a las 12 porque saben que la gente sale a las 2:00 pm a manifestarse y les tienen miedo. Sabiendo esto no sé porque viene a provocar a esta gente que está indignada por tanta miseria fomentada desde ese Congreso y vienen a restregarle a la población todo el gasto que representa este acto”, agregó.

Por si la encerrona en la ciudad fuera poco las autoridades tienen en este momento sin energía eléctrica a los barrios El Porvenir, Santa Lucia, San Jorge, San Juan Bosco, los Graneros, de estos sectores provienen las personas más persistentes en las protestas, al cortarles la energía detonaron el malestar en ellos, hay quema de llantas por todos lados, barricadas y la gente corría de un lado a otro.

El pastor Héctor Osorto denunció que la policía TIGRES y militares le lanzaron bombas lacrimógenas cuando iba en su carro y después le dispararon bala viva, cuando se acercaba para hablar a través de unos altoparlantes para ser escuchado por el presidente del Congreso Nacional, en las protestas de este 21 de noviembre de 2018, en Choluteca, al Sur de Honduras.

Las horas de retraso en el Mecanismo de Protección contaron para que la vida de Jonathan Rafael Escobar Cruz (32), integrante de la comunidad LGTBI en Honduras, se perdiera rápidamente a manos de cuatro hombres armados que llegaron por dos calles de la colonia Villa Adela, de Comayagüela, para matarlo de 20 balazos, frente a su casa, a las 9:00 p.m de este 08 de noviembre de 2018, según denunciaron sus familiares.

La empresa minera Inversiones Los Pinares se reunió este domingo 28 de octubre de 2018, con altos jefes policiales y militares, representantes del gobierno y de la alcaldía de Tocoa, Colón para afinar estrategias contra los defensores y defensoras de derechos humanos que se oponen a las operaciones de la compañía. El objetivo es que a sangre y fuego esta empresa no pare sus actividades, según denuncia difundida este 30 de octubre del corriente año.