El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión, este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Hablando de intolerancia, recientemente se conoció el caso del director del periódico bilingüe “INFOINSULAR” y reportero de canal 27 de Roatán, en el departamento de Islas de la Bahía, José Ramón Romero, quien ha estado siendo hostigado y desprestigiado por el alcalde de aquella ciudad por las investigaciones que ha realizado el periodista, relacionadas a proyectos en desarrollo que no han sido aprobados por la corporación municipal.
En una ocasión, y demostrando grados superlativos de intolerancia, el alcalde de Roatán, Dorn A. Ebanks se refirió a él y su camarógrafo Marlon Rodríguez como “aves de rapiña que comen carroña putrefacta”. Ambos periodistas tienen prohibido el acceso a la alcaldía de Roatán.
El periodista José Ramón Romero comentó a www.pasosdeanimalgrande.com que ha encontrado completa libertad de parte de los propietarios de canal 27 para realizar su labor periodística, pero que esa libertad para indagar e investigar sobre las actuaciones del alcalde de Roatán, lo ha llevado a situaciones bochornosas, “yo he sido uno de los críticos de los gobiernos, no sólo de este gobierno municipal, sino de tres, a los que he criticado por algunas acciones que han hecho, sin embargo en su momento el edil no está en la disposición de ser criticado”.
“Nosotros tenemos un audio en una conferencia de prensa en Roatán, en donde él (el alcalde Dorn A. Ebanks) nos trata de aves de rapiña que comemos putrefacto y de andar buscando solo lo negativo para desprestigiarlo, si hay cosas que él cree que lo están desprestigiando, pues debe demostrar lo contrario; porque cuando usted ejecuta proyectos que no han sido aprobados por una corporación municipal, esos proyectos ya no son legales y dentro de la ilegalidad, la corrupción”, detalló Romero.
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El comunicador social hizo pública su denuncia y responsabilizó al alcalde isleño de cualquier cosa que le suceda a él, su compañero camarógrafo o sus familiares.
Los grados de intolerancia han alcanzado niveles de agresividad nunca vistos contra la prensa crítica y beligerante. No en vano se han enviado denuncias ante organismos internacionales de derechos humanos en vista de la preocupación que existe por la integridad física de los periodistas y comunicadores sociales amenazados.
Consultado sobre el estado de la libertad de expresión en Honduras, José Ramón Romero enfáticamente respondió que no existe. “No existe porque no hay tolerancia por parte de algunas autoridades, yo creo que cuando se dice respetemos la libertad de expresión debe ser en todo su contexto, no diezmada por un pago, por una publicidad, porque el problema más grande que tenemos en Honduras es la pobreza y esa pobreza hace a cualquier comunicador recibir un pago de 10 mil lempiras, de 5 mil lempiras y solo hacen relaciones públicas en su medio, o es relacionador público o es un comunicador social”.
Sin brindar nombres y en su Informe del año 2014, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) registró 6 casos de amenazas, 2 atentados, 2 agresiones, un rapto, 2 asaltos, 3 casos de persecución, 4 limitaciones a la libertad de expresión, la condena contra un periodista, la querella contra un director de noticias, el cierre de un programa radial, la confiscación de un medio de comunicación, y la muerte violenta de 10 personas ligadas a los medios de comunicación.
CONADEH afirmó que la mayoría de las muertes violentas de trabajadores de los medios de comunicación permanecen en la impunidad, es decir se desconocen las causas por la que estas personas fueron ultimadas. VER CUADRO
Wendy Funes |
En otra vía, en lo que tiene que ver con el hostigamiento judicial, Funes citó que hay una teoría que indica que el poder punitivo del estado arrecia cuando no tiene otros mecanismos por los cuales controlar a la ciudadanía, y en este caso se puede ver con las organizaciones civiles y con la prensa cómo el estado está haciendo uso del poder punitivo cuando los periodistas o las organizaciones civiles alzan su voz.
Relativo a aspectos como la censura y a la autocensura que afecta la libertad de expresión, la periodista dijo que “eso es histórico en Honduras, creo que las personas que ya hemos estado en los medios tradicionales de comunicación, sabemos que hay una línea editorial y que ésta línea muchas veces tiene que ver con el interés del dueño del medio de comunicación, entonces solo le queda al periodista autocensurarse. Y también ocurre que los directores de los medios de comunicación por el interés que tiene el dueño le están diciendo lo que no debe publicar”.
