Según dice el informe de PEN presentado a las Naciones Unidas sobre la libertad de expresión, los periodistas y escritores de Honduras están trabajando en un clima de creciente violencia, impunidad y miedo generado por la infiltración en el Estado por parte del crimen organizado, el aumento de la militarización y las instituciones debilitadas. La capacidad de los escritores para investigar e informar se restringe cada vez más, mientras que el sector cultural se ha estancado debido a la falta de política e inversión a largo plazo. 

El informe, presentado por PEN International, PEN Canadá y el Programa de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Toronto (IHRP) como parte del segundo Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU del registro de derechos humanos en Honduras, que se celebrará en abril de 2015, muestra que a pesar de algunas medidas positivas adoptadas por el Estado, muchas de las áreas de preocupación que fueron resaltadas en la última revisión de 2010 persisten o han empeorado. Por otra parte, un gran número de los avances elogiados en ese momento han sido seriamente socavados. 

A pesar de la promesa de Honduras de proteger a los periodistas y combatir la impunidad en noviembre de 2010, las administraciones actuales y anteriores han mostrado una falta de voluntad política para investigar violaciones de la libertad de expresión y para proteger a los periodistas. Muchas de las iniciativas de lucha contra la impunidad han dado escasos resultados concretos. 

Los ataques contra periodistas han aumentado considerablemente, incluyendo tanto asesinatos como ataques violentos no mortales. Al menos 28 periodistas han sido asesinados desde el último EPU y al menos 46 desde 2003, la mayoría trabajaba para la televisión y/o la radio. Algunos han sido asesinados a pesar de que se les había otorgado medidas de protección, algunas de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sólo se han obtenido condenas para cuatro de estos asesinatos. Hay 42 sin resolver –una tasa de impunidad del 91 por ciento. Incluso en los casos de condenas, la justicia es parcial y ninguno de los autores intelectuales han sido procesados​​. 

La línea oficial del Estado de Honduras es que los periodistas son asesinados por "delincuentes comunes" o por el crimen organizado y sus asesinatos no tienen relación con sus opiniones. Sin embargo, en la mayoría de los casos los posibles vínculos entre los ataques y el periodismo de la víctima no son investigados adecuadamente. De hecho, la policía y los funcionarios a menudo descartan públicamente el periodismo como un motivo antes de que las investigaciones se hayan completado.

Por otra parte, se ha descubierto que los responsables del 50 por ciento de todos los ataques a la libertad de expresión y acceso a la información en 2013 en los que se pudo identificar a los perpetradores eran agentes estatales. La gran mayoría de los ataques no mortales contra periodistas también quedan impunes. 

El fracaso del Estado hondureño de investigar y enjuiciar los asesinatos de periodistas no sólo constituye una violación de derecho a la libertad de expresión, la vida y la protección judicial las víctimas, sino que también niega a las familias de las víctimas, sus seres queridos y el público en general, el derecho a obtener información y conocer la verdad.

Este fracaso se debe en parte a la falta de protocolos especializados, policía investigadora y a debilidades estructurales, así como a la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y el poder judicial, que lamentablemente carecen de independencia.

El advenimiento de una nueva ley para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos - actualmente en el Congreso - es un hecho positivo, pero queda por ver si habrá la necesaria coordinación institucional y los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios para garantizar su aplicación efectiva.

En 2010 Honduras aceptó numerosas recomendaciones sobre el fortalecimiento y la construcción de la capacidad de sus instituciones de derechos humanos, pero éstas se han aplicado de forma insuficiente.

