En Honduras, la calidad de la información pública pasa por la apatía de los titulares de las instituciones obligadas para acatar las disposiciones de la Ley de Transparencia y por la falta de severidad del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en hacerla cumplir.

En los aproximadamente 425 portales de transparencia de instituciones públicas obligadas, muy pocos difunden información completa y de calidad que permita a la ciudadanía a realizar un seguimiento de cómo se gastan sus impuestos.

Para mantener un control y hacer respetar la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública (LTAIP) el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) maneja una plataforma de portales únicos que aloja alrededor de 425 sitios web de instituciones centralizadas, descentralizadas y alcaldías.

Los portales tienen un diseño estándar con los mismos componentes y vínculos que deben mantener actualizados las entidades que manejan fondos públicos, así como aquellas Organizaciones no Gubernamentales que reciben donaciones del exterior.

La LTAIP se aprobó en el año 2006 mediante decreto legislativo 170-2006 publicado en La Gaceta el 30 de diciembre de ese mismo año, luego fue reformada mediante decreto legislativo 64-2007 publicado en La Gaceta el 17 de julio de 2007.

Esta legislación nació bajo el espíritu de que ayudaría a combatir la imperante corrupción en el país, sin embargo 14 años después, el IAIP entidad responsable de hacerla cumplir no ha logrado que las instituciones obligadas divulguen de oficio información oportuna que permita a la ciudadanía saber cómo realmente se gasta el dinero público.

Las páginas electrónicas alojadas en la plataforma del portal único presentan seis componentes: estructura orgánica de la institución, planeación y rendición de cuentas, finanzas, regulación, participación ciudadana y enlaces.

En la estructura orgánica, las instituciones deben publicar su organigrama, funciones, atribuciones por unidad administrativa, servicios prestados, información catastral, registro público y el nombre del oficial de transparencia. La mayoría de portales cumple este parámetro.

La falencia significativa en los portales está en el componente de rendición de cuentas y finanzas, en especial lo concerniente a programas, proyectos, licitaciones, compras, contratos y liquidación de gastos, que es donde se produce el mayor nivel de corruptela y opacidad gubernamental.

El artículo 13 de LTIAP ya establece cuál es la información de carácter pública que las instituciones están obligadas a divulgar de oficio y actualizar permanentemente en sus medios electrónicos. Su inciso 9, obliga a las instituciones estatales a divulgar de oficio las contrataciones, concesiones, venta, subasta de obras, convocatorias a concurso, licitaciones de obras públicas y suministros, los contratos de consultoría, las actas de apertura de ofertas y adjudicaciones, ampliación de prórrogas, y declaración de compras directas, así como sus resultados.

Pero muy pocas entidades estatales cumplen a cabalidad con este aspecto. La mayoría solo sube a su página electrónica los llamados a licitación, términos de referencia, adendum, otras llegan hasta la recepción de ofertas, ninguna presenta la documentación del proceso completo hasta la entrega del contrato de adjudicación de las obras o proyectos.

Lo que si se divulga son aquellos contratos de menor cuantía entregados a personas o microempresas. En la parte financiera es confusa, colocan su presupuesto anual, como se gastará, pero no hay información clara y precisa de liquidación de gastos.

Pasos de Animal Grande evaluó varios portales de transparencia y encontró que en lo referente a rendición de cuentas del dinero público los formatos y la forma de presentar la información, lo hace poco digerible y comprensible para los ciudadanos desconocedores del tema económico, dificultando así a la ciudadanía seguir la pista del dinero público. Hace diez años la lectura no era tan complicada para los usuarios comunes.

Casa Presidencial, desde donde el presidente Juan Orlando Hernández, habla de un gobierno abierto a la transparencia y castigo a la corrupción, es la primera institución en no cumplir con el inciso 9 del artículo 13 de la LTAIP. El portal de casa de gobierno es muy pobre en transparencia y abundante en opacidad, pero el IAIP lo califica de excelente.

Igual sucede con otras instituciones como la Secretaría de Defensa, que en el 2019 manejó un gigantesco presupuesto de 8,530 millones de lempiras y para el ejercicio fiscal 2020 le aprobaron 8,477 millones. Sin embargo, en su portal apenas divulgó los avisos a licitar, obviando la documentación del proceso y de la adjudicación. En el área de gastos su información es confusa y no digerible para un ciudadano común. El IAIP no resuelve al respecto.

