Durante el tercer día de actividades del Encuentro las diferentes delegaciones nacionales e internacionales realizaron una caravana hacia el Rio Gualcarque , ubicado entre los departamentos de Santa Bárbara e Intibucá, lugar que representa la lucha librada contra la instalación de una represa hidroeléctrica, por la dirigente indígena Berta Cáceres, asesinada hace más de un mes.

Ambas organizaciones internacionales señalaron en el comunicado que cerca de la una de la tarde (hora local), al llegar los primeros buses a la comunidad de San Ramón, se encontraron con al menos 30 personas que portaban pancartas en rechazo de la visita de la caravana y con machetes en actitud violenta.

El Presidente de la FIDH Karim Lahidji, reclamó una investigación “inmediata, imparcial y exhaustiva sobre dichos actos violentos y las amenazas realizadas por los agresores”.

Los agresores han sido identificados por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, (COPINH), como empleados de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA) que se encarga de la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca. Dichos empleados profirieron amenazas de muerte contra dos de los Dirigentes del COPINH Tomás Gómez Membreño y Sotero Chavarría, amplió el comunicado.

“Ya matamos a la mosca, ahora solo queda la plebe”, fue uno de los gritos que los violentos pobladores emitieron contra la dirigencia del COPINH, en referencia al asesinato de Cáceres, sostiene el registro en poder de la FIDH y la OMCT.

Luego de realizar un acto simbólico en honor a Berta Cáceres, la delegación en lo que retornaba a sus buses fue atacada, cerca de las cinco de la tarde por la turba de pobladores con piedras y machetes, quienes además se mostraban en estado de ebriedad, denunciaron ambas organizaciones.

Numerosa presencia policial y militar ¿Para qué?

Durante el recorrido de la caravana el viernes anterior, específicamente en el desvío conocido como “Pito Solo”, que conduce hacia diferentes municipios del departamento de Santa Bárbara, en la carretera hacia el norte y occidente del país, existió una fuerte presencia militar en distintos puntos de la zona, específicamente en el trayecto que conduce hacia el Rio Gualcarque.

En la misma línea, la delegación del Observatorio Mundial contra la Tortura, contabilizó que al inicio del recorrido, a partir del desvió de Pito Solo, la presencia de cinco radio patrullas así como dos vehículos particulares que transportaban a diez efectivos militares. De igual forma en el municipio de San Francisco de Ojuera, cuyo alcalde Raúl Pineda criminalizó la lucha de Berta Cáceres, se instalaron grupos de cinco policías en diferentes puntos hasta llegar al Rio.

“Esta presencia de fuerzas de seguridad fue percibida como intimidatoria por los integrantes de la caravana, especialmente por el hecho de que al menos uno de los grupos policiales estaba tomando imágenes de los coches y autobuses y porque la mayoría de las unidades aparentaban estar preparadas para intervenir y sujetaban armas y/o escudos”, apuntó el escrito de ambas organizaciones internacionales.

Sin embargo, a pesar de este fuerte contingente policial y militar, los actos violentos que ocasionaron lesiones a la caravana no fueron evitados, a pesar de que, tanto miembros del COPINH como los defensores y defensoras registraron y advirtieron estos hechos a raíz de la llegada de la caravana.

Sobre este punto, el titular de la FIDH, instó a las autoridades hondureñas investigar el por qué de este desproporcionado dispositivo policial, de modo que puedan establecerse las sanciones que pudiera corresponder por la inadecuada actuación de las fuerzas de seguridad.

Asimismo el Director de la oficina de la OMCT en Bruselas, Miguel Martín Zumalacárregui sostuvo que la actuación de la fuerza pública“parece a todas luces inadecuada y contraria a los estándares internacionales que obligan a garantizar el derecho a manifestarse pacíficamente”.

El contexto de la agresión ocurre cuando integrantes del COPINH y los familiares de Bertha Cáceres cuentan con Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión interamericana de Derechos Humanos ,(CIDH), mismas que no han sido implementadas adecuadamente por el Estado hondureño y a más de un mes del asesinato de la lideresa indígena lenca, no existen resultados en torno a la investigación  que dé con los responsables materiales e intelectuales de este crimen.

Vea comunicado íntegro de la IIDH-OMCT Aquí