• Se sabe poco sobre el trabajo de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida (FEDCV), creada en agosto de 2013, que se encarga de investigar y enjuiciar los asesinatos de periodistas, y no está claro si su personal cuenta con algún tipo de formación en derechos humanos.
• La Oficina de la Fiscalía Especial para los Derechos Humanos - responsable de investigar los ataques no mortales contra periodistas en los que se sospecha la participación de un agente del Estado - no logra avanzar en la gran mayoría de sus casos, debido en parte a una crónica falta de recursos que empeora, como la falta de personal capacitado en derechos humanos.
• La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, creado en septiembre de 2010 - un movimiento elogiado en el último EPU - fue degradada a una sub-secretaría del Ministerio del Interior a principios de 2014 y, como tal, es probable que disfrute de menos autonomía e influencia.
• Si bien la elección de un nuevo Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) en marzo de 2014 es un paso positivo, existe la preocupación de que el proceso de selección sea excesivamente político, y el nuevo titular tiene todavía mucho por hacer para restaurar la credibilidad que la oficina perdió después de que el ex Comisionado apoyara públicamente el golpe de junio de 2009. El presupuesto de CONADEH no ha aumentado desde 2009 y es insuficiente.
• Menos de la mitad de las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Reconciliación (CVR) –establecido en abril de 2010 para examinar el golpe de estado, incluyendo las violaciones de los derechos humanos– se han aplicado en su totalidad, sin embargo, la unidad creada para supervisar la aplicación ha sido disuelta. Del mismo modo, la Comisión de Reforma de Seguridad Pública, que se creó en febrero de 2012 como resultado de la CVR con el fin de luchar contra la corrupción en las fuerzas de seguridad y sistema de justicia, se disolvió en marzo de 2014, un año antes de su mandato mínimo de tres años. Ninguno de sus reformas propuestas se han realizado hasta la fecha.

Escritores y periodistas en Honduras están limitados por una serie de leyes y prácticas nuevas

Los últimos cuatro años se ha producido una disminución de la transparencia pública y una regresión hacia una cultura del secreto, con acceso a las fuentes oficiales cada vez más restringido. La Ley de Secretos Oficiales y de Clasificación de la Información, que entró en vigor en marzo de 2014, anula eficazmente la ley de Acceso a la Información de 2006, lo que hace el acceso a la información arbitraria y dependiente del capricho de los funcionarios individuales.

Los periodistas y defensores de derechos humanos, cuyas llamadas telefónicas y correos electrónicos son monitoreados con frecuencia por las autoridades, han criticado duramente la Ley Especial sobre  Intervenciones de las Comunicaciones Privadas de diciembre de 2011 por vulnerar el derecho a la privacidad. La ley carece de importantes garantías de rendición de cuentas, incluyendo una reparación efectiva de la vigilancia ilegítima, y podría permitir una vigilancia arbitraria por el Estado.

Es preocupante que el gobierno haya quitado la prioridad a una promesa hecha por el anterior gobierno de despenalizar parcialmente la difamación, que todavía se castiga con hasta cinco años de prisión. Esto tiene un efecto amedrentador sobre los periodistas, contra los que se interponen estas demandas con la intención de silenciarlos. Los periodistas también se enfrentan cada vez más la amenaza de cargos de sedición.

A pesar de los compromisos internacionales del Estado de Honduras de respetar y promover los derechos culturales, los escritores del país han lamentado la falta de inversión en el sector de la cultura y de una política a largo plazo para promover la formación, la producción y la investigación, sobre todo desde el golpe.

Recomendaciones

El gobierno de Honduras debería:

