Desde ese momento los reclamos han sido múltiples. Organismos nacionales y extranjeros se han pronunciado para que se esclarezcan los asesinatos, se condene a los asesinos y se investigue la enorme cantidad de denuncias por amenazas, intimidaciones y atentados que presentaron en la Fiscalía de los Derechos Humanos los periodistas y comunicadores sociales, que la última década sintieron que sus vidas corrían peligro.

Sin embargo, la falta de voluntad política de las autoridades y la corrupción que impera en los órganos operadores de justicia, impiden llegar a fondo en las investigaciones y castigar a los responsables de los distintos crímenes.

Un claro ejemplo de esa situación es que de los 75 asesinatos de periodistas, solo 6 han sido judicializados, pero las acusaciones que ha realizado el Ministerio Público únicamente se han dirigido contra los autores materiales, no así para quienes ordenaron ejecutar esas muertes, situación que el Presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez, califica como preocupante, “y eso no puede continuar así”, sostuvo. 

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La clasificación mundial de libertad de prensa realizada para este año, por la Organización, Reporteros sin Fronteras, destaca que la impunidad en Honduras, “país gangrenado por la violencia del crimen organizado y la corrupción” desde el año 2009, provoca que los periodistas de los medios de la oposición y alternativos estén sufriendo agresiones y amenazas de muerte permanente, agresiones que en su mayoría provienen del mismo Estado, a través de la Policía y el Ejército que salen a reprimir las manifestaciones populares.

Nadie niega que como producto de las recomendaciones internacionales el gobierno ha creado instituciones con el matiz de la defensa de los derechos humanos y de los periodistas en particular, pero a juicio de Joaquín Mejía, Coordinador de la Unidad de Derechos Humanos del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), de la compañía de los jesuitas en Honduras, el país sigue en los lugares más altos de riesgo para los periodistas y los defensores de los derechos humanos.

Para él, el gobierno ha cerrado los espacios de libre expresión y las personas que se atreven a desafiar este sistema se ven enfrentadas a la fuerza represiva, no solo del gobierno, sino de cualquier otro sector, económico o político. Con sus propias palabras este defensor de los derechos humanos asegura que “tomar un micrófono, una pluma, un ordenador, ponerse frente de una cámara y denunciar cualquier desviación de los poderes implica una situación de riesgo”.

Pero lo que más lamenta Mejía, es que el Fiscal General del Estado, Oscar Chinchilla, como cabeza del Ministerio Público, no les dé la importancia que merecen a las graves violaciones de los derechos humanos registradas en el marco del golpe de Estado y durante la crisis política electoral, donde muchos periodistas fueron alcanzados por la represión del Estado en contra de la población. Escenario al que en diciembre de 2015, se refirió la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos,(CIDH), que revela en su informe haber constatado la grave situación de inseguridad en la que trabajan los periodistas y comunicadores sociales, el contexto elevado de violencia y la falta de respuesta en las instituciones del Estado.  

Sin embargo, el ex Fiscal General del Estado y ex aspirante presidencial del Partido Liberal, Edmundo Orellana Mercado, consultado por Pasos de Animal Grande sobre este tema, evitó referirse a la impunidad de los asesinatos y muy alejado del problema, dijo que las muertes de periodistas se deben analizar desde dos puntos de vista.

Como ex Fiscal General, sabe que sin investigación difícilmente pueden determinarse las causas, pero afirma que, “hay quienes han muerto luego haber extorsionado a capos del crimen organizado y esa gente responde con la violencia y la crueldad y por otro lado, están los periodistas que por cumplir sus deberes o decir la verdad son objetos de persecución y de censura”.

Como el tema no era ese, Pasos de Animal Grande, le formuló nuevamente la pregunta, y Orellana aclaró que por la amistad que mantiene con el actual y anteriores fiscales generales, no podía hablar abiertamente de la situación, pero aprovechó para tirarle flores a Chinchilla. “Yo lo que sí le podría decir es que este fiscal está saliendo muy bien”, refiriéndose a las acciones que el Ministerio Público realiza en coordinación con la Misión de Apoyo contra Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), trabajo que muchos se lo atribuyen Chinchilla. Pero una cosa es la corrupción y otra es la impunidad en la muerte de personas.

Muy distinta es la posición del Presidente del CPH, Dagoberto Rodríguez, quien ha lamentado que la Fiscalía de Delitos contra la Vida no le haya dado prioridad a la investigación y judicialización de los asesinatos de periodistas y que por esa razón el país se encuentra en situaciones muy difíciles, junto con México y Colombia con incidencias altas de asesinatos de periodistas y con una alta impunidad de esos crímenes.

