La carta está dirigida al presidente Juan Orlando Hernández, Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema de Justicia y a Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional y con copia a Emilio Alvarez Izcaya, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

En su parte toral señalan que  “Las organizaciones se dirigen a ustedes recordándoles que, conforme a los compromisos internacionales adoptados por el Estado de Honduras en materia de protección de Derechos Humanos, es un deber fundamental el de velar por la protección de las y los defensores, cuyo trabajo de denuncia y control social es primordial para el correcto funcionamiento de un Estado democrático y de derecho, tal y como lo reconoce la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998”, señala el documento.

Argumentación de la solicitud urgente

Dichas organizaciones expresaron su condena y dolor por el asesinato el 15 de marzo de Nelson Noé García Laínez, activista ambiental y compañero de lucha de la eminente defensora de derechos humanos Berta Cáceres, asesinada el 3 de marzo, ambos pertenecientes a la organización indígena COPINH. Lamentamos profundamente que estos viles asesinatos se den dentro de un contexto de asesinatos, ataques, persecución, criminalización y de amenazas contra las y los defensores de derechos humanos en Honduras. Y solicitamos la toma de acciones concretas que garanticen la efectiva labor de defensa de los derechos humanos en Honduras.

“Es inquietante que los hechos de agresión se presenten en contextos de defensa de derechos humanos y a la tierra. El asesinato de Nelson se presenta momentos después de que este acompañaba a 150 familias de la comunidad de Rio Chiquito (Rio Lindo- Cortes) que fueron desalojadas forzosamente, en la que al parecer participaron 100 policías, 20 agentes de la policía militar, 10 del Ejercito, destruyendo las casas y cultivos, con tractores y maquinaria pesada”, agregan.

Es un deber fundamental el de velar por la protección de las y los defensores

La extensa misiva destaca además que  “se han recibido informaciones sobre hechos ocurridos el 15 de marzo, referentes al allanamiento policial militar sin orden judicial, de la casa del Presidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán – MUCA, José Ángel Flores y la detención arbitraria de miembros de su familia, no obstante ser beneficiario de medidas cautelares de la CIDH. Así como, la denuncia de que el 16 de marzo, se presentó un ataque con arma de fuego contra el contador de la organización Vía Campesina, Cristian Alegría, quien además es sobrino del diputado Rafael Alegría”.

Las organizaciones, de igual manera, expresan su profunda preocupación por la situación de Gustavo Castro Soto fundador y actual director de la organización Otro Mundos, A. C. Chiapas, el cual es testigo clave en el asesinato de Berta Cáceres. La integridad física y psicológica de Gustavo Castro Soto corre peligro, por lo cual urgimos a las autoridades hondureñas a poner fin inmediatamente a las restricciones a su libertad de movimiento y a adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar su seguridad.

Es preciso señalar que aunque los miembros del COPINH contaban con medidas cautelares desde 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 5 de marzo de 2016, había ampliado dicha medidas para la protección urgente e inmediata de los miembros del COPINH y de Gustavo Castro Soto, sin embargo 8 días después, Nelson García es asesinado.

Las organizaciones lamentan que los ataques, persecuciones, criminalización, amenazas y asesinatos de los miembros del COPINH y de la comunidad indígena Lenca, aumentaron desde la implementación de la represa hidroeléctrica Agua Zarca de la empresa DESA (Desarrollos Energéticos S.A.), con el apoyo de inversionistas nacionales e internacionales, dentro del territorio de la comunidad Lenca de Rio Blanco. Sin embargo la gran mayoría de esos ataques están aún en la impunidad.

Las organizaciones se dirigen a ustedes recordándoles que, conforme a los compromisos internacionales adoptados por el Estado de Honduras en materia de protección de Derechos Humanos, es un deber fundamental el de velar por la protección de las y los defensores, cuyo trabajo de denuncia y control social es primordial para el correcto funcionamiento de un Estado democrático y de derecho, tal y como lo reconoce la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998.

Demandas

Las organizaciones se suman así, a las demandas hechas por el COPINH y por la familia de Berta Cáceres en los términos por ellos expuestos

“1. En el marco del cumplimiento de las medidas de protección, se solicite de manera inmediata la firma de un convenio de asistencia técnica entre el Estado de Honduras y la CIDH para efectos de nombrar una comisión de personas expertas, independientes y de confianza del COPINH y la familia de manera que supervisen, apoyen y participen de las investigaciones que actualmente realiza el Ministerio Público.

2. Se cancele de manera inmediata, y definitiva la concesión otorgada a la empresa DESA para el proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”, puesto que ha sido la fuente principal de las amenazas, persecución y agresiones contra la comunidad lenca de Río Blanco y a las personas integrantes del COPINH.

3. Se suspendan de manera inmediata todas las concesiones que han sido otorgadas dentro del territorio del pueblo Lenca sin respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, puesto que son la principal fuente de amenazas y agresiones, y que de esta manera se inicie un proceso de revisión a efectos de cancelar estos otorgamientos.

4. La desmilitarización de las zonas y territorios del pueblo Lenca, y el respeto a la autonomía territorial y formas de autogobierno de las comunidades Lencas, erigiendo al COPINH como organización responsable de su autonomía comunitaria.

5. Se implemente en forma inmediata la Ley de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, disponiendo de todos los recursos que se requieran para una aplicación efectiva y acorde con las necesidades de la organización.”

Igualmente las organizaciones solicitan la adopción de medidas legislativas y de cualquier otra índole para garantizar que las empresas domiciliadas en el territorio o jurisdicción estén obligadas a realizar evaluaciones de impacto en los derechos humanos de sus proyectos de inversión; monitorear y hacer cumplir regularmente su debida diligencia en materia de derechos humanos con la participación significativa de la población y las comunidades afectadas. Así como garantizar que sus faltas serán debidamente sancionadas.

En este marco, las organizaciones solicitan a los tres poderes del Estado Hondureño, toda su colaboración y coordinación para que estas demandas sean efectivamente atendidas y aplicadas rápidamente.

Vea carta completa con las firmas de las organizaciones Aquí