Funes resaltó que esta información que no se publica, permanece en silencio, “porque nosotros estamos registrando qué está haciendo el estado en contra de las voces que se levantan, pero no estamos registrando qué pasa desde la empresa privada hacia sus periodistas”.
Sobre el tema el director de Radio Católica, Manuel Cerrato expresó que hay muchos medios de comunicación que están atados, pero también hay otros compañeros que hacen una labor muy grande como los ‘independientes’, creo que estos compañeros a través de sus espacios tienen libertad, pero todos debemos saber que en un medio esa libertad está condicionada en parte.
Al ser preguntado si la publicidad oficial, condiciona al periodista para que no hable mal del gobierno, Cerrato sostuvo que sí, lógicamente, para que haya una libertad de expresión no debemos estar atados, porque un contrato de publicidad lo ata.
En relación a la censura, el periodista dijo que muchos colegas que quisieran hacer un buen trabajo de repente pueden ser amenazados “y muchos colegas no hacen su labor como debe ser cuando de repente reciben una llamada amenazante”.
La libertad de expresión tiene su precio, porque creo que si de verdad existiera libertad muchos compañeros periodistas y muchos comunicadores no habrían perdido la vida, porque entre todos ellos, podría ser que murieron por cosas personales, pero otros pudieran ser por cosas condicionadas, por lo tanto no tenemos una libertad, resaltó el comunicador social.
El sociólogo Pablo Carías citó una frase pronunciada por el presidente de Ecuador Rafael Correa cuando dijo “la libertad de expresión es del dueño de la imprenta”. Si eso empezó a ser una realidad por esa relación de propiedad que se tiene sobre los medios y que es lo que determina la posibilidad de que se pueda hacer una comunicación, se empieza a condicionar.
Pablo Carías |
Es decir aquellos medios de comunicación como recursos de socialización en valores, en aptitudes, de comportamiento humano está desapareciendo, hay una especie de destrucción y se está desconstruyendo esa función que deberían cumplir los medios, apuntó.
Sin embargo Carías destacó que gracias al desarrollo de la tecnología, existen algunos medios alternativos y las redes sociales que cumplen un papel extraordinario, “desde luego que como son redes abiertas, libres, también se abusa y se cae en algunos elementos de vulgarización de la protesta y de la lucha; pero de todas maneras ahí están esos recursos y hay que aprovecharlos”.
Consultado si del papel de algunos medios independientes y alternativos pueden contrarrestar el pensamiento único ejercido por las grandes corporaciones mediáticas, el experto comentó que en el marco de los procesos de globalización, también algo se le ha escapado al sistema y los medios alternativos aun cuando sus recursos tecnológicos no sean tan sofisticados y no haya una gran inversión, con todo el mensaje llega.
“El hecho mismo que se puedan denunciar los actos de corrupción a través de estos medios alternativos, me parece que es extraordinario y hay que valorarlo, y eso debe estar preocupando mucho justamente a los que pretenden negarle la oportunidad de expresarse libremente a los pueblos”, detalló el sociólogo.
En información publicada en Diario El Heraldo en su versión impresa del día 26 de mayo de 2015, el presidente Juan Orlando Hernández en la ceremonia de entrega del Premio Álvaro Contreras que otorga el colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y que este año recayó en la directora de Diario la Prensa, María Antonia Martínez, el presidente Juan Orlando Hernández no ocultó su intolerancia frente a las críticas y la arremetió contra los periodistas independientes.
Hernández dijo frases como: …“Estos seudo periodistas ocultan, tergiversan e invitan en su estado afanoso de incendiar el país, y ustedes saben de qué estamos hablando..”. Y más adelante señaló que:..“Lo que no vale la pena es dañar al país con campañas de desinformación de esos grupos que quieren promover la anarquía y el caos y en donde la primera víctima es el periodismo porque les disminuye la veracidad ante la población. “Estos grupos hieren profundamente al país cuando buscar alejar la inversión y el crédito que le dan al país…”
Casi al mismo tiempo en que se “celebraba el día del periodista”, el propietario de canal 36, Esdras Amado López recibía un exhorto de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) para que cesara en las críticas hacia el gobierno, so pena del cierre de su canal.