Según Rodríguez, el Ministerio Publico debió haber creado una unidad especial de investigación cuando las cifras se iban incrementando y evitar tanta impunidad. Pero el problema no solo se presenta por la acumulación de los expedientes por casos de muertes, sino también centenares de denuncias por amenazas, agresiones y atentados sin resolverse.

Solo en el 2017 el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) registró 65 violaciones a la libertad de expresión y de información, las que van desde amenazas, agresiones, atentados, asaltos, desplazamientos forzados y muertes, que no solo involucran como responsables a particulares sino también a militares y policías. De los afectados, que en su mayoría corresponden a medios alternativos que les dan cobertura a las protestas sociales, según la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno del CONADEH, 5 dejaron sus trabajos y se trasladaron a otro lugar del país y 10 de ellos realizan gestiones para salir de Honduras.

Pero la impunidad que prevalece en el país por casos de violaciones a la libertad de expresión también es reconocida por el Informe de Observación Electoral de la Unión Europea, organismo que plantea que pese a la creación de unidades especializadas de investigación, es frecuente que los periodistas sean objeto de violencia y sometidos a situaciones de censura y autocensura.

Indica el informe que en los meses previos a las elecciones tres periodistas hondureños murieron violentamente, y que las autoridades deportaron a cuatro de medios internacionales que llegaron a darle cobertura a la crisis generada por el supuesto fraude.

Mecanismo de protección

El 8 de mayo de 2015 Honduras fue sometida al Examen Periódico Universal,(EPU), ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de allí surgieron 152 recomendaciones para diferentes áreas, incluida la libertad de expresión, tema para el cual diversos países del mundo le pidieron al Estado de Honduras aplicar medidas y ponerle fin a los asesinatos, las amenazas y el hostigamiento contra los periodistas.

Y le recomendaron investigar y condenar a los responsables de amenazar, intimidar y asesinar periodistas para restablecer plenamente la libertad de prensa.

Es por esa razón que el 16 de abril de 2015, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Protección, para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia . La legislación crea el Consejo Nacional de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de la Justicia y la Dirección General de Mecanismos de Protección y Análisis de Conflictos Sociales.

Esta dirección, conocida popularmente como El Mecanismo, es la encargada de recibir las denuncias y tiene la potestad de aplicar las medidas preventivas para la protección de las personas incluidas en la Ley que se consideren en riesgo por el ejercicio de sus profesiones.

Honduras es el tercer país en América Latina que cuenta con un Mecanismo de Protección, el primero fue México y después Colombia.

El Mecanismo en Honduras entró a funcionar el 1 de julio de 2015 y al 30 de junio de 2018, ha atendido 325 solicitudes de medidas de protección. Del total, admitieron 250 y desestimaron 75.

De las 75 denuncias no admitidas, 21 corresponden a defensores de derechos humanos, 10 a periodistas, 2 a comunicadores sociales, 27 a operadores de justicia y 15 a ciudadanos no comprendidos en la especialidad de esta Ley.

De los 250 casos admitidos, 157 son defensores de derechos humanos, de los cuales por diversas razones 24 ya fueron cerrados y están pendientes de resolver 133.

Por amenazadas a la libertad de prensa, 73 denuncias fueron admitidas, 46 corresponden a periodistas y 27 a comunicadores sociales. Ya fueron cerradas 6 y están en proceso 67. En lo que corresponde a Operadores de Justicia, admitieron 20 solicitudes, cerraron 3 y en proceso continúan 17.

En cifras globales, de los 250 casos admitidos, el Mecanismo maneja en la actualidad 217 y fueron cerrados 33. De los 217que están bajo la responsabilidad del Mecanismo, 133corresponden a defensoras de derechos humanos, 42periodistas, 25comunicadores (as) sociales y 17de operadores (as) de justicia.

El licenciado Miguel Martínez, oficial de comunicaciones de la Secretaría de Derechos Humanos, explicó que dentro del Sistema Nacional de Protección (SNP) hay dos instancias. El Consejo Nacional de Protección, que es el órgano consultivo, conformado por diversas entidades del Estado y el Comité Técnico del Mecanismo, que es el órgano de deliberación y decisión de los casos.

Dicho en palabras sencillas, el Mecanismo escucha la denuncia, hace las valoraciones del caso, investiga el nivel de riesgo y toma las medidas preventivas. Y el Consejo como ente consultivo les da participación de opinar sobre los casos a los organismos que lo conforman.  

