Ya pasó una semana desde que el GAIPE hiciera esta recomendación y señalara información vital para lograr que la impunidad no inunde el crimen contra Berta Cáceres, pero a pesar de que son informaciones que ponen al descubierto una estructura criminal peligrosa conformada por el estatado-empresa- grupos criminales, ninguna institución se ha pronunciado al respecto.

El GAIPE fue conformado a raíz de la impunidad del asesinato de Cáceres, ejecutada el 02 de marzo de 2016 con la participación de la empresa Desarrollos Energéticos, DESA en complicidad con agentes estatales y grupos criminales, según dijo al entrevistada por pasosdeanimalgrande.com

Integran el GAIPE además de Altholz,  Liliana Uribe (Colombia), Miguel Ángel Urbina (Guatemala); Roxanna Altholz (Estados Unidos); Daniel R. Saxon (Holanda/Estados Unidos); y Jorge Molano (Colombia).

Dicho grupo presentó un informe en la capital hondureña el 31 de octubre recién pasado en el que se destaca que sí hubo participación de DESA en contubernio con agentes policiales , al extremo que horas después del asesinato de Berta Cáceres ya DESA tenía copia del expediente judicial, de la misma policía, “es una estructura criminal que fue conformada por DESA con alianza con las fuerzas de seguridad”, reiteró Altholz,

Relató que aparte de nueva información sobre los responsables del crimen que es producto de la revisión de unos 55 gigas de información,  “encontramos corrupción, conspiración, asociación ilícita, encubrimiento, obstrucción de justicia, abuso de autoridad”.

Documentamos que la planeación empezó en noviembre de 2015 con la participación de un alto directivo de la empresa, que el 05 y 06 de febrero de 2016 hubo un operativo para matar a Berta ese operático en las palabras de los responsables fue abortado por falta de logística y porque Berta andaba con otra gente. Ya el 02 de marzo se consumó el asesinato después de muchas actividades de inteligencia para entender los movimientos y actividades de la víctima, describió.

“Nosotros logramos obtener 55 Gigas de información digital que incluía los mensajes de texto de los responsables , directivos de DESA, varios empleados en conspiración de la fuerza pública. Hubo una discusión dentro de DESA de cómo montar la persecución legal de Berta y otros líderes de COPINH , incluyó un equipo de abogado, de relaciones públicas que usaron su influencia sobre los fiscales y el juzgado para obtener órdenes de captura” ,dijo.

Todo lo anterior de acuerdo a la versión de la integrante del GAIPE se produjo por la empresa en alianza con las fuerzas de seguridad y elementos criminales realizaron varias estrategias para neutralizar y eliminar oposición al proyecto Agua Zarca y el objeto principal de sus estrategias era el COPINH y las comunidades que integran.

Infiltraron , pagaron informantes y agencias de  relaciones públicas

El crimen contra Cáceres no se planificó de la noche a la mañana sino que Incluyó infiltración, creación de una red de informantes pagados, sabotajes a equipos de comunicación de COPINH, persecución legal, asesinatos, intimidación, amenazas, coacción de la fuerza de seguridad, coacción del poder judicial , implementaron una estrategia para lograr que no hubiera oposición al proyecto y que las comunidades afectadas fueran divididas, denunció Altholz.

Nosotros documentamos en el 2012 y 2013 que la empresa tenía problemas con los fondos, no podían pagar sus cuentas, nos parece que cuando entran a los préstamos de instituciones financieras eso les permitió contratar empresas de relaciones públicas, ampliar su sistema de seguridad, pagar los informantes.Los fondos internacionales pareciera que fueron utilizados para desprestigiar y victimizar a COPINH y sus comunidades, aseguró.

A causa de ello, los fondos provenientes del sistema financiero fueron empleados para incrementar los niveles de violencia en la zona de influencia de dicha empresa, atacar sistemáticamente a personas del COPINH y a Berta Isabel Cáceres Flores, entre otros. A partir del análisis realizado, el GAIPE establece la negligencia deliberada por parte de instituciones financieras, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) y el Finnfund, señala el informe ejecutivo del informe GAIPE.

Agregó que el Ministerio Público tiene la vasta mayoría de la información analizada por el GAIPE desde hace año y medio  pero a  pesar del apoyo del gobierno de EUA y la inversión de éste,  no han actuado con esa información para realizar las capturas de los autores intelectuales y todos los autores materiales.

Al ser consultada por pasosdeanimalgrande.com si creía que con la información proporcionada por el GAIPE cambiaría el curso de las investigaciones, respondió que “no podemos perder la esperanza, esperamos que el análisis que realizamos y la prueba que encontramos da lugar a una investigación exhaustiva, independiente e imparcial. GAIPE recomendó que el equipo actual a cargo de la investigación sea removido  y reemplazado por un equipo que tenga criterio independiente e imparcial y que los agentes del MP que no investigaron sean investigados por acción y por omisión” .

Secretividad para que crimen quede impune

El GAIPE denunció también que el declarar la reserva al acceso del expediente laa decisión ha limitado el acceso a documentos, diligencias y pruebas conducentes a la identificación, procesamiento y juzgamiento de otros autores materiales e intelectuales por el asesinato de Berta Cáceres y la tentativa de asesinato contra Gustavo Castro. La falta de entrega de dicha información ha incidido, también, en la impunidad de ataques criminales en contra de personas integrantes del COPINH y de las comunidades lencas opositoras al Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca.

Los contrastes del informe con las acciones de instituciones estatales hondureñas

Este informe contrasta con la decisión el 23 de octubre de este años  de la Corte Suprema de Justicia que por  unanimidad de votos declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto vía acción por parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH.

Asimismo otro de los contrastes es que DESA continúa empecinada en continuar una querella contra Suyapa Martínez, defensora de derechos de las mujeres y directora del Centro de Estudios de la Mujer-Honduras, CEM-H, a quien pretende culpar por el supuesto retiro de los socios de dicha empresa.

Si aún no conoce el informe GAIPE léalo aquí