El golpe de Estado de 2009 acrecentó las amenazas y persecución contra periodistas y comunicadores sociales independientes que en su ineludible papel de censores y veedores de la conducta de los funcionarios públicos, revelaron en sus agendas informativas actos de corrupción, violaciones a los derechos humanos y venta de la soberanía nacional a consorcios nacionales y extranjeros.
Aunado a esta problemática, ahora desde las propias estructuras del estado se descalifica, se estigmatiza y criminaliza a la prensa independiente.
Sobre los señalamientos expuestos por el presidente Juan Orlando Hernández contra medios independientes, el sociólogo Pablo Carías sostuvo que el problema es que el gobierno en vez de asumir un rol protagónico en función de mantener unida a la sociedad hondureña, lo que se manifiesta en el presidente de nuestro país, es un intento de desmontar todo tipo de crítica.
El gobierno busca desnaturalizar y deslegitimar a la prensa crítica
“Y esto hay que verlo en el marco de una confrontación desde la Casa Presidencial que se está incitando, se quiere desnaturalizar, deslegitimar los puntos de vista de otros sectores de opinión pública, desconociendo que la sociedad hondureña es una sociedad muy heterogénea, es una sociedad con diferentes expresiones, diferentes características y yo creo que ese es uno de los peores errores”, explicó Carías.
Carías agregó que cuando el gobierno hace este tipo de planteamientos, lo que demuestra es su propia debilidad, su propio temor ante la crítica, pero también hay que ponerle mucha atención porque en alguna medida es una amenaza, y no solamente es una amenaza, sino que ya hay algunas acciones y todo esto está apuntando a cerrar algunos medios de manera directa a través de mecanismos jurídicos, pero también cerrarlos a través de una reducción o limitación de las posibilidades de que estos medios puedan tener anuncios.
Ya hay denuncias muy fuertes de que desde la Casa Presidencial, no solamente se les niega a estos medios anuncios, sino que también se llama a los empresarios para que no se les de anuncios, es decir es una intención de asfixiar desde el punto de vista económico a todos estos medios alternativos.
Para la experimentada periodista Wendy Funes (quien laboró en Abriendo Brecha y que ahora lo hace para C-LIBRE), la estigmatización que el propio presidente Juan Orlando Hernández ha hecho con la prensa independiente, “forma parte de varias estrategias que conducen a una política de control de la prensa, porque se quiere de alguna forma –me imagino-, consolidar el poder, y ya esa es una percepción que tenemos, porque no contamos con datos estadísticos, se quiere consolidar el poder y la forma de hacerlo es controlando a la prensa”.
“Se puede controlar a través del discurso, estigmatizando a la gente, amenazando a la gente, intimidándola, acechándola y todos estos patrones nosotros los hemos encontrado, además que ya tenemos registrado este año 5 asesinatos contra periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de medios de comunicación”, resaltó la periodista.
Wendy Funes reveló que recientemente C-LIBRE envió una solicitud al Ministerio Público (MP) para conocer los virtuales avances en las investigaciones de asesinatos de periodistas y comunicadores durante el período 2003 a la fecha, y que la Fiscalía habría informado que apenas 7 de los 55 registrados, han sido resueltos, “por lo menos se ha identificado a los autores materiales, pero que no se señaló a ningún autor intelectual de dichos asesinatos”.
Entretanto y siguiendo la línea de la estigmatización, Roberto Carlos Salinas, miembro de la Junta Interventora nombrada por el poder ejecutivo para investigar los casos de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), señaló a radio Globo, Globo TV y canal 36 de incitar al odio y pretender desprestigiar al partido Nacional con un marcado interés político. Las declaraciones del funcionario fueron transmitidas por los periodistas Marvin Ortíz y Richard Cazulá.
Marvin Ortíz |
“Entonces la libertad de expresión en nuestro país es muy subjetiva, hay instituciones como C-LIBRE que velan por ese precepto mundial de que al periodista no se le coarte la libertad de expresión, pero en un cerco mediático como en el que nos tiene el actual régimen, lamentablemente han llegado hasta estigmatizar y de focalizar a quienes hacen denuncias de corrupción”, aseguró Ortíz.
