Una ley aprobada el mes pasado establece que ahora los manifestantes pueden ser juzgados como terroristas, al mismo tiempo que se concedió más inmunidad a las fuerzas estatales por ataques perpetrados contra civiles. Paralelamente, las redes sociales hondureños se encuentran plagados de intentos de difamar a organizaciones como Global Witness que apoyan el derecho de la población a manifestarse en contra del robo y la destrucción de sus tierras.
"Al cumplirse el primer aniversario del asesinato Berta Cáceres, la situación es grave para aquellas personas con las que ella trabajaba. Las personas defendiendo sus tierras de empresas depredadoras aún están siendo asesinadas, los responsables no están siendo castigados y quienes levantan la voz son amenazados con ser detenidos. Ahora las autoridades incluso están etiquetando a los manifestantes como terroristas. Todas estas son señales claras de un ataque sistemático contra quienes critican al gobierno", dijo Ben Leather, Encargado de Incidencia de Global Witness.
Berta Cáceres fue una de las más de 120 personas hondureñas asesinadas desde 2010 por oponerse a las empresas que se apropian de la tierra y destruyen el medio ambiente, según el reciente informede Global Witness. Esto hace que Honduras sea el país más peligroso del mundo para defender el medio ambiente, como el punto más agudo de un continuo aumento de ataques, intimidación y criminalización.
Mientras quienes aprietan el gatillo suelen ser fuerzas del Estado, guardias de seguridad o asesinos contratados, las investigaciones de Global Witness sobre quiénes están detrás de estas muertes en Honduras revelaron cómo políticos de alto nivel y elites empresariales se vinculan con las represas, las minas y las plantaciones donde radica el centro de la violencia. Quienes ordenan estos asesinatos rara vez, o nunca, son llevados ante la justicia.
Tomás Gómez, quien ocupó el rol de líder de la organización de derechos humanos COPINH cuando Berta Cáceres murió, habló con Global Witness sobre la intimidación que enfrentan las comunidades por parte de asesinos contratados. “El asesino a sueldo le dice a la gente 'Voy a matar a esta y a aquella persona'. Tienen listas en las que se les indica matar a 20 personas, y hay un precio por nuestras cabeza. Por mí, son U$ 200 dólares”, cuenta Tomás.
Global Witness tampoco es inmune a la intimidación. Tras la presentación de su informe el 31 de enero, los hallazgos de la organización fueron recibidos con negación, desinformación y amenazas por parte de voceros de la industria y poderosos políticos hondureños, entre ellos el Ministro de Ambiente José Antonio Galdames, quien en televisión en vivo amenazó con detención inmediata a un empleado de Global Witness.
El asesinato de Berta Cáceres es uno de los pocos en ser investigados. Ocho personas han sido arrestadas, la mayoría de las cuales tienen vínculos con militares hondureños o con Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), la empresa construyendo la represa a la que Cáceres se oponía. Global Witness no cree que ninguno de estos sospechosos haya ordenado el asesinato. (1)
Mientras tanto, se anunció la semana pasada que DESA ha presentado una demanda civil contra un activista local y está exigiendo alrededor de U$ 43,000 en daños por publicar “informaciones inexactas y perjudiciales” sobre ellos.
“Es el trabajo del gobierno proteger a sus ciudadanos”, dijo Ben Leather. “El Estado hondureño debe reforzar urgentemente la protección de las personas defensoras en riesgo y castigar a quienes ordenan ataques contra ellas. De no hacerlo, solo fomentará la violencia en el futuro”.
"El gobierno hondureño ha intentado reiteradamente difamar nuestras investigaciones, pero no refuta ninguna de nuestras conclusiones. Debería centrarse en abordar la terrible situación que hemos descubierto. Global Witness se solidariza con las y los defensores ambientales que denuncian la corrupción y el crimen de los que han sido víctimas y que, como resultado, viven con miedo por sus vidas".
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Observaciones para los editores:
(1) Cuando Global Witness pidió a DESA que comentara sobre estas acusaciones, la empresa negó cualquier participación en el asesinato de Berta Cáceres o cualquier vínculo entre la empresa y el ejército o poderosos actores empresariales. Esto es a pesar de confirmar en una carta a Global Witness que el secretario de DESA, Roberto Pacheco Reyes, es el ex ministro de Gobernación y Justicia y el presidente de DESA, Roberto David Castillo Mejía, fue miembro del ejército hondureño. Castillo también negó haber tratado de sobornar a Berta Cáceres.
FUENTE:https://goo.gl/xNTPvo