Martínez dijo que el Mecanismo de Protección no es una entidad de justicia sino meramente preventiva y que por esa razón no tiene relación con la fiscalía de los derechos humanos ni con la recién creada Fiscalía especial de Protección a Periodistas, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justica. Las relaciones con el Ministerio Público se dan a nivel de la Fiscalía General como miembro del Consejo.

Por su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrara Cáceres, dio a conocer recientemente, que como producto de la crisis post electoral, entre diciembre del 2017 y febrero de 2018, ese organismo recibió diez quejas que involucran a 19 personas ligadas a los medios de comunicación, nacionales e internacionales que fueron víctimas de violaciones a la libertad de expresión.

Del total, el Conadeh envió al Sistema Nacional de Protección 9 casos con sus respectivas solicitudes de protección a favor de 13 personas. Tres se las presentó en la Secretaría de Seguridad para la implementación de medidas de seguridad y dos fueron remitidas para investigación al Comandante de la Policía Militar. Entre los agraviados según Herrera Cáceres hay directores de medios, periodistas, comunicadores sociales, camarógrafos y fotógrafos.

Para el Presidente del CPH con la crisis post electoral se incrementaron las amenazas y agresiones contra los periodistas y asegura que la cifra es mayor porque el organismo que él representa registra a la fecha 55 comunicadores sociales y periodistas que han solicitado medidas de protección. Aseguró que tal como ocurrió en el 2009 las regiones más afectadas siguen siendo, San Pedro Sula, Tegucigalpa, Colon, La Ceiba y Tela.

Pero lo importante es que el Estado a través del Mecanismo de Protección y el Conadeh está confirmando la veracidad de los datos revelados en diversos informes internacionales que sitúan a Honduras como uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo, descubrimientos que a nivel mundial han provocado presiones para los últimos dos gobiernos que en su afán de limpiarle la cara a Honduras constituyen entidades de papel, sin la estructura ni presupuestos necesarios para hacerle frente a la situación.

Bajo ese contexto se puede mencionar la Secretaría de Derechos Humanos, que desde su fundación en mínimo lo que ha logrado hacer para reducir los daños causados a la prensa y a los demás sectores vinculados con la libertad de expresión.

En otro sentido está el Ministerio Público, con la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos, con una acumulación exagerada de expedientes, muchos de los cuales datan desde el golpe de Estado, mientras que la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida tampoco hace mucho, pese a que internamente se creó la Unidad Especial de Investigación de Muertes de Alto Impacto, con propósitos de resolver los asesinatos de periodistas, pero el 95% está impune. Y pese a eso, el recién reelecto fiscal general, Oscar Chinchilla, ha fundado una nueva entidad denominada, Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDEHH).

La FEPRODDEHH

Mediante acuerdo FGR 002-2018 del 14 de marzo de 2018 la Fiscalía General de la República creó la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDEHH) y el 29 de mayo, dos meses después, nombraron jefe de esta nueva entidad, al abogado Gerry Yassar Valladares y a la abogada, Melissa Medina, como subjefa.

Hipotéticamente, la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, sería la responsable de garantizar, reconocer y proteger a las personas dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos y a la libertad de expresión, en riesgo por su actividad. Y además es la encargada de investigar y enjuiciar a los que atenten contra ellos.

El acuerdo de creación, publicado en la Gaceta, 34,593 del 15 de marzo de 2018 señala que la FEPRODDEHH contará con personal necesario para la recepción e identificación inmediata de las denuncias, el inicio de los procedimientos de protección y de la investigación de los delitos.

Teóricamente contará con dos secciones de enjuiciamiento. Una para enjuiciar a los servidores y funcionarios públicos y la otra de para las personas particulares que provoquen delitos en perjuicio de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

Los resultados son mínimos y las expectativas enormes, hay quienes y entre ellos, el Presidente del CPH, Dagoberto Rodríguez, que tiene fe en que esta nueva fiscalía ayudará a resolver los asesinatos de los periodistas y defensores de los derechos humanos, “Abrigamos una alta expectativa de que se resuelvan los casos de periodistas asesinados por que hay una alta impunidad”, dijo. A juicio de Rodríguez no deben seguir impunes las muertes violentas de los periodistas y se deben castigar también a los autores intelectuales.