El IAIP “no ha hecho gran cosa”

Leo Valladares Lanza uno de los impulsores de la LTAIP

Para el analista Leo Valladares Lanza, redactor de la LTAIP que impulsaron los fundadores del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), entre los años 2003 y 2006 con apoyo de la cooperación sueca, consideró que después de 14 años de vigencia esta normativa muy poco ha servido para detener la corrupción en el país, no por la ineficacia de la legislación, sino por la falta de aplicabilidad.

“Si queremos transparencia necesitamos acceso a la información pública en todas sus etapas”. El IAIP “no ha hecho gran cosa, pero valdría la pena ver el movimiento que realiza para hacer cumplir la ley”. En las evaluaciones a casi todas las instituciones obligadas les da cien puntos con una mención de que son instituciones totalmente abiertas, pero cuando uno revisa lo que publican es una información sin calidad, señaló Valladares.

Son poquísimas dependencias estatales como la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep) que se acercan a un buen cumplimiento de la divulgación de la información ordenada en el artículo 13 de la LTAIP. Esta publica en su sitio de transparencia las licitaciones y contrataciones, en muchos casos de manera completa, desde el llamado a participar hasta la adjudicación del proyecto, así como las contrataciones directas, enlazando su sitio con Honducompras.

Igual, sucede con la Comisión Nacional Pro-Instalaciones Deportivas (Conapid) que en su portal divulga las contrataciones directas para construcción y mejoramiento de instalaciones deportivas a nivel nacional, e incluso los contratos de publicidad con medios de comunicación y cronistas deportivos.

Contrario a su par, la Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (Condepah) cuyo registro de licitaciones está lleno de notas aclaratorias de que no realizaron este tipo de proceso, y en la parte de compras apenas divulga algunas facturas de compra de boleto para su personal viajero y para entrenadores que vienen de otro país.

Algunas instituciones como Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H) cuenta con su portal de transparencia y la página electrónica institucional. Esta muestra información de mayor interés para la ciudadanía en su página institucional que en su portal de transparencia.

Otra entidad estatal que tiene una página web institucional y un portal de transparencia dinámico, actualizado, y con información de interés para la ciudadanía es la Secretaría de Finanzas, incluso es la única que muestra una mayor proactividad en facilitar otra información más allá de la que establece la LTAIP. Pero esto respecto a su presupuesto anual y no a los más de 100 mil millones de lempiras del Presupuesto General de la Nación que manejan las instituciones.

La situación en los portales de las alcaldías es igual. En la del Distrito Central (AMDC) la mayor parte de los procesos de adquisición está incompleta. Cuando se trata de las grandes obras de infraestructura, lo que muestra son los números de expediente de cada proyecto sometido a licitación, adendum, términos de referencia, pero muy pocas actas de recepción de ofertas y menos las actas de adjudicación.

Lo que si se divulga son los pequeños contratos a microempresas de limpieza, chapeo, así como algunos resúmenes de obras de mitigación de riesgo entregadas a ciertas constructoras.

Algunos de los documentos publicados en los portales permiten a los periodistas, investigadores sociales y veedores, dar seguimiento a las licitaciones y compras mediante una solicitud de información ante la entidad obligada ya sea a través de Sistema de Información Electrónico de Honduras (Sielho) o directamente al OIP de la dependencia.

Sielho existe desde el año 2014 para facilitar el derecho al acceso de la información y durante la pandemia estuvo sin funcionar más de 15 días.

IAIP no entrega información pública

La Ley dice una cosa pero la tolerancia a la opacidad deja clara otra cosa

De acuerdo con el periodista Robert Marín García, uno de los frecuentes usuarios de la LTAIP, la efectividad de esta normativa no está tanto en los pobres contenidos que la mayoría de instituciones publica en sus sitios digitales, sino en la falta de conocimiento público sobre la respuesta estatal a las solicitudes de información que realiza la ciudadanía y si ésta se ha empoderado de la ley.

Pasos de Animal Grande presentó en el IAIP una petición de información pública para conocer si en la ciudadanía ha aumentado o disminuido la cultura de presentar solicitudes de información pública en las instituciones obligadas, cuáles son más sometidas al escrutinio, cuántos recursos de revisión se han interpuesto, cantidad de reserva de información pública y otra información de interés ciudadano. Transcurrió un mes y el IAIP entregó el 40% de la información pública solicitada.

