A continuación publicamos íntegro el comunicado emitido por Pen Honduras:

Estado de Honduras debe dejar la ley de la selva y respetar la medida cautelar de la CIDH a favor del periodista Julio Ernesto Alvarado

Pen Honduras demanda de forma urgente al Estado de Honduras actúe con seriedad  y proceda a cumplir los compromisos internacionales en el caso del periodista Julio Ernesto Alvarado, suspendido de su profesión por una orden judicial desde este 29 de octubre pasado.

Alvarado ha sido obligado a abandonar el Programa televisivo Noticiero Mi Nación, donde es el director, y desde el 30 de octubre ya no ejerce el periodismo. Nuestro compañero Julio Ernesto Alvarado es miembro fundador y directivo de Pen Honduras y tiene nueve años de estar en este proceso de criminalización de su ejercicio periodístico.

Pen Honduras que es  una organización opuesta a cualquier forma de supresión de la libertad de expresión en el país , apoya la prensa libre y se opone a la censura arbitraria, por lo tanto  considera crítica la situación no solo para Alvarado sino para toda la sociedad hondureña.

Privar a Julio Ernesto Alvarado del ejercicio del periodismo es un grave precedente para la libertad de expresión en el mundo y deja a Honduras como un país donde se practica la Ley de la selva, porque en este caso,  no se ha respetado la medida cautelar 196-14,  emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, señalando al Estado de Honduras que debe  proceder a mantener en suspenso la ejecución de la sentencia del 09 de diciembre de 2013,  que contempla una condena de un año cuatro meses de prisión y suspensión del periodismo.

Hay un duro terreno en Honduras para los derechos humanos,  y la libertad de expresión es uno de los derechos más violentados, colocando al país en el segundo puesto de peligro para ejercer el periodismo y en los últimos lugares de respeto a este derecho fundamental.

El callar una voz con esta práctica aberrante del uso del derecho penal para colocar contra la pared a los periodistas y comunicadores sociales en el país, significa dejar a la sociedad sin información,  imponer la censura al conglomerado periodístico y de comunicación social y a los diversos sectores que hacen uso del derecho a la libertad de expresión consagrado en nuestra Ley y en los tratados y convenios internacionales que Honduras ha firmado.

La violación a la medida cautelar y el compromiso asumido el 21 de octubre de este año, en la Audiencia de Trabajo en Washington, donde el Estado de Honduras a través del Procurador General de la República se comprometió a respetar la decisión de la CIDH, deja un funesto y burlesco precedente ante el sistema interamericano de justicia, establecido precisamente para detener la arbitrariedad contra los derechos humanos por parte de los gobiernos autoritarios.

Desde el 30 de octubre hemos llegamos a las oficinas estatales y del Poder Judicial para buscar respuestas en la implementación de la medida cautelar a favor de Julio Ernesto Alvarado, pero nos encontramos con un empecinamiento feroz de continuar con la ejecución de la sentencia, violentando con ello tanto la Constitución de la República como los convenios internacionales suscritos, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos de la cual forma parte Honduras desde 1977 y que es aplicada por la CIDH en esta medida cautelar.

Urgimos un retroceso en esta práctica trágica contra la libertad de expresión en Honduras. Caminar hacia la legalidad es la mejor decisión. Seguir en el empecinamiento lacera a toda la sociedad.

Hacemos un llamado urgente a la comunidad nacional e internacional de derechos humanos para demandar un alto a  este atropello.

Apoyando la libertad de expresión, luchando contra la impunidad, Celebrando la literatura

Junta Directiva

Pen Honduras

Tegucigalpa, Honduras, 08 de noviembre de 2015