• Reconocer la importancia del periodismo independiente y condenar todos los ataques contra periodistas en los más altos niveles del Estado
• Desarrollar protocolos especializados dentro del Ministerio Público para la pronta investigación de los crímenes contra periodistas, dando prioridad a los vínculos con su profesión, y garantizar los recursos adecuados para la implementación
• Asegurar que todos los fiscales y la policía responsable de investigar crímenes contra periodistas estén formados en derechos humanos
• Publicar un informe sobre las actividades de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida (FEDCV), con detalles de los avances en las investigaciones sobre el asesinato de periodistas
• Mantener a las víctimas y sus familias informadas de los resultados de las investigaciones oficiales en curso sobre los ataques a periodistas.
• Tener en cuenta las preocupaciones de la sociedad civil con respecto a la nueva ley de protección de periodistas y asegurarse de que se aprueba con suficientes recursos financieros, humanos y técnicos para la aplicación significativa por parte de todos los organismos interesados; asegurar que el mecanismo tiene a su disposición los oficiales de policía de buena carácter entrenados en el trabajo de protección de los derechos humanos 
• Adoptar medidas eficaces para mejorar la aplicación de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para los periodistas, incluyendo la creación de un mecanismo de supervisión judicial
• Aumentar sustancialmente los recursos financieros, humanos y técnicos de las instituciones encargadas de la promoción y protección de los derechos de los periodistas, incluido CONADEH, la Sub Secretaría de Derechos Humanos, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y la división de protección de la Secretaría de Seguridad, para que puedan llevar a cabo su trabajo de manera eficaz; asegurarse de que están en comunicación regular y coordinan su trabajo; e implementar un mecanismo de rendición de cuentas para verificar los avances y el cumplimientos de sus responsabilidades.
• Reformar el procedimiento para la elección del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de modo que la decisión final sea tomada por expertos independientes
• Permitir a los medios de comunicación e investigadores, entre ellos el Observatorio de la Violencia, el acceso a las fuentes y las estadísticas oficiales, y asegurar acceso público a cuentas claras de gasto público por sectores
• Revisar la Ley de Secretos Oficiales y Clasificación de la Información para asegurarse de que no se puede utilizar para restringir indebidamente el derecho a la libertad de expresión, que incluye el derecho a recibir información
• Derogar la Ley Especial de Intervención de las Comunicaciones Privadas y asegurar que se revisan todas las prácticas actuales de vigilancia para garantizar que se cumplen las normas internacionales sobre el derecho a la privacidad y la libertad de expresión
• Despenalizar la difamación y derivarlo al ámbito civil
• Asegúrese de que ningún periodista, escritor u otra persona sea discriminado o acosado, ni siquiera mediante la presentación de cargos falsos, a causa de sus opiniones
• Desarrollar e implementar una política nacional con fondos adecuados y no discriminatoria para fomentar la formación, la producción y la investigación en la cultura y las artes en plena consulta con todos los sectores de la sociedad civil
• Firmar y ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC)
• Establecer procedimientos transparentes para la designación, sanción y destitución de los jueces y empleados judiciales
• Acelerar el proceso de investigación de antecedentes de la policía a fin de erradicar la corrupción en todos los niveles de manera oportuna, respetando los derechos de los involucrados
• Prohibir el despliegue de fuerzas militares con fines de seguridad nacional y de aplicación de la ley
• Facilitar con carácter de urgencia la apertura de una oficina de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en Honduras con un mandato pleno 

El descenso a los infiernos continúa para los medios de comunicación hondureños

06 de marzo de 2015.

Cinco años después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, la situación de la libertad de información sigue degradándose en Honduras. El país se encuentra entre los más peligrosos del continente para los periodistas. Reporteros sin Fronteras (RSF) examina la situación tras un inicio de año particularmente preocupante para los actores de la información.

Los actores de la información hondureños siguen trabajando en un clima muy hostil. Los periodistas y los medios de comunicación son víctimas de amenazas, hostigamiento judicial, agresiones y asesinatos. Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), de los 51 asesinatos de periodistas que la organización ha registrado desde 2003 en el país, 96% sigue impune. Quienes investigan temas sobre la inseguridad, las violaciones a los derechos humanos, la corrupción, el crimen organizado y su infiltración en las instituciones públicas corren el riesgo de sufrir represalias.

La impunidad es aún más preocupante dada la hostilidad de las autoridades –incluidas las de más alto nivel– frente a los medios de comunicación. Lejos de garantizar la seguridad física de los periodistas, éstas intentan minimizar la gravedad de la situación, sobre todo negando que los crímenes estén relacionados con la profesión de las víctimas. Tras el asesinato de Erick Arriaga, periodista de Radio Globo, ocurrido el 23 de febrero pasado, las autoridades sugirieron que la víctima estaba vinculada con bandas criminales.

