Indicó que uno de los logros de su gestión es la adopción integral de la Política de Derechos Humanos que aprobó el gobierno anterior luego de un participativo proceso de consulta que involucró a más de cinco mil personas y  800 organizaciones.

“Es una política pública con validez y legitimidad, y el  Plan de Acción es la ruta clara a seguir para cumplir el compromiso nacional e internacional en materia de derechos humanos”, manifestó la funcionaria que también anunció una campaña masiva de formación y sensibilización sobre conocimiento, vivencia  y respeto de los derechos.

Consideró que sobre el tema existen muchos desafíos como trascender del nivel central a lo local para abordar la especificidad e algunos temas que presentan las regiones y redes de sociedad civil. “Como Secretaría de Estado  estamos dando pasos en ese sentido y ya varios  gobernadores y alcaldes trabajan con la población”.

Otro reto es fortalecer la coordinación y articulación con la institucionalidad involucrada respetando mandatos e independencia, pero también efectivizar recursos y registrar avances en el goce de las garantías.

La funcionaria identificó logros en el sistema penitenciario como el aumento de la asignación presupuestaria diaria para alimentos de los privados de libertad que pasó de nueve a 30 lempiras, cantidad que calificó de una mejora que por ser “todavía insuficiente”  amerita no quitarle la mirada.

La infraestructura carcelaria se está mejorando “poco a poco” cambiando el sistema eléctrico e hidro sanitario, entre otras condiciones físicas que se suman a la atención integral del sector que incluye facilitar acceso a la salud, la justicia, rehabilitación y otros aspectos.

 Ley de Protección

La Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, ya está vigente y a su juicio,  “su implementación y efectividad “es una prioridad para el actual gobierno que junto a diputados y sociedad civil mejoraron la propuesta previo a la aprobación del documento final”.

Para el mecanismo de implementación de la norma, que fue publicada el 15 de mayo de 2015, bajo el número 33,730 del Diario Oficial La  Gaceta, el gobierno tiene previsto invertir este año 10 millones de lempiras.

Este ordenamiento jurídico está conformado entre otros, por La Dirección General de Mecanismos de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de la Justicia, forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos, creada mediante Decreto Legislativo No. 177-2010 y será la responsable de atender las denuncias de riesgo de las personas beneficiarias en la presente Ley, las instrucciones y las políticas que emita el Consejo Nacional de Protección.

Esta Dirección estará conformada por un equipo multidisciplinario especialista en la recepción de la denuncia de riesgo, análisis y evaluación del riesgo, determinar la existencia o no del riesgo, recomendar la medida de prevención, protección y urgente de protección que la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad a través de la Unidad respectiva debe implementar, así como en el seguimiento y monitoreo de la Medida de Protección adoptada, su mantenimiento y revocatoria.

La viceministra explicó que el año pasado se instaló el Consejo Nacional de Protección a Defensores que integran representantes de sociedad civil e instituciones estatales, que en los próximos días se reunirán para planificar el trabajo de este año e iniciar la construcción del reglamento y protocolos.

Esta instancia está integrada por la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización;la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional;el Ministerio Público; el Poder Judicial; la Procuraduría General de la República; la Secretaría de Seguridad; la Secretaría de Defensa Nacional; un representante del Colegio de Abogados de Honduras (CAH); un representante del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH); un representante de la Asociación de Prensa Hondureña (APH); un representante de las Asociaciones de Jueces y Magistrados; un representante de la Asociación de Fiscales; y dos representantes de las organizaciones de Derechos Humanos de la sociedad civil acreditados por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos.

Por estas últimas lo integran como propietarios Edy Tábora de C-LIBRE; Suyapa Martínez de CEM-H y como Suplentes Donny Reyes, de la organización LGTBI, Arco Iris y Jessica Sánchez del Grupo de Sociedad Civil, GSC.

Participa en este organismo el representante en Honduras de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, en calidad de invitados como observadores con voz pero sin voto.

La Viceministra Cueva Dijo que dicho consejo tendrá el acompañamiento de un organismo internacional especializado en construir mecanismos de protección, que transmitirá las lecciones aprendidas y buenas prácticas de México y Colombia.

Al mecanismo de protección que establece la norma, ya se acogieron cuatro hondureños defensores de derechos humanos que no solicitaron abrigo (albergue especial) pero sí otras medidas inmediatas.

Los cuatro protegidos están en el país y sobre si los protagonistas del riesgo  son personeros o instituciones estatales, la funcionaria respondió que investigan los casos.

La puerta de entrada al mecanismo es la Dirección del Sistema Nacional de Protección que será dotado de un espacio propio e  independiente con privacidad y seguridad, además de mecanismos tecnológicos y telefónicos directos.

Un Comité Técnico Interinstitucional realiza el análisis de los casos presentados por afectados individuales o institucionales, concerta las medidas de protección y monitorea el cumplimiento del mecanismo de protección. El comité tiene pendiente de resolver  dos casos de solicitudes de protección de 2015; en 2016 no han recibido denuncias.

Esa infraestructura y las acciones deberán hacerle frente a la situación de inseguridad que viven defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia que hacen su labor enmedio de constantes amenazas y otros no lograron sobrevivir a los ataques y fueron asesinados.

Este año la Subsecretaría realizará una campaña masiva de educación sobre derechos humanos y simultáneamente se reunirá con organizaciones para potenciar la formación en la materia.

Cumplimiento de recomendaciones

Respecto al cumplimiento de las 152 recomendaciones que resultaron del EPU, la viceministra expresó que ya se hizo un acercamiento bilateral con el gobierno de Paraguay para implementar en Honduras el sistema de monitoreo de las mismas.

Explicó que “se trata de un novedoso sistema de monitoreo de la política pública en materia de derechos humanos  que se nutre de la información que generan las instituciones estatales”.

Actualmente disponen del Observatorio  de DD HH que es una herramienta nacional de  gestión de la política pública que generará información y reportará sobre cinco módulos específicos que son protección a defensores,  avances en educación  en DD HH y cultura de paz, logros en cumplimiento de compromisos internacionales, avance en el abordaje a los conflictos sociales con enfoque de DD HH y un modelo de evaluación de la política pública en la materia.

El observatorio que  aseguró está en línea directa con las herramientas de gestión presidencial,  se comenzará a ensayar en 2016 con un ejercicio piloto.

Honduras  se podría convertir en el primer país mesoamericano en adaptar esa metodología que será una herramienta técnico científica de medición. “Nuestra aspiración es que la política de DD HH sea evaluada en el año 2017 y para ello estamos creando el sistema integrado y de evaluación”, puntualizó.

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