El período previsto para aplicar nuevo Código Penal en Honduras es para el 20 de mayo de este año. En la cuenta regresiva faltan tres meses. Esta ordenanza judicial preocupa a varios sectores de la sociedad por considerar la misma como lesiva para los derechos individuales y colectivos de la sociedad hondureña.

Este código fue aprobado en el Congreso Nacional en enero del año 2018 y su texto publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 14 de mayo de 2019. La presión nacional e internacional hizo que el período de vacatio Legis se prolongara hasta mayo de este año, porque estaba programada su aplicación para noviembre de 2019.

Sin embargo ya no habrán más prórrogas según ha circulado, ya están capacitando a jueces del Poder Judicial para que procedan a implementarlo en cuanto llegue el 20 de mayo.

En el texto jurídico se tipifican como “Delitos contra el Orden Público”. El primer capítulo se refiere al atentado, resistencia y la desobediencia en los artículos 570, 571 y el 572.

“Es responsable de atentado contra funcionarios. Quien intimide, haga resistencia activa grave o emplee la fuerza en contra de ellos, cuando se encuentran en el ejercicio de sus funciones o como consecuencia del mismo, se castigará como autor del delito, con las penas de uno a tres años y una multa de 100 a 300 días”, señala el texto..

En el artículo 571 se habla de “Punición de actos Preparatorios”, a la conspiración, proposición o provocación a un delito de atentado que debe ser castigado en su caso, con la pena correspondiente disminuida en un tercio.

El abogado del Comité por la Libertad de Expresión, C-Libre, Mario Rojas, expresó que de acuerdo al artículo 570, del nuevo Código Penal,  que contiene el delito de atentado, si se interpreta como está escrito “podría criminalizarse el hecho de hacer una reclamación a un funcionario por una cuestión de orden público”.

El ejemplo que Rojas describe es si una comunidad está inconforme con alguna situación y le reclama al alcalde en la calle, esto podría ser tomado por esta figura como un atentado, porque el tipo penal establece que se acomete contra la autoridad, funcionarios o empleados estatales.

El abogado explicó que el término de intimidación es muy amplio y el acto de protestar puede considerarse una intimidación. El carácter penal de este articulo deja demasiada abierta la interpretación de quien diga sentirse vulnerado en este derecho como también los jueces porque al leer el código se le aplica lo ya establecido.

Rojas detalló que el delito concerniente a la desobediencia en otros países ha sido despenalizado y no se ejerce una acción penal porque no tiene trascendencia jurídica como tal y la falta es llevada por otro procedimiento.

Conforme a la Punición de actos preparatorios la acción de plantearse la posibilidad realizar un reclamo hacia las autoridades también será penalizado acorde con este nuevo código una vez en aplicación.

A criterio del togado cada vez todas las acciones de la ciudanía serán criminalizadas para tener un control sobre la misma.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, OACNUDH, hicieron un llamado al Estado hondureño a revisar las normas a las que se refiere el nuevo Código Penal durante la Vacatio Legis, esto de acuerdo a los estándares y compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por Honduras.