No facilitó la cantidad ni a qué instituciones le ha aprobado solicitudes de reserva de información, los recursos de revisión interpuestos y cómo los ha resuelto. En el pasado esa información histórica de interés público estaba disponible en el portal del IAIP, no así en la actualidad.

De la información facilitada se concluye que de 2014 a 2019 las instituciones obligadas han recibido 16,252 peticiones de información pública. El IAIP no especificó si éstas fueron atendidas o no de manera favorable al peticionario. Las dependencias con más solicitudes son las secretarías de Salud y Educación, Poder Judicial, Finanzas, Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Ministerio Público y otras.

Para el periodista García, son los peticionarios de información pública los que junto a un equipo de cuatro abogados que tiene el IAIP para atender los reclamos, los que están empujando el cumplimiento de la ley, de lo contrario, los funcionarios estatales estarían muy cómodos manejando y ocultando la información pública.

En época de pandemia varias instituciones no atendieron las peticiones de información pública porque muchas todavía están en cuarentena.

En un reciente taller con periodistas coordinado por la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, sobre acceso a la información pública, se abordó el tema de la presentación de peticiones de información y seguimiento, discutiéndose con los participantes una serie de falencias al momento de redactar una solicitud, la cual debe ser clara y precisa con el fin de evitar una denegatoria por parte de los entes obligados.

Para evitar obstáculos en el acceso a la información pública y al derecho a una respuesta efectiva se recomendó a los peticionarios leer los 39 artículos de la LTAIP ya que esto le permitirá conocer el proceso para tener acceso a un documento, comenzando desde la presentación de la petición, seguimiento en los plazos establecidos, entrega, presentación del recurso de revisión si es necesario, o irse en amparo ante la Corte Suprema de Justicia, en última instancia.

En el conversatorio, los periodistas del interior del país indicaron que con frecuencia enfrentan problemas porque las instituciones no entregan la información solicitada. Ellos están de cara a un panorama más sombrío de acceso a la información pública.

En primer lugar, porque necesitan capacitarse sobre la LTAIP, la veeduría de cumplimiento del Artículo 13 y cómo presentar peticiones de información pública y el respectivo seguimiento y en segundo, porque hay funcionarios municipales y públicos del interior del país que consideran como un favor la entrega de la información pública solicitada.

Los comunicadores señalaron que los funcionarios edilicios se resisten a dar detalles sobre la inversión en obras, el destino de los recursos para COVID-19, la distribución de las raciones de alimentos (esto porque hay denuncias) y otra información de interés público.

Incluso, grupos de mujeres organizadas han querido profundizar sobre el desarrollo y eficacia de los proyectos dirigidos a este sector , pero también han tenido complicaciones

Participación ciudadana

Otro aspecto en los portales únicos, es que también tienen el componente de participación ciudadana, pero todos carecen de esta; en lo que respecta al de enlaces, éste lleva a las páginas institucionales de diferentes dependencias gubernamentales.

Asimismo, la plataforma única del IAIP no es amigable, parece un laberinto en el que a un ciudadano con poca expertiz en tecnología le resulta difícil monitorear el manejo de los fondos públicos, así como eficientar el seguimiento ciudadano del dinero público como una forma de exigir rendición de cuentas de lo público.

Vigilancia y verificación

La abogada Delmys Marlene Chávez, quien por diez años fue Oficial de Información Pública (OIP) de la Secretaría de Educación, sostuvo que los portales de transparencia cargan con lo que los OIP les pone, “pero de que la información sea genuina, muchas veces no lo es”.

Los OIP reciben de la gerencia, de la secretaria o el despacho de un ministro la información y así se sube al portal “creyendo que es veraz, pero muchísimas veces la información no es veraz”, recalcó.

Calificó que la calidad de la información que se divulga, en el área de rendición de cuentas, pasa por la apatía y la falta de apoyo y de cumplimiento de los titulares de las instituciones, la inexistente o poca aplicación de las sanciones por parte del IAIP a los responsables de las entidades estatales, a quienes simplemente se les manda una nota de reclamo y nada más, pero no hay sanción pecuniaria.

Para hacer cumplir la normativa de transparencia, el IAIP dispone de un equipo legal que conforman cuatro profesionales del derecho, más los tres comisionados titulares que temprano o tarde le darán una respuesta ya sea dando con lugar al reclamo o denegando el recurso de revisión.

