Congresistas de los Estados Unidos introdujeron la “Ley Berta Cáceres para los Derechos Humanos,” en junio pasado, con el objetivo de que cese la ayuda militar y policial a Honduras, decisión que también debe abarcar que los organismos multilaterales que lo hacen con el aval de EUA, no puedan otorgar préstamos relacionados con este financiamiento mientras esta disposición esté en vigencia o haya cesado porque el gobierno hondureño ha castigado a los responsables materiales e intelectuales del crimen contra Berta Cáceres, asesinada el 03 de marzo de 2016 y centenares de asesinatos y otros abusos cometidos por la policía y el ejército en Honduras.
Los congresistas estadounidenses tras una serie de argumentaciones documentadas del por qué se debe suspender la ayuda a la policía y al ejército de Honduras, señalan en cuanto al crimen contra Cáceres que existen “serias dudas en cuanto al papel de los militares hondureños en su asesinato, incluyendo la cadena de mando dentro de las fuerzas armadas, así como la identidad de los verdaderos autores intelectuales del asesinato.”
Aunque Ebal Díaz, asesor del presidente Juan Orlando Hernández señaló que hay un juego político en la presentación de la iniciativa de los parlamentarios de USA y que “nosotros seguimos creyendo que los militares deben participar en la seguridad del país,” el mandatario Hernández se vio obligado a viajar al país del norte para tratar de convencer que está haciendo grande logros en materia de derechos humanos para que no le quieten los fondos.
Esta importante iniciativa de Ley de los congresistas deja de manifiesto que la campaña mediática interna del presidente Hernández en cuanto la situación de los derechos humanos en Honduras y el castigo a los culpables de crímenes contra defensores y defensoras de derechos humanos, ha fracasado fuera del país, porque Honduras está siendo vista tal como es, un país donde no se aplica el peso de la Ley cuando se trata de militares y policías a quienes les benefician con sobreseimientos.
La situación en materia de derechos humanos en Honduras es cada vez más peligrosa para quienes defienden estos derechos fundamentales, el informe de la Comisión Interamericana de derechos humanos, CIDH, así lo revela después de que este organismo visitó el país el año pasado.
Es muy importante señalar que este clima de riesgo tiene una relación directa con la forma en que se conduce el sistema de justicia en Honduras donde los operadores de justicia solamente funcionan para criminalizar la defensade los derechos humanos y no actúan contra quienes cometen las violaciones a éstos.
La estigmatización y el irrespeto de la labor de derechos humanos desde las estructuras de poder y de los cuerpos de seguridad del Estado cuando son enviados a reprimir las protestas de ciudadanos y ciudadanas que reclaman derechos, juega un papel bastante peligroso cuando se llega a escenas donde hay represión policial y militar.
Me tocó vivir recientemente un episodio tan violento contra estudiantes en la universidad nacional que reclaman su derecho a la educación, allí llegó la policía a desalojar violentamente a jóvenes a quienes sacaron con la fuerza de los fusiles cuando mantenían una toma pacífica.
Llegamos varios defensores y defensoras de derechos humanos cuando las fuerzas del orden estaban tratando de lanzar gases lacrimógenos en un espacio tan pequeño donde se encontraban los estudiantes , cuando les dijimos a los elementos policiales que respetaran los derechos humanos, un juez ejecutor enviado por un tribunal manifestó “saquenme a esta gente de aquí” y los policías arremetieron contra quienes estábamos allí haciendo nuestra labor por los derechos humanos, nos empujaron con los escudos y toletes, algunos fueron golpeados, a mí me estrellaron contra una pared y la agresividad era tal que temí fueran a hacernos algo fatal.
Así funciona la policía y el ejército cuando traen orden de desalojos violentos son sordos a las peticiones. En los últimos días también ha ocurrido contra varias personas que defienden su derecho legítimo a circular libremente, pero que este derecho es limitado con el establecimiento del pago de peajes en distintas zonas del país. La gente se ha rebelado contra esta medida y a cambio no ha recibido respuestas sino represión.
Este panorama se va a ir agudizando en la medida que las presiones sociales por demanda de derechos también se incrementen. Además de la proximidad de las elecciones generales en Honduras las cuales se realizarán en el 2017, sumado al hecho de que hay aires reeleccionistas del actual presidente Juan Orlando Hernández.
Habrá represión para rato, más agudizada que en el 2013 cuando el actual presidente participó en las elecciones generales, donde se denunció que existió unfraude electoral.
Si se aprobara la Ley Bertha Cáceres el Estado de Honduras para poder echarla abajo tendría que demostrar que en verdad está combatiendo la impunidad castigando a militares y policías involucrados en abusos contra los derechos humanos.
Los ciudadanos y ciudadanas les queda seguir presionando porque sus derechos sean respetados, que no existe un obstáculo para ejercerlos y que quienes quieran obstruir esta labor tengan consecuencias, si el miedo nos inunda perderemos.
Fuente:
Between Bullets and Censorship. A column by Dina Meza. http://www.sampsoniaway.org/fearless-ink/2016/08/15/los-impactos-en-honduras-de-la-ley-berta-caceres-para-los-derechos-humanos/
