Khan destaca que la desinformación” es un problema de derechos humanos, agravado por un desorden informativo. Cada vez hay más pruebas de que la desinformación tiende a prosperar allí donde los derechos humanos son limitados, donde el régimen de información pública no es sólido y donde el nivel de calidad, diversidad e independencia de los medios de comunicación es bajo”.
Aclara que aunque distintas investigaciones empíricas indican que solo una pequeña parte de las personas están expuestas a la desinformación, los efectos en las instituciones, las comunidades y los individuos son reales, amplios y legítimos. Las más de 100 contribuciones recibidas por la Relatora Especial para el presente informe contienen muchos ejemplos concretos, que indican que gran parte de los ataques contra instituciones y personas en situaciones vulnerables tienen motivaciones políticas y afectan a una amplia gama de derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos.
Falsear la información ha sido la tónica en la pandemia
En relación al manejo de la información, señala que en el último año, la difusión de desinformación e información errónea por fuentes no estatales ha planteado importantes obstáculos al derecho a la salud y a las respuestas a la pandemia de COVID-19 que se han sumado a los intentos de algunos Gobiernos de ocultar o falsear información. Al igual que en el caso de la crisis sanitaria mundial, en lo que respecta al cambio climático también se ha desacreditado la información científica y se ha atacado a activistas del medio ambiente con campañas concertadas de desinformación en línea.
Argumentó que cada vez se utilizan con más frecuencia campañas de desinformación en línea para disuadir a las mujeres de participar en la esfera pública, mezclando “viejas y arraigadas actitudes sexistas con el anonimato y el alcance de los medios sociales para destruir la reputación de las mujeres y apartarlas de la vida pública”. Las periodistas, políticas y defensoras de la igualdad de género que alzan la voz sobre cuestiones feministas son especialmente atacadas .
Entre sus preocupaciones están las respuestas de los Estados a la desinformación pueden adoptar diversas formas, que van desde las medidas para perturbar Internet y las leyes para censurar, castigar o restringir la difusión hasta la regulación de las plataformas de medios sociales.
Otra de ellas es que la desinformación patrocinada por el Estado puede emanar directamente de instituciones estatales o de intermediarios que se dirigen a un público dentro del propio territorio del Estado o en el extranjero con fines políticos y estratégicos. En la era digital, las nuevas técnicas han ampliado considerablemente la escala, la velocidad y la difusión de estas actividades. Cuando se combinan con el poder, los medios y el alcance de un Estado, su impacto puede ser devastador para los derechos humanos
La Relatora Especial hace un llamado para que se adopten respuestas multidimensionales y colectivas que estén fundamentadas en el marco internacional de los derechos humanos e insta a las empresas a revisar su modelo de negocio y a los Estados a recalibrar sus respuestas a la desinformación, potenciando el papel de los medios de comunicación libres, independientes y diversos, invirtiendo en la alfabetización mediática y digital, empoderando a las personas y reconstruyendo la confianza de las sociedades.
Qué pasa con este tema en Honduras
La desinformación en efecto ha sido una técnica utilizada por diferentes funcionarios públicos para desacreditar criterios científicos ó la labor de las personas defensoras de derechos humanos en Honduras.
En ese sentido está el tema de la Pastillas de Anticoncepción de Emergencia, PAE, sobre lo cual se entrelazan no solo la desinformación sobre la pastilla hacia la cual hay una satanización que afecta directamente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y coloca a las defensoras de estos derechos como seres malignos que deben ser sacadas de escena, y allí confluyen las campañas de desprestigio, la intromisión de las iglesias fundamentalistas que usan la fe para cuestionar lo científico y además la violencia directa contra las mujeres que salen a las calles a defender el uso de la PAE y la necesidad de la aprobación del abortopor lo menos en las tres causales.
Hay otros temas delicados sobre los cuales se desinforma, como son las políticas criminalizantes contra las personas defensoras de derechos humanos, lo cual genera odio desde la población o rechazo.
El 29 de junio de 2019, cuando policías militares entraron a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, el presidente Juan Orlando Hernández para descalificar las denuncias de las organizaciones de derechos humanos dijo “me han dicho que ven algunos con chalecos de supuestas organizaciones de derechos humanos y lo que llevan en sus mochilas son bombas molotov y piedras”.
Mientras el comandante de la Fuerza Nacional de Antimaras y Pandillas (FNAMP), coronel Amílcar Hernández dijo que “funcionarios de organizaciones defensoras de derechos humanos trabajan con grupos criminales, toda esa información está en poder de los fiscales, en realidad esa información no es un chisme, sino que es algo confirmado que establece que hay miembros de las organizaciones de derechos humano involucrados con pandilleros”. Esta reacción la tuvo en junio de este año 2021, cuando hubo varios actos de violencia en cárceles de máxima seguridad.