“Reporteros sin Fronteras denuncia la actitud inaceptable de las autoridades frente a los periodistas en el país", señaló Claire San Filippo, responsable del Despacho Américas de nuestra organización. "Éstas no sólo permanecen pasivas ante la violencia no resolviendo casi ninguno de los crímenes cometidos contra el gremio, sino que amenazan el trabajo de los periodistas en cotidiano. Los periodistas críticos del gobierno deben hacer frente a las limitaciones en el acceso a la información pública, a procesos legales indebidos y a amenazas de los representantes del Estado. ¿Cuándo dejará el gobierno de amordazar la información y asumirá su rol de garante de los derechos?, ¿cuándo ofrecerá realmente seguridad al gremio? Ante la falta de protección y de justicia, ¿un periodista hondureño debe vivir con miedo, entre violencia y represión, o debe censurarse?"

Ensañamiento con los medios de comunicación de oposición

Las autoridades muestran una voluntad clara de controlar la información y de amordazar a las voces críticas. Los más afectados son los medios de comunicación comunitarios y los de oposición, como Radio Globo o Canal 36. Se les limita el acceso a la información pública y padecen un encarnizamiento judicial disuasivo, así como numerosas amenazas.

La acreditación de periodistas críticos de la política gubernamental para cubrir instituciones públicas o actos de interés general se ha vuelto problemática en el país. Al director de Radio Globo, David Romero Ellner, y a su colega Rony Martínez, se les negó el acceso a una reunión de los presidentes de Honduras, Salvador y Guatemala, que se llevó a cabo el 26 de febrero pasado. También la cobertura del Congreso es cada vez más restringida. Al parecer el periodista de Globo Noticias Honduras Meridiano, César Silva, y la corresponsal de Reporteros sin Fronteras, Dina Meza, entre otros, son persona non grata. El 9 de diciembre de 2014 RSF envió una carta al presidente del Congreso para resolver este problema, pero las autoridades no respondieron a la misiva. El Estado hondureño no cumple con la Declaración de principios sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recuerda que: “El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho”.

Los medios de comunicación de oposición siguen padeciendo un acoso judicial indebido muy disuasivo. Así, las autoridades hondureñas se negaron a aplicar las medidas cautelares que la CIDH otorgó al periodista de TV Globo Julio Ernesto Alvarado el 5 de noviembre pasado. En diciembre de 2013 se había prohibido al periodista ejercer cualquier actividad relacionada con la difusión de información durante 16 meses tras un proceso por difamación –se le acusó de haber difamado a una exdecana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por permitir una denuncia contra ella.

Reporteros sin Fronteras reitera su inquietud por la actitud hostil de representantes del Estado frente a los medios de comunicación críticos. El 26 de enero pasado el jefe de la seguridad especial del presidente del parlamento, Mauricio Oliva, amenazó al periodista Cesar Silva diciéndole que terminaría un "lanzado en una zanja"; éste también sufrió las intimidaciones de un miembro de la Guardia de Honor Presidencial de las Fuerzas Armadas. El 30 de enero pasado Marvin Ponce, asesor del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, insultó y golpeó en la cara al periodista David Romero Ellner en la cabina de Radio Globo, tras haberlo amenazado de muerte por teléfono. La víspera, el periodista había sido seguido por el comisionado de Policía, Héctor Iván Mejía Velásquez.

Las radios comunitarias, como Radio Coco Dulce y La Voz de Zacate Grande, siguen siendo muy vulnerables a los ataques, teniendo en cuenta la legislación de radiodifusión y telecomunicaciones en vigor. Honduras está lejos de asignar 33% de las frecuencias a los medios de comunicación comunitarios, como lo recomiendan la CIDH y Reporteros sin Fronteras. El 22 de enero pasado la policía intentó allanar la radio comunitaria La Voz de Puca, en La Asomada (departamento de Lempira). El año pasado, en uno de sus programas de radio se había criticado a la pareja presidencial.

Honduras se encuentra en el lugar 132, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras.