Aunque la Ley de Protección de Defensores y defensoras de derechos Humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, fue diseñado para brindar seguridad a estos sectores y protegerlos de los abusos de poder, en la actual configuración de la instancia, el presidente de la República Juan Orlando Hernánde, tendrá un “un control indirecto”, pues la mayoría de las instituciones del Estado involucradas en esa estructura dependen directamente del mandatario.
Esta conclusión es parte de la investigación que realizó Edwin Alexis Laitano previo a optar al título de abogado en la Universidad Tecnológica Centroamericana, CEUTEC, de carácter privado, bajo el nombre de “Análisis y perspectiva de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia”.
Para Laitano Herrera en la configuración que tienen el Sistema Nacional de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia “se ve a todas luces que el Poder Ejecutivo desempeñado por el Presidente de la República va tener un control indirecto a pesar que no está involucrado en dicho sistema, y por consiguiente el mismo Poder Ejecutivo termina concentrando el poder y realmente se ve un ventajismo”.
En el documento se señala que en el caso que haya agresiones y violaciones de derechos humanos y que se documenten los indicios y las denuncias en contra del Poder Ejecutivo, será difícil que se deduzcan responsabilidades porque habrá falta de independencia funcional, administrativa y presupuestaria.
La investigación de este proyecto de tesis fue publicada este 15 de julio del año en curso y para sustentarla el proyectista llevó a cabo entrevistas con diferentes actores de la sociedad hondureña entre ellos de ONGS y del Estado hondureño, las últimas al hablar de su rol en este contexto de violaciones a los derechos humanos, justifican su inoperancia en las entrevistas, mientras que las personas entrevistadas por parte de las organizaciones de derechos humanos tienen posturas muy críticas al señalar las debilidad de la Ley de Protección, entre ellas el desequilibrio que existe en la representación, la cual está copada por el Estado de Honduras.
Para atacar esa debilidad Laitano Herrera propone una unidad entre organizaciones de sociedad civil con el objetivo de hacer una alianza de fuerza con otros actores como las autoridades académicas de todas las universidades ya sean públicas o privadas dentro del territorio nacional, para hacer un frente común con el fin de presionar a las autoridades competentes para que se lleve a cabo una reforma legislativa de forma consensuada y se reforme el artículo número 21 de dicha normativa para el involucramiento de más sectores de la sociedad civil como los campesinos, mujeres, etnias, la comunidad LGTBI, sindicalistas, entre otros.
También propone una reforma legislativa al artículo 65 de tal Ley para que se incluya la cantidad cuantificada que asigna el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Finanzas y se establezca un Portal de Transparencia para que el usuario tenga acceso a ver el destino de dichos fondos sin ninguna secretividad y confidencialidad de parte de las autoridades .
Asimismo para Laitano Herrera es necesario que se cree una Unidad Especializada en la defensa de los derechos humanos y dentro de ella funcione un equipo de acción inmediata y con toda la logística, habilitación de una línea directa de respuesta de emergencia las veinticuatro (24) horas.
También que las personas que atiendan los casos de amenazas a los sectores contemplados en la Ley, sean personas altamente calificadas en materia de derechos humanos que no provengan del sector gubernamental y que dicha Unidad tenga sus funciones dentro del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADEH, que tiene sedes en los dieciocho departamentos.
Propone además que se habiliten dormitorios para aquellos beneficiarios o sus familiares que estén siendo amenazados y corran inminente peligro.
En cuanto a los fondos para implementar esta Ley dice que deben provenir de donaciones o aportaciones de organizaciones internacionales, embajadas de países amigos, personas naturales o jurídicas, entre otras, para que el Estado de Honduras no controle dichos fondos sino que se tenga una cuenta especial en el CONADEH.
Recomienda que el Reglamento debe de ser aprobado prontamente por los legisladores y legisladoras del Congreso Nacional antes que entre el año político del 2017, ya que no podría estar en la agenda legislativa, y se debe evitar que se politice.
Por otro lado señala que “es muy importante que se siga una manteniendo un análisis y evaluación constante ya sea a trimestral o anualmente de la Ley de Protección a las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia por parte de las Organizaciones No Gubernamentales para que sea efectiva.
Es el primer trabajo de investigación que se realiza desde una universidad sobre el tema, se espera que esta iniciativa incentive a otras universidades, en especial las de caracter público para que la academia tenga una parte importante en la construcción de este ordenamienro jurídico tan necesario en estos momentos que Honduras vive una crisis de derechos humanos.
Lea el proyecto de tesis completo AQUÍ