Ortíz añadió que en sus 6 años de trabajar para radio Globo y Globo TV ha tenido la libertad de expresar sus ideas, de difundir sus notas de acuerdo con la línea periodística de estos medios, pero eso le ha incomodado al régimen, a quienes están gobernando, que después del golpe de estado, la libertad de expresión se ha venido reduciendo al mínimo.
“Entonces la libertad de expresión está condicionada al medio donde tú trabajas, porque si lo haces en medios oficiales o en medios corporativos, igual ellos tienen problemas en algún sentido porque algunas notas pueden ser censuradas y en otros casos hasta autocensura por compromisos que periodistas asumen con el gobierno”.
Ortiz agregó que en los medios corporativos hay temas intocables por intereses económicos que hay en la cúpula empresarial, en el gobierno y los dueños de medios de comunicación y que muchos dueños de medios de comunicación hacen negocios con el estado y por eso hay censura, y autocensura.
Entre tanto el director ejecutivo del Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), Edy Tábora ubicó la libertad de expresión en ‘un estado crítico’, no solo para los periodistas y comunicadores y comunicadoras sociales, “es un momento crítico para el derecho de la libertad de expresión en general”.
Edy Tábora |
Indicó que la violencia de los últimos años desde el 2003 que C-LIBRE ha monitoreado, se registra el asesinato de 55 personas relacionadas con el periodismo y en éstos hay un alto grado de impunidad, en donde más del 92 por ciento de los casos están en completa impunidad, con poca o ninguna investigación y mucho menos judicializados.
Frente a la crítica viene la penalización
El director de C-LIBRE apuntó que otro aspecto es “la gravedad del uso excesivo del derecho penal para callar las voces críticas de funcionarios públicos, cuando los estándares internacionales establecen que el derecho penal no debería utilizarse para censurar a las voces, a las personas que critican el funcionamiento del estado sobre casos de corrupción o algunas otras situaciones y en Honduras es lo que tenemos a la orden del día, cada vez frente a una crítica se utiliza pues el derecho penal”.
Por otro lado Tábora comentó que hay sanciones administrativas para los medios de comunicación por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), donde “tenemos una legislación demasiado restrictiva, una legislación con censura previa establecida desde el establecimiento de la regulación del contenido de las radios comunitarias, luego tenemos un completo arbitrio de la CONATEL en cuanto a todo el funcionamiento de los medios”.
El director de C-LIBRE expuso que en el país “hay un sistema de inteligencia que atenta contra la libertad de expresión, pues los periodistas, comunicadores y comunicadoras sociales o las personas que están tratando de acceder a información en internet, se dan cuenta de que los están vigilando y esa es una restricción que afecta a las personas en cuanto al acceso a la información”.
En ese sentido Tábora expresó que está en vigencia la Ley de Secretos Oficiales en materia de Seguridad y Defensa que atenta contra todo estándar internacional de la publicidad o divulgación de los actos de los funcionarios públicos y la transparencia en la información pública. “Quiere decir que hay una integralidad de la violación a la libertad de expresión ya sea a la función directa del ejercicio o en la búsqueda y transmisión de la información.
¿Desde las estructuras del estado se censura?, preguntamos al entrevistado, y Tábora contestó: Es que tenemos una institucionalidad creada para la censura, es decir desde las normas y además desde las instituciones porque el ejercicio del periodismo y los comunicadores y comunicadoras sociales es la búsqueda de la información para transmitir esa información, y si la institucionalidad y las leyes establecen censura previa a la búsqueda de la información, el estado completamente viola la libertad de expresión y además el hecho que el estado no investigue los casos relacionados con el asesinato de periodistas implica una violación a la libertad de expresión, porque esa es una intimidación directa frente al ejercicio de la libertad de expresión.
“Los estándares internacionales indican que toda muerte de un periodista, un comunicador o comunicadora social, implica la presunción de que fue en el ejercicio de la libertad de expresión, entonces el estado debe investigar para desvanecer esa presunción y además para cumplir con su obligación como cualquier otra persona, de investigar cuando se comete un delito contra la vida”, explicó el defensor de derechos humanos.
