Los periodistas de Santa Bárbara, Roger David Iraheta, de Canal 6, Onán Zaldivar de Patepluma Televisión y Edward Fernández, de Tv Mas, canal 26, fueron detenidos a eso de las 5 y 30 p.m de este 01 de abril de 2020, mientras cubrían una protestas de pobladores que tienen retenes en la zona para controlar el paso de vehículos de San Pedro Sula, por temor a ser contagiados con el Covid-19. A los  comunicadores les quitaron su equipo de trabajo y les borraron el material que documentaba los abusos policiales contra la población, según denunció la Red de Periodistas y Comunicadores Sociales de Santa Bárbara.

Walter Molina, representante de esta red denunció ante la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, este abuso y dijo a pasosdeanimalgrande.com que se trataba de una violación al ejercicio periodístico y a la libertad de expresión e información.

De acuerdo al relato de los hechos por Molina, los pobladores de Santa Bárbara días atrás habían estado coordinando con la policía, pues el objetivo era que no podían dejar entrar vehículos de San Pedro Sula por el temor al contagio, sin embargo un oficial de apellido Álvarez manifestó que iba a dejar pasar a todo mundo, y la población por eso realizó el plantón, llevando volquetas con tierra para obstaculizar el paso.

Irrumpieron en vivienda para capturar a periodista

Se denunció también que la policía irrumpió en una vivienda en Gualjoco, Santa Bárbara, donde se había refugiado el periodista Edward Fernández después del desalojo y rompieron los enseres de la habitación donde él se encontraba y capturaron

La Red de Periodistas y Comunicadores Sociales de Santa Bárbara está muy preocupada por esta serie de abusos que ponen en precario la integridad de los periodistas para ejercer su labor.

A través de un Decreto Ejecutivo se han suspendido garantías constitucionales desde mediados de marzo y decretado un toque de queda absoluto para todo el país, como medida para contener el virus, pero la población está denunciando que los cuerpos represivos del Estado están abusando de su autoridad y cometiendo vejámenes contra las personas que protestan ya sea por falta de comida o porque están haciendo uso de la soberanía comunitaria para protegerse ante la pandemia.

La ASOPODEHU ha informado al Consejo de Protección sobre las detenciones y denunciado a varias organizaciones internacionales como Pen International y Article 19, el caso y están haciendo acciones para demandar la liberación.

Reporteros Sin Fronteras ha publicado un twitt donde denuncia el hecho y señala que estará pendiente del caso:

Al cierre de esta nota se conoció que los tres periodistas están en la posta policial de La Ceibita, aldea de Santa Bárbara y ya ha llegado el Ministerio Público porque hay más de una decena de personas detenidas junto a ellos, y aparentemente les quieren abrir juicio por daños a una patrulla policial.

Es una constante este tipo de acciones de la policía y del Ministerio Público cuando abren juicios en el marco de la protesta social y donde los periodistas que ejercen su labor para informar a la sociedad son echados en el mismo saco violentando con ellos tratados y convenios internacionales de libertad de expresión e información.

En la Declaración conjunta sobre violencia contra periodistas y comunicadores en el marco de manifestaciones sociales, emitida el 13 de septiembre de 2013, el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank La Rue, y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Catalina Botero, sobre las manifestaciones en América Latina, observaron que "Los ataques contra periodistas que cubren estas situaciones viola tanto el aspecto individual de la libertad de expresión —pues se les impide ejercer su derecho a buscar y difundir información, y se genera un efecto de amedrentamiento—, como su aspecto colectivo—pues se priva a la sociedad del derecho a conocer la información que los periodistas obtienen".

Por esta razón, las relatorías han reconocido que dada la importancia de la labor que cumplen los periodistas que cubren estas situaciones, el Estado debe otorgarles el máximo grado de garantías para que cumplan su función. Este deber no se limita a otorgar medidas concretas de protección para los comunicadores. Incluye también la obligación de crear las condiciones necesarias para mitigar el riesgo del ejercicio de la profesión en esas situaciones, agregaron.