Betty Vásquez, coordinadora general del Movimiento Ambientalista SantaBarbarense , explicó que la organización que nació desde las bases populares en defensa del ambiente ha tenido muchas limitaciones provenientes principalmente desde políticos y empresarios que han obstaculizado el derecho de asociación y reunión con la criminalización, hostigamiento, amenazas y agresiones.

Esta organización surgió en el año 2011, en un contexto de afectaciones por el modelo extractivo que se instaló en Honduras. Después del golpe de Estado el departamento de Santa Bárbara aparece entre los lugares en el país que tienen  mayores concesiones mineras,  campesinos, pequeños productores, comunicadores sociales y otras personas que ya habían estado en espacios organizados conformaron el movimiento.

Las estrategias para socavar

Hay sectores políticos que tienen una campaña de desprestigio contra algunos miembros de la organización, promoviendo como discurso “que les gusta lo verde, pero el dinero verde”, refiriéndose  al dólar porque argumentan que la protección  ambiental debe ser amistosa y pacífica en la  que las actividades sean poner letreros que digan “bote la basura en su lugar”, y  que no se interfiera  en sus intereses económicos, explicó Vásquez.

En la zona de El  Mochito,  en el Municipio de las Vegas, siempre en el departamento de Santa Bárbara, desde 1948 es una de las más explotadas por la empresa "Rosario Resources Corporation". Allí  quitan y ponen alcaldes y diputados en beneficio de la empresa, según las versiones de algunos sectores, En 1998 con el Huracán Mitch y en el 2020 con los huracanes ETA y IOTA, las comunidades cercanas sufrieron los efectos de la mina por la vulnerabilidad del suelo, algunas desaparecieron.

También la organización tiene contabilizados ocho  aserraderos en la región,  algunos se abastecen de reservas protegidas, así como la caficultura, una azucarera que provocó el deslazamiento forzado de agricultores para sembrar la caña, esto provocó daños ambientales severos, mientras dos proyectos mineros y monocultivos que afectan el Río Ulúa y Chamelecón, agregó la defensora.

Las personas defensoras del MA  han afrontado criminalización, hostigamiento, amenazas y agresiones, así como campañas de desprestigio. La última de éstas  fue dirigida hacía la entrevistada,  a quien responsabilizaron de daños provocados por los huracanes que arrasaron con casas y cultivos, la acusación contra ella es que eso ocurrió por haber evitado la implementación de hidroeléctricas.

Betty Vásquez detalló que un comunicador  dijo que ella tenía la culpa porque las empresas hidroeléctricas habrían retenido el agua, algo ilógico debido a que  ni las represas de otros sectores lograron interrumpir las inundaciones y que los efectos de los desastres naturales solo pueden ser tratados con políticas públicas que benefician a quienes son afectados.

Asimismo agregó que el MAS seguirá ejerciendo el derecho a la asociación y reunión, con estrategias ante  la emergencia por Covid-19, porque las empresas no han detenido el funcionamiento, ni las instituciones el otorgamiento de concesiones y las organizaciones si fueron limitadas por los decretos de emergencia que conculcaron derechos fundamentales.

El artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, estimula que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, sin embargo aunque Honduras es suscriptor de esta declaración, la misma no es respetada.