A su juicio los casos que no presentan mayor avance en la Fiscalía de Delitos contra la Vida deberían ser trasladados a la Fiscalía de Protección para hacerles justicia a las víctimas y a sus familiares.

Lavarse la cara

Pero el periodista y defensor de los derechos humanos, Andrés Molina, no se traga el anzuelo y piensa que la cacareacada FEPRODDEHH no es más que otra de las instituciones que ha creado el gobierno para lavarse internacionalmente. Y como los organismos de la sociedad civil no son tomados en cuenta en la toma de decisiones, Molina, quien forma parte del equipo técnico del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) dice que por las  publicaciones de los medios de comunicación se dieron cuenta el Ministerio Público había creado una Fiscalía Especial Protección de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos y que lo vieron bien.

La gran mayoría de muertes y agresiones de periodistas está en la impunidad y consideraron que la nueva entidad podía ser la oportunidad que tendría el Ministerio Público para reivindicar a las víctimas y combatir la impunidad, pero luego se dieron cuenta que no será así. 

 “nos preocupa que el Ministerio Público únicamente esté haciendo acciones de propaganda y no para combatir la impunidad, tienen los medios y presupuesto, pero no quieren tocar las estructuras del poder que han violado la libertad de expresión y los derechos humanos”, afirmó.

Y Molina tiene razón, en la última década Honduras ha adquirido compromisos con diversos estados del mundo para mejorar la situación de los derechos humanos, pero hasta hoy solo se han implementado medidas cosméticas que no resuelven nada. Paralelo a la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos y del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, se creó la Secretaría de Derechos Humanos, más tarde fundaron el Mecanismo de Protección de Periodistas, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia, la Unidad de Muertes de Alto Impacto, adscrita a la Fiscalía de Delitos contra la Vida y hoy se suma la FEPRODDEHH, media docena de organismos, gastando presupuesto y ocupando espacio para sostener la impunidad.

Con todas esas entidades las violaciones a los derechos humanos, las muertes de periodistas y de los defensores de los derechos humanos ya se deberían haber resuelto y frenado la impunidad y las violaciones de los derechos humanos.

No investigará muertos ni casos viejos

Sin embargo, FEPRODDEHH no investigará ni judicializará las denuncias que mantiene acumuladas la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos ni las muertes de periodistas, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia.

El Titular de la FEPRODDEHH, Gerry Valladares, ha informado que esta nueva entidad dependiente del Ministerio Público solo atenderá las denuncias que lleguen a partir de que entre en funcionamiento. Sostuvo que todos los expedientes viejos por violaciones a la libertad de expresión y atropellos a la labor de los defensores seguirán siendo manejados en la Fiscalía de los Derechos Humanos.

El funcionario aclaró que se trata de una Fiscalía de prevención y que por tal razón las muertes de periodistas, defensores de derechos humanos y de operadores de justicia, tampoco las conocerán y que las seguirá investigando y judicializando la Fiscalía de Delitos contra la Vida.

Es importante decir, que cuatro meses después de haber sido creada la FEPRODDEHH todavía el jefe y la subjefa no cuentan con la estructura mínima para comenzar a recibir las denuncias. La oficina para albergar a unos 8 fiscales que pretender tener, asistentes y secretarias, se encuentra en acondicionamiento, el personal que será sometido a todas las pruebas de confianza no ha sido contratado. A la fecha, al jefe y subjefa de la FEPRODDEHH no cuentan con el espacio apropiado para la custodia de los expedientes que les podrían llegar.

La subjefa de la FEPRODDEHH, Melissa Medina, dijo que por situaciones presupuestarias esta fiscalía estará asentada en Tegucigalpa y que para atender las denuncias en las distintas regiones, coordinaran acciones con las fiscalías locales. Aclaró que las audiencias sí serán cubiertas por fiscales de esta entidad y que la investigación siempre estarán a cargo de la ATIC.

Los titulares de la FEPRODDEHH proyectan comenzar a atender a la ciudadanía a finales de septiembre cuando todo esté listo. Es importante mencionar que el personal que están buscando para contratar, además se ser profesionales universitarios debe tener conocimientos en el tema de los derechos humanos y sensibilidad con los grupos vulnerables.

La Fiscalía General, determinó en el acuerdo de creación que la Fiscalía de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas y Operadores de Justicia,(FEPRODDEHH), que sea una entidad netamente preventiva y por lo tanto, no se debe esperar que resuelva la impunidad de los asesinatos de los periodistas y defensores que se encuentran pendientes de investigar en la Fiscalía de Delitos contra la Vida.