Josué Armando Velásquez Contreras es miembro del Movimiento Amplio Universitario (MAU), desde hace seis años que se organizó en el 2010.

En el 2011 participó en la presentación de la propuesta estudiantil para solventar la crisis de la Universidad, 2013 le hicieron frente al anteproyecto de normas frente a la autonomía, en el 2014 las normativas académicas, en el 2015 la tabla de unidades valorativas y en el 2016 la lucha es por la derogación de las normativas académicas, integrando el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU).

El primer requerimiento fiscal para Velásquez Contreras  fue en julio del 2015, por el delito de usurpación en perjuicio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

No tuvo sorpresa con  la judicialización pero sí  aseguró que no es fácil la criminalización a la que ha sido sometido la cual se ha convertido en parte de la lucha que emprenden por la defensa de una educación pública, gratuita y de calidad.

Algo que lo ha hecho mantenerse firme es el apoyo de su familia, porque le entiende y apoya, “saben que la lucha que hoy hago es para todas y todos, especialmente para mi hermanito que en este momento está en la escuela, pensando en todos los niños y jóvenes de Honduras, no me he sentido frustrado, ni con miedo, sé por lo que lucho y las consecuencias” expresó el universitario.

Su segundo requerimiento tuvo lugar en junio del presente año, el joven argumentó que no participó en ninguna toma porque se encontraba realizando su taller de práctica profesional, fue una sorpresa darse cuenta que estaba en las listas.

Calificó la acción de las autoridades de la universidad como persecución política, porque tanto él como sus cinco compañeros no estaban presentes en las manifestaciones lo que demuestra  una evidente persecución porque como testigos oculares se presentó al jefe de la seguridad privada de la universidad de la empresa  ESP, Roger Aguilar,  y por parte de la Policía Preventiva tres de sus elementos que supuestamente lo identificaron en la escena de los hechos.

La abogada defensora Kenia Oliva informó que hubo una discusión con el Juez que estaba conociendo el caso de Velásquez Contreras, que el togado en un acto de Abuso de Autoridad quiso coaccionar al universitario para que se comprometiera a no volver a participar en el movimiento estudiantil.

Oliva le argumentó que existía un acuerdo en donde las condiciones de ambas partes fueron claramente plasmadas y que en tal acuerdo se reconoció la protesta como derecho.

Al final el Juez tuvo que aceptar la situación y dictó sobreseimiento definitivo por el requerimiento del año pasado pues estaba en la etapa preliminar y  el de este año queda  pendiente.Velásquez dijo que irán a audiencia inicial esperando que los resultados sean favorables.