Ortiz ha sido objeto de múltiples amenazas de forma directa, en redes sociales y por mensajes de texto en su celular, desde hace varios años, lo que él atribuye al periodismo crítico que realiza donde destaca las arbitrariedades del gobierno de Juan Orlando Hernández que ya lleva en el poder un segundo cuestionado mandato.
Contra mis hijos no
“yo estoy acostumbrado a la represión, a la persecución al hostigamiento, pero no quiero que mis hijos estén sufriendo esas situaciones”, expreso Ortiz .
El martes 23 de julio al salir del trabajo se conducía a su casa de habitación, acompañado por su hijo pequeño, cuando notó que un busito color beige le estaba dando persecución y para tratar de perderlo dio varias vueltas por la ciudad, evitando las zonas de tráfico que lo pudiesen poner en riesgo a él y su niño.
Finalmente logró salir al boulevard Suyapa cerca del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADEH y el busito ya no se miraba.
Argumentó que no es la primera vez que le sucede esta situación, pues ha tenido que vivirlo. Hace unos ocho años siguió un proceso de denuncia por amenazas de activistas políticos y persecución por fuerzas militare, el cual no tuvo ninguna respuesta.
Según Ortiz parte de este riesgo que está sufriendo es por ser un periodista de oposición al gobierno hondureño, porque no le da miedo sacar a relucir actos de corrupción y que le han hecho saber que no solo él está vigilado sino el medio de comunicación donde trabaja al que le tienen constante vigilancia.
El Estado de Honduras se comprometió ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en mayo de 2015, en el Examen Periódico Universal, EPU, a cumplir 152 recomendaciones, entre ellas, “tomar todas las medidas necesarias para proteger la libertad de expresión, incluso asegurando que los periodistas y miembros de la oposición política son capaces de expresar sus opiniones sin miedo a la intimidación, y por investigar y llevar ante la justicia a los responsables de la violencia dirigida a los periodistas”.
En el año 2010 ante esta misma instancia asumió 129 compromisos relacionados también con la libertad de expresión, pero el cumplimiento ha sido casi nulo.
Desconfianza
Destacó que no acude a instancias nacionales e internacionales a poner una denuncia formal porque ya no confía en los procesos realizados, y agregó que “la Fiscalía de los Derechos Humanos en Honduras desecha las denuncias porque aseveran que lo hacemos para victimizamos y llamar la atención los actos de corrupción de este gobierno”.
Ortiz explicó que en el 2015 vino a Honduras el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), “le llevé el expediente y hablamos, me tomaron datos porque iban hacer unas gestiones internacionales en materia de derechos humanos, pero ni siquiera han revisado en sus visitas cómo va mi caso, lo que me genera gran decepción”.
El Congreso Nacional de Honduras aprobó en 2015 la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, para actuar con debida diligencia contra los delitos graves contra periodistas.
De acuerdo a datos Carlos Ortíz, presidente de la Asociación de Prensa de Honduras, APH, hasta la fecha unos 61 periodistas se han acogido al Mecanismo de Protección.
Sin embargo se han producido deserciones de esa instancia porque los beneficiarios han señalado que no hay avances en las instigaciones o perdieron la confianza en la institucionalidad.