La abrogación surgió a través de una moción de la diputada Sherly Arriaga el Partido Libertad y Refundación, LIBRE, y apoyada por otros diputados y diputadas. Inicialmente se hablaba de darle más tiempo a la vacatio legis hasta que se suspendiera la restricción de garantías constitucionales a través del Decreto Ejecutivo PCM-021-2020 y otra serie de nuevos decretos sucesivos desde el 16 de marzo pasado en que inició un toque de queda y emergencia por Covid19.

Diferentes organizaciones nacionales e internacionales solicitaron n0 se pusiera en vigencia este código, así se lo solicitaron al Congreso Nacional mediante una carta Article19, Reporteros sin Fronteras, RSF, Pen International, Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP y la ASOPODEHU, la semana pasada. 

El nuevo Código Penal fue aprobado por el Congreso Nacional en enero de 2018, publicado el Diario Oficial La Gaceta en mayo de 2019, y se abrió la etapa de vacatio legis, o período de socialización de esta ley en noviembre de 2019 para que se venciera el 10 de mayo de 2020, pero en una reunión del 09 de este mismo mes se prorrogó el lapso por 45 días más, por lo que entraría en vigencia el 25 de junio de este año.

Las amenazas del Partido Nacional

Mientras el partido de gobierno a través del secretario del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, argumentó en un comunicado de prensa que dicha sesión era ilegal y amenazó que podrían incurrir en delitos penales entre ellos usurpación de funciones y sedición , debido a que está mal invocado el artículo 191 constitucional.

En un comunicado de prensa la Coalición contra la Impunidad que aglutina diversas organziaciones de sociedad civil señaló la legitimidad de la sesisión extraordinaria respaldada en el artpiculo 191 de la Constitución de la República, ley primaria que está sobre cualquier otro ordenamiento jurídico incluyendo el Reglamento del parlamento hondureño que fue aprobado de forma ilegal en enero de 2014 cuando el Congreso no estaba en funciones.

La reunión extraordinaria fue convocada a la una de la tarde de este 24 de junio de 2020, y se inició con la moción del diputado Carlos Zelaya de nombrar una Junta Directiva Provisional para conducir la reunión para lo cual propueso a los diputados Denis Castro Bobadilla como presidente; Doris Gutiérrez y Luís Fuentes en el cargo de vicepresidentes; Jorge Cálix y Sobeida Andino como secretarios, pero se agregaron dos pro secretarios entre ellos a David Reyes. Esta propuesta se reformuló y fue aprobada por unanimidad, y en la sesión se encontraban unos 72 diputados conectados  incluído uno del Partido Nacional y otros que llamaron para asegurar que estarían en la reunión, según lo informó el diputado Luís Redondo, uno de los primeros cinco diputados convocantes.

El punto único de la agenda era el nuevo Código Penal, que se hablaba de ampliar el período de socialización, pero la diputada Marpia Luísa Borjas manifestó que debía proceder a aborgarse, igual posición mantuvieron otros diputados entre ellos Sherly Arriaga que presentó la moción de abrogación, la cual fue discutida y aprobada por unaimidad.

La resolución consta en el acta número 01-2020 que abroga el nuevo Código Penal aprobado bajo el decreto legislativo 130-2017, del 18 de enero de 2018. Se abrió a las 6:25 p.m. otra sesión para ratificar el acta y ordenar su publicación en el Diario Oficial la Gaceta.

Varios diputados y diputadas dijeron que se sentían en un Congreso Nacional con legalidad donde no les quitaban el uso de la palabra arbitrariamente tal como lo hacen normalmente las directiva conducida por Mauricio Oliva, a quien dijeron les mandaban unclaro mensaje de que el parlamento debía legislar para el pueblo hondureño.

También se discutió que este Congreso extraordinario debería seguir su tarea de derogar otras leyes lesivas contra la sociedad hondureña y se acordó una nueva sesión para este 25 de junio a las 2 p.m., siempre por medios virtuales.

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