En una videoconferencia transmitida desde México, Gustavo Castro y sus abogados Miguel Ángel de los Santos, de orígen mexicano y Edy Tábora de Honduras, comparecieron ante los medios de comunicación de ambos países.

Uno de los periodistas le preguntó a Castro si estaba en la capacidad de reconocer como responsables materiales a los siete detenidos que arrestaron en el país por el crimen contra la defensora, a lo que respondió que “la fiscalía hondureña en ningún momento me ha localizado para hacer el reconocimiento de las personas que han sido imputadas, para mí es una prueba que no quieren hacerla, que yo colabore en este proceso, simplemente tendría la capacidad de reconocer a una persona que yo vi dentro de estas siete”.

Aclaró que “no puedo yo decir quién de ellos es, sino que debe ser en el proceso judicial, para ello, la fiscalía no ha dicho nada”.

Castro sostuvo que si las instancias hondureñas a las que recurrieron hubieran dado resultados, no habría necesidad de elevar las denuncias a otras peticiones.

Añadió que “cuando los Estados no cumplen con esa obligación como el de Honduras que se puso en rebeldía en relación con sus obligaciones en materia de derechos humanos, las víctimas no tienen otra opción que ir a otros mecanismos, esperando que allí se evalúen objetivamente, eso es lo que esperamos de la CIDH”.

Edy Tábora, abogado del equipo de  la defensa dijo que es necesario “dejar de ver con normalidad que el Estado hondureño siga violando derechos humanos y que los funcionarios o funcionarias públicas continúan restringiendo derechos fundamentales”.

Consideró importante lo que establece el artículo 321 constitucional que cita: “Los servidores del Estado no tiene más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”, por ende, las acciones de los funcionarios del Ministerio Público, el Poder Judicial y agentes policiales de restringir los derechos humanos de Gustavo Castro, “no queremos que permanezca en la impunidad”.

La justicia no solo debe llevarse a nivel internacional, sino que los Estados deben resarcir la situación de derechos humanos, por eso a nivel interno “hemos preparado un conjunto de acciones legales contra funcionarios públicos”, indicó Tábora.

Reveló que han realizado una denuncia contra la Jueza del Juzgado de lo Penal de Intibucá ,Victorina Flores, por “abuso de autoridad, porque no existe ninguna norma que le permitiera restringir la salida del país a Gustavo Castro”.

Por su parte, Miguel Ángel de los Santos, abogado mexicano, hizo un recuento de los hechos de la permanencia de Gustavo en Tegucigalpa de  por casi un mes, en consecuencia de “decisiones judiciales arbitrarias sin sustento legal”, es considerado una violación a sus derechos humanos, por esa razón acudieron a los organismos interamericanos por “la falta de justicia y la eficacia de los recursos legales para que sea la CIDH la que evalué los hechos que vivió Castro en Honduras, los previstos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos”.

Honduras  es signatario mediante el Acuerdo No. 8, de fecha 22 de noviembre de 1976, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1979..

Santos informó que “durante los primeros días del asesinato Gustavo no fue tratado con la consideración que corresponde a una víctima de atentado, de homicidio o un testigo del asesinato de una persona que derivan de lazos fraternos y en caminar juntos en la defensa de los derechos humanos, ese trato evidentemente le generaron afectaciones psicológicas para sobrellevar el impacto, ni las físicas consecuencia del atentado no fueron atendidas por el Estado de Honduras”.

Comunicado Otros Mundos

Según el comunicado de la organización mexicana “Otros Mundos”; a más de diez meses del asesinato de Cáceres y la tentativa de homicidio en perjuicio del denunciante, el Ministerio Público aún no ha dado ninguna respuesta sobre la persona que disparó contra la persona de Gustavo Castro.

A pesar de que hay siete detenidos no se sabe a ciencia cierta quién o quiénes son los autores intelectuales, ni la autoría de los funcionarios públicos y miembros del Consejo de Administración de la Empresa de Desarrollos Energéticos, S.A , DESA, debido a la supuesta “secretividad en que se encuentra el expediente.

Aunque en septiembre del 2016 dicho documento fue robado en un supuesto robo, hombres desconocidos  que asaltaron  a la magistrada de la Corte Penal de Francisco Morazán María Luisa Ramos, quien lo llevaba en la cajuela de su automóvil, según la versión de ella.

Los profesionales de la defensa de Castro consideraron que es sumamente grave que la jueza haya sacado de las oficinas de los tribunales el expediente del asesinato de la lideresa social  “no descartamos emprender acciones legales en su contra”, continúo el comunicado.

Acusan a la Fiscalía del Ministerio Público, a la jueza Victorina Flores del Juzgado primero de letras de la Esperanza, Intibucá y a la Corte suprema de Justicia,  e interpusieron una denuncia ante la CIDH por las violaciones a los derechos humanos causados por el Estado de Honduras durante la retención en marzo del año pasado contra Castro.

Estos entes fueron los encargados de retenerlo en el país inconstitucionalmente y resolver de manera negativa el Recurso de Exhibición Personal (Habeas Corpus),presentado con más de once Amicus Curiae, el 16 de junio del 2016.

El Amicus Curiae es una expresión latina utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado, para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso.

El defensor mexicano fue detenido en el aeropuerto el domingo 06 de marzo del año pasado cuando intentó regresar a su país de origen, sin embargo, la embajada de esa nación aseguró que se estaban respetando los derechos humanos  de Castro..

Mencionaron que Gustavo Castro quien es  ambientalista y defensor de derechos humanos, cuenta con el respaldo de organizaciones internacionales comprometidas a velar por su protección y la defensa de sus derechos.

Impedimento de salida

En aquel momento la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional emitieron un comunicado informando que el Juzgado de Letras de Intibucá había determinado la permanencia de Gustavo Castro mientras se esclarecía el crimen contra Cáceres.

La embajada de México fue informada de esta medida y el Instituto de Migración de Honduras luego que defensores de Derechos Humanos presentaron un Recurso de Habeas Corpus en la Corte Suprema de Justicia porque consideraron que la medida interpuesta por las autoridades judiciales de La Esperanza era ilegal.