En el juicio oral y público contra David Castillo se inició el pasado 06 de abril, después de una serie de obstáculos y marañas legales ejecutadas desde la defensa del imputado con una complicidad aparente del sistema de justicia hondureño. El mismo aún no concluye pero ha sido un proceso esperanzador para las personas defensoras de los derechos humanos en Honduras gracias a la persistencia de la familia de Berta Cáceres, el COPINH, organizaciones internacionales y nacionales.

El 30 de noviembre de 2018,  un tribunal de sentencia condenó por su participación en el crimen de Cáceres al ex jefe de seguridad de Desa y ex teniente del ejército entrenado por los Estados Unidos Douglas Geovanny Bustillo; al ex sargento de fuerzas especiales Henry Hernández; al oficial de fuerzas especiales entrenado por los Estados Unidos, Mariano Díaz Chávez; Óscar Torres; al gerente ambiental de Desa Sergio Ramón Rodríguez Orellana; Edwin Rapalo; y Edilson Duarte Meza. La foto abajo muestra el momento en que eran enjuiciados.

Dudosa legalidad 

La Misión de Observación Calificada destaca en el documento de este día que hay “acciones de dudosa legalidad por parte de funcionarios públicos, y la coordinación de la presunta estructura ejecutora del asesinato con los dueños de la empresa DESA. Tales revelaciones apuntan a la necesidad de seguir investigando posibles delitos relacionados con el asesinato, cometidos por personas que aún no han sido procesadas. Cabe notar que esta información ha estado en manos del Ministerio Público durante varios años y fue expuesta a través de la participación activa de las víctimas y sus acusaciones particulares en el juicio”.

La Causa Berta Cáceres es un caso emblemático para Honduras y, de hecho, para toda la región. La impunidad estructural ha contribuido de manera significativa al aumento de los índices de violencia contra las mujeres y las personas defensoras de la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y del medio ambiente, y hace que los casos de asesinatos contra las y los defensores de las tierras indígenas no sean investigados ni procesados adecuadamente. En este caso, gracias a la perseverancia de la familia de Berta Cáceres y el COPINH en su demanda de justicia, se han dado pasos sin precedentes hacia la verdad y la justicia, dijo la Misión.

La Misión de Observación Calificada hace un llamado a las autoridades hondureñas a tomar las medidas necesarias de manera inmediata para esclarecer los hechos denunciados en la Causa Berta Cáceres, y así enviar una fuerte señal que los crímenes contra quienes defienden los derechos humanos no serán tolerados. Las personas defensoras de los derechos humanos, tanto en el país como en el mundo entero, están siguiendo este caso, el cual marca un precedente para las generaciones venideras, destacó el comunicado.

Este es el comunicado íntegro de la Misión de Observación Calificada: 

Expertos: Honduras debe esclarecer todos los hechos ilícitos denunciados en la Causa Berta Cáceres

Las Américas/Europa

1 de Junio de 2021

Transcurrido un mes del juicio al militar de inteligencia en retiro y presidente de la empresa hidroeléctrica DESA, David Castillo, por el asesinato de la lideresa Lenca Berta Cáceres en Honduras, la Misión de Observación Calificada sigue preocupada por el derecho a la verdad y el esclarecimiento de los hechos que llevaron al asesinato de la defensora de derechos humanos el 2 de marzo de 2016. A través de las pruebas evacuadas por el Ministerio Público, han surgido indicios de complicidad criminal de otros actores en el hostigamiento de Berta Cáceres, COPINH y la comunidad de Rio Blanco, y en la planificación y logística del asesinato.

Estos indicios consisten principalmente en los chats y demás datos extraídos de los teléfonos del acusado y los ya condenados. Señalan acciones de dudosa legalidad por parte de funcionarios públicos, y la coordinación de la presunta estructura ejecutora del asesinato con los dueños de la empresa DESA. Tales revelaciones apuntan a la necesidad de seguir investigando posibles delitos relacionados con el asesinato, cometidos por personas que aún no han sido procesadas. Cabe notar que esta información ha estado en manos del Ministerio Público durante varios años y fue expuesta a través de la participación activa de las víctimas y sus acusaciones particulares en el juicio.

La Causa Berta Cáceres es un caso emblemático para Honduras y, de hecho, para toda la región. La impunidad estructural ha contribuido de manera significativa al aumento de los índices de violencia contra las mujeres y las personas defensoras de la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y del medio ambiente, y hace que los casos de asesinatos contra las y los defensores de las tierras indígenas no sean investigados ni procesados adecuadamente. En este caso, gracias a la perseverancia de la familia de Berta Cáceres y el COPINH en su demanda de justicia, se han dado pasos sin precedentes hacia la verdad y la justicia.

La Misión de Observación Calificada hace un llamado a las autoridades hondureñas a tomar las medidas necesarias de manera inmediata para esclarecer los hechos denunciados en la Causa Berta Cáceres, y así enviar una fuerte señal que los crímenes contra quienes defienden los derechos humanos no serán tolerados. Las personas defensoras de los derechos humanos, tanto en el país como en el mundo entero, están siguiendo este caso, el cual marca un precedente para las generaciones venideras.

El juicio ha sido retransmitido en directo a través de los canales de redes sociales del poder judicial, pero sin el monitoreo presencial de observadores nacionales o internacionales de derechos humanos, hecho que limita la función de una observación técnica del proceso penal. Mientras el Ministerio Público ha concluido la evacuación de sus pruebas, las acusaciones privadas han comenzado a evacuar las suyas, incluyendo a los peritos sociopolíticos, herramienta esencial para comprender plenamente los factores y el contexto que conducen a la comisión de crímenes contra las personas defensoras de derechos humanos.

Mientras el juicio concluye en las próximas semanas, las organizaciones firmantes permanecemos atentas al desarrollo del caso y vigilantes ante cualquier incidente y detalle de las audiencias en procura de que se respeten las garantías judiciales y la debida diligencia en el presente juicio.

Contactos:

Misión de Observacion: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla., WhatsApp +1 902 3242584

FIDH: José Carlos Thissen: + 51 95 41 31 650 OMCT: Iolanda Jaquemet: +41 79 539 41 06

FIRMANTES

Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Honduras

Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), Nicaragua

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Guatemala

Comisión de los Derechos Humanos de Guatemala (GHRC-USA), EEUU

Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo(CAJAR), Colombia

Equipo Jurídico para los Derechos Humanos, Honduras

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-sj), Honduras

Estudio Arbizu & Gamarra, Perú

FIDH, en el marco del Observatorio para la protección de los defensores de derechos humanos, Internacional

Fundación Abogacía Española, España

Gremio Nacional de Abogados, Comité Internacional, EEUU

Impunity Watch, Guatemala

Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo, Europa

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la protección de los defensores de derechos humanos, Internacional

Promise Institute, UCLA, EEUU

Protection International, Mesoamérica

Plataforma Internacional Contra la Impunidad, Regional

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