“Terror y miedo son los elementos que se han tratado de imponer”
Por su parte el director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Wilfredo Méndez, dijo que el estado de la libertad de expresión se desarrolla bajo terror y bajo miedo. “Terror y miedo son los elementos que se han tratado de imponer, pero que no han logrado su cometido, y a pesar de que se ha pagado con sangre y con dolor, creo que la libertad de expresión continúa siendo uno de los retos más importantes, pero que tiene abanderados y abanderadas en el país, que hacen entonces que la sociedad tenga esperanza”
Wilfredo Méndez |
“Eso no es de extrañar pero lo más importante en este contexto es que sencillamente frente al verse descubiertos, ellos van con todo, y no les importa el daño que puedan causar, no les importa si esa criminalización y ese señalamiento que hacen, pueda terminar hasta en un hecho trágico.”, advirtió el defensor de derechos humanos.
Méndez señaló que aquí hay un elemento de irresponsabilidad absoluta del gobierno, pero yo creo que ese punto no les importa, creo que ahora están en un momento de desesperación que puede ser más peligroso.
“En los últimos tiempos hemos tenido los defensores de derechos humanos con más autoridad que yo, donde los agentes del Estado han generado no solo un proceso de persecución, sino de observación permanente, hay líderes sociales que pierden la intimidad completamente, el derecho que tienen a vivir en paz, hay intervención de teléfonos, observadas sus casas, no hay forma de que defensores de derechos humanos y otros líderes sociales puedan tener algún elemento de tranquilidad, y en los últimos años hemos visto afortunadamente una prensa independiente”, expuso el defensor de derechos humanos.
Y añadió que “hemos visto una prensa que incluso ha marcado pauta, mire usted el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) es la prensa independiente que marcó la pauta de la discusión pública y hubo una prensa que se presta a los juegos del gobierno, que trató de tapar todo esto, pero no pudo; generó un movimiento social extraordinario incluso arrastrando o haciéndose acompañar de las personas que el algún momento tenían un nivel de indiferencia frente a los elementos de reivindicación social”.
Eso lo ha logrado una prensa independiente, pero esta prensa independiente ha estado bajo bala, fuego y dolor con muerte de muchos periodistas, sin embargo la prensa no se ha detenido y a pesar de los ataques que ha hecho el propio presidente de la República y que han hecho otros ministros, la prensa continúa y “yo creo que ese elemento de intimidación, ese elemento de acorralamiento no ha funcionado y a estas alturas no les va a seguir funcionando”, aseguró Méndez.
Frente a la persecución de que son víctimas periodistas y comunicadores sociales, el diputado Rasel Tomé demandó la aplicación de la Ley de Protección para Periodistas, Comunicadores Sociales, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia. “Aprobamos esa ley con todas las bancadas y ¿qué pasa que no la cumplen?, ¿qué está esperando la Secretaría de Gobernación y Derechos Humamos para imponer ya el mecanismo de las medidas de protección?, ahí están las normas y dice claramente, que cuando un comunicador social, cuando un periodista, cuando un abogado, cuando un defensor de derechos humanos, cuando un fotógrafo, cuando un camarógrafo reclame protección por temor a su vida, deben de tomarse las medidas de protección”.
Como lo expresó el director de C-LIBRE, Edy Tábora, a los funcionarios no les interesa despenalizar los delitos de calumnia, injuria y difamación, porque saben que es una arma para callar las voces críticas en el país y deshacerse de esa arma, sería una situación compleja, pero “pese a ello creo que los periodistas y las periodistas han sido valientes en denunciar casos de corrupción y al despenalizar, hay una mayor apertura para la crítica y lo que se puede observar al no acatar los estándares internacionales, es que no están dispuestos los funcionarios y las funcionarias públicas, a que haya una mayor apertura a la democratización de la palabra.
Lo que las Naciones Unidas dice es que debe fomentarse una ética periodística para que haya una auto regulación en el ejercicio de la libertad de expresión, es decir que no exista de parte del estado la represión sino que fomentar, promocionar esa libertad con las debidas auto regulaciones; porque la libertad de expresión debe ser plural, abierta y democrática para el acceso de la ciudadanía para expresar lo que siente y lo piensa y quien más que los periodistas, las comunicadoras y los comunicadores que sean el medio o la vía de acceso a la colectividad de la libertad de expresión, enfatizó el director ejecutivo de C-LIBRE.