El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la cual fue dirigida por Berta Cáceres, ha insistido, al igual que los familiares, en que la condena contra Castillo debe ser el inicio del proceso que encamina para llevar ante la justicia a la familia Atala, dueña de la constructora, y que hasta el día de hoy, que ya son más de cinco años después del homicidio, ningún miembro de la familia Atala ha sido acusado o ha tenido que acudir a declarar.
Celeridad en el caso han aclamado las muchas organizaciones nacionales e internacionales que también exigen justicia para Berta, y que hasta el día de hoy, La lectura de la sentencia o individualización de la pena, se ha retrasado en más de cuatro ocasiones. Los tiempos procesales establecidos por la ley hondureña han expirado. Esta situación pone en alto riesgo el proceso de justicia, reparación y garantías de no repetición.
Miembros del parlamento Europeo, preocupados por los retrasos en la sentencia condenatoria de David Castillo, exigen que este 20 de junio del presente año se debe tomar lugar la audiencia en la que se emitiría la sentencia condenatoria en este caso.
A continuación lea de forma textual las declaraciones de tres Miembros del Parlamento Europeo, publicada por el sitio web,Tilly Metz, Grupo de los Verdes:
MIEMBROS DEL PARLAMENTO EUROPEO EXIGEN, SIN MÁS DILACIÓN JUSTICIA PARA BERTA CÁCERES, FINALISTA DEL PREMIO SÁJAROVA fecha 20 de junio debe tomar lugar la audiencia en la que se emitiría la sentencia condenatoria en este caso, calificado de suma importancia para la Unión Europea y esencial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos en Honduras y en toda la región de América Latina. La lectura de la sentencia se ha retrasado en más de cuatro ocasiones. Un año ha transcurrido desde la declaración de culpabilidad contra David Castillo como coautor del asesinato de la defensora. Los tiempos procesales establecidos por la ley hondureña han expirado. Esta situación pone en alto riesgo el proceso de justicia, reparación y garantías de no repetición. Javi Lopez, Miembro del Parlamento Europeo del Grupo de S&D comenta: “En junio 2021, 61 Miembros del Parlamento Europeo enviaron una carta a las autoridades hondureñas, incluido el por entonces presidente de la República Juan Orlando Hernández, expresando su más profunda preocupación por las dilaciones injustificadas en el proceso judicial por el asesinato de la líder indígena lenca Berta Cáceres. A través de este medio reiteramos el llamado al Estado hondureño a cumplir con sus obligaciones de garantizar el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y a una adecuada, efectiva y pronta reparación de las víctimas, tanto de la familia de Berta Cáceres como de la sociedad hondureña en su conjunto que fueron impactados por el crimen.” Miguel Urbán Crespo, Miembro del Parlamento Europeo, del grupo de la Izquierda exhorta: “Si bien reconocemos los avances que se han logrado en este caso, cinco años después del asesinato de Berta, condenamos rotundamente la falta de medidas asumidas para brindar verdad, justicia, reparación y garantías para que estos hechos no vuelvan a repetirse. Es por ello que además de la sentencia condenatoria ajustada al proceso penal contra David Castillo, instamos al Ministerio Público a tomar medidas rápidas y concretas para aprehender y enjuiciar a todos los actores intelectuales del asesinato de la defensora. Este caso ha puesto en evidencia el lado más salvaje del capitalismo regional, gracias a la relevancia de la figura de Berta. Pero la justicia solo llegará hasta que se trastoquen las estructuras de poder que amparan los asesinatos de defensores y defensoras, así como llevar a juicio a quienes planificaron y ordenaron el crimen de Berta.” Tilly Metz, Miembro del Parlamento Europeo del Grupo de los Verdes, concluye: “La falta de justicia para Berta Cáceres y las muchas personas defensoras asesinadas y agredidas en América Latina por defender los derechos territoriales ancestrales y el medio ambiente sigue siendo sistémica, pero el caso de Berta es un faro de esperanza. Ahora, sin más dilaciónse debe dictar la condena de David Castillo. Las políticas europeas que regulan las actividades de las empresas europeas activas en América Latina deben promover un marco legal que proteja los derechos fundamentales de las personas. La directiva propuesta sobre diligencia debida es un paso en la dirección correcta, pero debemos asegurarnos de que se convierta en un instrumento eficaz para detener las violaciones de los derechos humanos y el medio ambiente en todas las cadenas de suministro. Sobre todo, se deben promover medidas de protección integral para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y ambientales, así como para garantizar el espacio que puedan continuar con su labor.“ |
