Es la segunda organización que se retira del Consejo Nacional de Protección y aduce que tomaron la decisión en una asamblea del Colegio de Abogados de Honduras, CAH,  porque la Secretaría de Derechos Humanos, SEDH, les comunicó que el ejercicio de la profesión de abogados no está en la Ley de Protección, “el colegio no debe ser comparsa en una farsa …exigimos políticas claras y efectivas de seguridad”, señaló este gremio en comunicado público donde oficializa su salida.

La contradicción  que existe es que la Comisión Técnica de Invalidez, instancia contemplada en el Reglamento de la Ley del IHSS,  señala que  la certificación de la calificación de discapacidad por accidentes o enfermedades de trabajo debe emitirse en 90 días, pero el trámite dura unos ocho años,  debido a lo engorroso de las examinaciones por inspectores de trabajo, según lo denunció la Colectiva de Mujeres Hondureñas, CODEMUH, en un pronunciamiento difundido este 26 de julio de 2021.

Las primeras horas de la mañana de este 23 de julio de 2021,  se convirtieron en momentos de zozobra para el periodista y defensor de derechos Humanos, Cesario Padilla, cuando agentes de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI y Policía Nacional , casi botan la puerta de su casa con estruendosos toques, a eso de las 6 y 20 a.m.

La Plataforma Agraria denunció a través de un comunicado público que la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, pretendería sobornar con la facilitación de visas a quienes sirvan de testigos protegidos para acusar a los defensores de derechos humanos Jaime Adali Cabrera del Cid e Hipólito Rivas, de la Empresa Asociativa Campesina Gregorio Chávez, para que se les involucre en el crimen contra Santos Marcerlo Torres.

El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y las representaciones de 13 comunidades del sector San Pedro, barrios y colonias, entregaron este 29 de junio de 2021  a  MiAmbiente,  un Informe Técnico que evidencia la  contaminación que sufren a causa de la minera Inversiones Los Pinares/Ecotec,  en el Parque Nacional Carlos Escaleras, establecido en  un área protegida, así como en los ríos del sector.

El impacto negativo sobre los Ríos Guapinol y San Pedro se establece a partir de las operaciones de la minera que contamina el agua en el sector.

Las evidencias

En el informe presentan los elementos técnicos científicos que demuestran la destrucción del bosque, manto acuífero productor de agua de las Comunidades del Municipio.

También se incluye la apertura de una calle en el parque Carlos Escaleras, la cual se desarrolla de forma ilegal y sin licencias ambientales, a pesar de que existe un plan de manejo que es responsabilidad del Instituto de Conservación Forestal, ICF, que prohíbe la explotación Minera en el área protegida.

Exigieron las respectivas diligencias para la cancelación inmediata de las licencias ambientales otorgadas para las concesiones Mineras ASP, ASP2, ECOTEK y producción de energía eléctrica, que se aprobaron sin la consulta ciudadana ni el sustento de un informe técnico válido.

Tampoco se tomó en cuenta la Asamblea Municipal en la Cumbre del Agua, donde determinó decir  no a la Minería, así como el Cabildo Abierto Municipal declarando a Tocoa libre de minería, además de las prohibiciones establecidas en el plan de manejo, agregaron los defensores.

Finalmente hacen un llamado a las organizaciones Nacionales e internacionales de Derechos Humanos y la Comunidad Internacional a dar seguimiento a las exigencias del Comité Municipal de Tocoa y las comunidades afectadas.