En un acto sin precedentes, el Estado de Honduras no se presentó a dos audiencias convocadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pese a lo trascendental de las temáticas expuestas y la disposición de las organizaciones de la sociedad civil para entablar diálogo. Nunca antes, ni siquiera en la época del golpe de Estado ocurrido en el año 2009, las autoridades habían desatendido un llamado de la CIDH.
En primera instancia, la Asociación de Jueces por la Democracia y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), expusieron los retos que enfrenta Honduras para que haya independencia judicial. Según el informe de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura, en el 2014 se destituyeron a 47 operadores judiciales y se suspendieron a 75. La mayoría de los jueces y las juezas involucradas vieron vulnerados sus derechos de defensa y debido proceso, al enterarse que enfrentaban el procedimiento disciplinario, por medio de la prensa.
Durante todo el proceso de resolución de la medida disciplinaria –cuyo promedio de duración es de 10 meses-, los operadores de justicia dejan de recibir su salario, siendo una sanción anticipada y violatoria del principio de presunción de inocencia. A esto se le suma la ausencia de una respuesta judicial efectiva ante dichas resoluciones disciplinarias, ya que, a pesar de que las víctimas han interpuesto recursos de amparo ante la Sala Constitucional, y varios de éstos se han otorgado positivamente, posteriormente el Consejo de la Judicatura reinterpreta las decisiones, no las ejecuta o lo hace parcialmente.
De igual forma las peticionarias expresaron su preocupación frente a la actual elección de 15 magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia ya que la normativa vigente permite un amplio margen de discrecionalidad a la Junta Nominadora y al Congreso y no garantiza que se utilicen criterios objetivos para nombrar. Se denunció que no existen reglas claras para calificar los méritos profesionales ni académicos, o la idoneidad, ética, autonomía y verificación de honor, lo que permitiría apreciaciones subjetivas de los miembros de la Junta. También se llamó la atención sobre el uso del polígrafo como prueba de confianza para calificar a los postulantes, el cual sería aplicado por personal de las fuerzas militares.
Adicionalmente, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ), el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y CEJIL mostraron datos contundentes sobre cómo la corrupción socava las instituciones públicas hondureñas.
De acuerdo con el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras, el Estado hondureño pierde entre 500 y 600 millones de dólares por año en corrupción, monto que a la vez se despoja a los presupuestos de salud, educación, vivienda, seguridad alimentaria, empleo, entre otros.
Como ejemplo grave de corrupción se expuso el desfalco al Instituto Hondureño del Seguro Social - institución que se encarga de la atención médica de las personas asalariadas del país - el cual a través de una red de empresas “fantasma” vio desviado 350 millones de dólares de su presupuesto entre los años 2010 al 2014. Los efectos de este saqueo se reflejan en las estadísticas de atención, reduciéndose en un 25% las personas atendidas por los centros de salud y hospitales públicos entre el 2013 y 2014. A pesar de la gravedad de este hecho, al día de hoy apenas se ha procesado a 7 personas.
También se mencionaron otros casos de corrupción que involucran instituciones como la Secretaría de Agricultura y Ganadería - entidad encargada de garantizar la seguridad alimentaria y la reducción sostenible de la pobreza rural- la cual habría visto desviado aproximadamente 6.5 millones de dólares que tendrían que haber sido destinados a proyectos de formación de agricultores. Además, se explicó el caso del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) – organismo encargado de cubrir beneficios de jubilación, pensión por invalidez, entre otros – cuya malversación de fondos alcanzaría aproximadamente los 16 millones de dólares.
No obstante lo anterior, la impunidad en este tipo de casos pareciera ser la regla. Datos de la misma Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público revelan que a septiembre de 2014 había 3.324 casos pendientes de resolver.
Ante el contexto de deficiente independencia judicial y altos índices de corrupción, las organizaciones peticionarias instaron a la Comisión a brindar una serie de recomendaciones al Estado hondureño sobre ambos temas y dar seguimiento permanente a las mismas.
Las organizaciones lamentan la ausencia de las autoridades nacionales y consideran que esta actitud pone en tela de duda el compromiso del Estado de Honduras con la garantía de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho. La Comisión Interamericana es el foro más importante del continente para la promoción y protección de los derechos humanos, de manera que la ausencia del Estado también transgrede sus obligaciones internacionales.