El recurso de revisión es el medio de impugnación ante el IAIP contra una decisión de una institución obligada denegando la información pública a un peticionario. La ley ni el reglamento establece con precisión en cuánto tiempo el pleno de comisionados debe dar una resolución a un recurso de revisión, por eso hay reclamos de esta naturaleza con respuesta tardía, dijo García.

Pasos de Animal Grande consultó al IAIP cuántos recursos de revisión ha recibido y resuelto, así como qué instituciones son las que más deniegan información a los ciudadanos y las sanciones aplicadas, sin embargo, ya transcurrieron dos meses y la dependencia encargada de hacer cumplir la LTAIP sigue sin dar respuesta a esta petición.

El artículo 22 de la LTAIP establece que las autoridades están obligadas a dar protección y apoyo a los periodistas en el goce del derecho de acceso a la información pública, pero esto no se cumple en las entidades obligadas ni en el mismo IAIP que no entrega información sobre recursos de revisión ni el total de solicitudes de información que ha declarado reservada y a qué dependencias.

Para dar seguimiento al cumplimiento de la LTAIP en los sitios de Internet, el IAIP tiene una Gerencia de Verificación y Transparencia (GVT) que se encarga de evaluar el cumplimiento del artículo 13 y la calidad de información que se divulga clasificándola en completa, veraz, oportuna y adecuada.

El nivel de cumplimiento, según una evaluación realizada por el IAIP, entre enero y junio de 2019, a 304 instituciones obligadas, se clasifica de excelente a la nota del 100%, bueno de 90 a 99 por ciento, malo de 70 a 89% y deficiente de 0 a 69%. El informe publicado en septiembre del año pasado establece que de las entidades evaluadas 145 obtuvieron una calificación de excelente, 29 con calificación de bueno, 23 con calificación de malo y 107 con calificación de deficiente.

Ese informe está basado en la divulgación de la información durante la emergencia de la Covid-19. Aquí se evaluaron a 305 entidades entre las centralizadas y descentralizadas, incluyendo también a las 298 municipalidades. 80 recibieron la calificación de excelente, 60 de bueno, 32 de malo y 133 de deficiente.

Una de las conclusiones del informe señala que “se observa en general un bajo interés en el cumplimiento de la LTAIP por parte de las instituciones obligadas, siendo este de un 63% para las municipalidades y 94% para la administración centralizada, descentralizada y no desconcentrada”.

Pero lo anterior sólo queda como texto de un informe porque el IAIP no ha informado sobre la aplicación de sanciones por irrespetar la ley.

Las instituciones obligadas que reflejan un menor grado de interés de cumplimiento a la LTAIP muestran deficiencias en la información que corresponde a los apartados de planeación y rendición de cuentas, específicamente en compras, y contrataciones, esto por la falta de publicación en el portal de transparencia de los procesos (documentos) completos que realizaron en el marco de la emergencia.

Al revisar los informes de evaluación del IAIP se puede constatar que la deficiencia en el cumplimiento de la LTAIP no solo se ha dado en el marco de la pandemia del coronavirus, sino que ha venido ocurriendo a través de los años y así lo manifiestan también los usuarios de esta normativa.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) es el órgano vigilante del cumplimiento de la ley, que en el pasado evaluaba este indicador y divulgaba los resultados. En la actualidad no se visibiliza esa vigilancia.

Las organizaciones ciudadanas y periodistas que en el pasado estaban pendientes del cumplimiento de la LTAIP, también han disminuido esa veeduría, así como el trabajo de empoderamiento ciudadano del derecho a recibir y buscar información pública.

Los portales de transparencia no indican que las instituciones son transparentes, sino que cumplen la ley al visibilizar información que permite a la ciudadanía seguir la pista del dinero público y desarrollar procesos de rendición de cuentas de lo público que equivalen al monitoreo y vigilancia de los servidores públicos en términos de eficacia y transparencia en la gestión.

Solicitudes de información por año presentadas en las instituciones obligadas

 

Vínculos de informes citados

Informe de la verificación de la información de oficio en portales de transparencia de las instituciones obligadas lea Aquí 

Informe de la verificación de la información de oficio en portales de transparencia de las instituciones obligadas durante la emergencia covid-19  lea Aquí