En mayo de 2015 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió 152 recomendaciones que el Estado de Honduras debía cumplir antes de llegar al tercer ciclo de evaluación que es en el próximo mes de noviembre de 2020.
Aunque antes de llegar a Ginebra en mayo de 2015 el Estado de Honduras llevaba como carta de presentación la aprobación de la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Comunicadores sociales y Operadores de Justicia. Esta Ley fue aprobada por el Congreso Nacional en ese mes e implementada a partir de 2016.
Sin embargo hay beneficiarios que no tienen confianza en el Mecanismo de Protección porque han sido amenazados y esta instancia no tiene por un lado la capacidad coercitiva para castigar a los responsables y por otro es un organismo con muchas debilidades entre ellas un presupuesto amarrado a la tasa de seguridad, la cual es manejada por la Secretaría de Seguridad, y depende de la Policía Nacional y el Ejército para la implementación de las medidas de protección, resultando un gran problema debido a que esos agentes están involucrados en las amenazadas en contra de las personas a las que deben proteger. Como ambas tienen intereses encontrados no hay una responsabilidad al máximo por cumplir con su cometido.
Desde el 2015 que Honduras aceptó recomendaciones en el EPU, hasta la fecha se documentaron n 31 asesinatos de periodistas y comunicadores sociales.
El periodista Oscar Corea, de la Red de periodistas de la Paz, explicó a pasosdeanimalgrande.com que la violencia en el país se ve en aumento en proporción en años anteriores y la justicia no está encaminada a investigar.
El gremio periodístico está muy consciente de la situación pero no hay una confianza de poder realizar una denuncia ante las instancias correspondientes en algunos por la filtración de la información y en otros por la impunidad en que quedan las denuncia y eso promueve la repetición de los hechos.
Joan Suazo, de la Red de periodistas de Tegucigalpa, expresó que no existe un verdadero panorama de libertad de expresión desde que los periodistas deben cuestionarse de decir la verdad por temor a perder sus empleos o tener otras consecuencias.
Desde el 2009 con el retorno del militarismo y un nuevo Código Penal que castiga con sanciones penales a los periodistas que divulguen información con la cual se sientan afectados los grupos de poder, se ejerce una censura más agresiva.
Suazo agregó que existen grupos en el gremio que han servido como apoyo para responder ese tipo de acciones, por eso es necesario crear otros mecanismos como las redes de periodistas que han surgido apoyados por la ASOPODEHU, para mejorar las oportunidades y defensas de derechos de los trabajadores de medios de comunicación.
Incidentes y asesinatos desde el 2015 hasta el 2020
En el 2015 el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), identificó 11 crímenes ligados a la profesión de la comunicación, un propietario de un medio, un director de programa de noticias, cuatro camarógrafos, un operador de controles, tres locutores de entretenimiento y un locutor de programaciones religiosas.
En el siguiente año el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, (CONADEH), habría documentado desde octubre del 2001 hasta mayo del 2016, unas 64 muertes de periodistas en forma violenta, y sostuvo que el 95 por de los casos permanece en la impunidad.También encontró una muerte, varias agresiones, atentados y amenazas contra este sector.
En el 2016 se reportaron por C-Libre, cuatro personas asesinadas que trabajaban en medios de comunicación y en el 2017 cinco, así como en el 2018 la curva se elevó con 25 agresiones físicas, 14 amenazas, 6 intimidaciones, 5 detenciones arbitrarias y 2 asesinatos.
La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), en el 2019 documentó siete asesinatos a trabajadores de comunicación y al menos 65 diferentes tipos de incidentes, entre ellos atentados contra a vida de algunas personas de este gremio y sus familias.
De acuerdo a un documento solicitado formalmente en el 2019 por pasosdeanimalgrande.com a la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDEHH), desde enero a noviembre recibieron 27 denuncias, 15 dirigidas a la sección de enjuiciamiento a funcionarios públicos y 12 a la sección de enjuiciamiento a persona particular. Vea la siguiente tabla:
También en el 2020 la ASOPODEHU, mantiene un registro de 65 incidentes y dos asesinatos a periodistas y comunicadores sociales, en el contexto de la suspensión de garantías constitucionales debido a la pandemia por Covid19.
Asimismo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, destacó que en el 2017 para las elecciones generales en el país, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Honduras emplearon un excesivo uso de la fuerza siendo los periodistas y trabajadores de prensa, uno de los principales afectados.
Este tipo de acciones contravienen las siguientes recomendaciones aceptadas por el Estado de Honduras:
