El informe confidencial denominado Plan de Operaciones D.G.P.N.-No. 8735-2017, “Apolo III”, revela todo el dispositivo de seguridad concebido por la Policía Nacional para desalojar a los “antisociales” o “fuerzas oponentes”, así como les llaman en lenguaje policial a los estudiantes que el 8 de septiembre de 2017, mantenían una  toma pacífica en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Tomado de:reporterosdeinvestigación.com

Tegucigalpa, Honduras (Reporteros de Investigación).El plan lleva la firma del entonces director de Planeamiento, José David Aguilar Morán, actual director de la Policía Nacional.El informe -oculto hasta hoy- revela cómo cada oficial tenía un rol definido, planificado, cada uno tenía un número exacto de responsabilidades, estaba planificado hasta impedir la presencia de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas en los centros de detención pues  en ningún momento se les visualizó  como garantes del desalojo, más bien el informe cita:

“Se reforzarán los accesos de la UMEP No. 1 con el fin de evitar que familiares de los detenidos, así como simpatizantes puedan obstruir la ejecución de esta operación”…“Se reforzará la entrada principal de la UMEP No. 1, evitando el ingreso de periodistas y de personal particular”, dice el informe obtenido por Reporteros de Investigación, mediante una filtración.

La UMEP 1, en el barrio Los Dolores, fue la posta policial dispuesta para llevar a los estudiantes y personas detenidas, el primer punto para llevar a los detenidos fueron las canchas de baloncesto de la UNAH.

Como lo muestra el mapa, se planificó cuántos policías habría en cada espacio, cuál sería el centro de detención temporal, cuántos policías y vehículos aportaría cada dirección, se planificó el bloqueo policial de ocho salidas y entradas para evitar que los estudiantes salieran o que otras personas entraran, se diseñó una especie de cordón policial gigante alrededor de toda la UNAH, según consta en este documento cuya copia tiene el equipo de Reporteros de Investigación y que sirvió como base para este mapa, usted puede explorar, acercar y alejarse al área para conocer la cantidad de logística utilizada para deshacer la protesta estudiantil.

Las organizaciones de derechos humanos denunciarían tres días después de este hecho, mediante un pronunciamiento público, que “miembros de la Policía Nacional, bloquearon los accesos a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y prohibieron la presencia e impidieron la labor de las organizaciones defensoras de derechos humanos que impidieron la orden de desalojo a las y los estudiantes que se encontraban en huelga”.

“…Durante la agresión pública en el desalojo, se reportó que la Policía Nacional utilizó gases pimienta; entre otros actos de violencia; y, uso excesivo y desproporcionado de la fuerza contra las y los estudiantes y defensores de derechos humanos. Ese mismo día, fueron 26 personas detenidas (22 estudiantes y 4 defensoras y defensores de los cuales 3 fueron procesados), siendo todas y todos heridas, algunas de ellas hasta el día de hoy, siguen presentando problemas de salud y daños psicológicos, como resultado. Aclaramos que las detenciones y encarcelamiento de las y los defensores de derechos humanos, fueron ejecutados de manera ilegal, bajo el uso indebido de tipos penales, sin orden de captura y sin procedimientos judiciales, dejando sin garantía e indefensión el pleno ejercicio de los derechos humanos”, denunciaron el 11 de septiembre 20 redes y organizaciones de derechos humanos.

Pero eso no es todo. El Plan de Operaciones No. 8375-2017 Apolo III revela que el desalojo se ideó aun antes de que el Juzgado Penal correspondiente emitiera la orden legal.

Más bien el plan da lineamientos en el que se deja entrever la injerencia policial en el Poder Judicial.

Es decir, el órgano judicial que debe ser garante de la acción policial, en el plan es concebido como una oficina que debe actuar de acuerdo con el Plan de Operaciones policiaco.

“Es también indispensable la emisión por parte del Órgano Jurisdiccional del Estado (sic), de la Orden de Desalojo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la cual dará el respaldo legal para que la Policía Nacional pueda devolver el control a sus autoridades, lo anterior sobre la base del respeto a la Autonomía Universitaria (sic)”, cita el plan hecho en secreto.

Como resultado de toda la operación, hubo dos defensoras, Hedme Castro y la también periodista Tommy Morales, y dos defensores, Ariel Díaz y Carlos Del Cid, que recibieron torturas y golpes mientras hacían su labor  de defensa de los derechos humanos en la UNAH y, varios estudiantes golpeados. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos acusó a cuatro mandos intermedios por los delitos de abuso de autoridad, tortura, detención ilegal, lesiones y violación de los deberes de los funcionarios.

 Los sospechosos que fueron liberados por la jueza Gabriela Gallo el 1 de junio de 2018 son  Juan Manuel Aguilar Godoy, Félix Adrián Colindres y Marlon Agustín Vásquez Palma, no obstante como responsable directo de ejecutar el plan de desalojo, en este documento aparece el subcomisionado de policía Raúl Martínez Alvarado, según cita el numeral VI de Instrucciones de Coordinación.

En la organización para las operaciones de ese día aparecen los entonces jefes policiales en sus roles como Director de la Policía, Félix Villanueva Mejía, el Director de Prevención y Seguridad Comunitaria, Cesar Augusto Mendoza; el director de Vialidad y Tránsito, director de la Policía de Investigación, Leonel Sauceda, director nacional de Fuerzas Especiales, Miguel Amaya Amador y el Director de Inteligencia Policial, Orlin Cerrato.

“La Dirección General de la Policía Nacional a través de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, Dirección Policial de Investigaciones (DPI[a cargo de Ronmel Martínez]), Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (Tigres-Cobras), Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) y Dirección de Vialidad y Transporte (DNVT) en coordinación con el Ministerio Público ejecutarán operaciones policiales de desalojo, detención, individualización y remisión de las personas que se encuentran dentro de la UNAH y de los cuales se tiene información de haber participado en actos vandálicos o alteración al orden público”, cita este documento.

La supervisión del Plan de Desalojo estaba a cargo de Aguilar Morán, su ejecución en manos de Los Tigres y de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria; la DPI estaba encargada de capturas y de Inspecciones Oculares de escena del Crimen, la Dirección de Transito estaba encargada de asignar personal y establecer puntos de control y otras que se estableciera.

El plan inicia relatando la situación de la UNAH:
“Se encuentra bajo una situación que escapa del orden eminentemente académico, llegando a cometer actos delictuales y vandálicos, perpetrados por grupos de personas de naturaleza antisocial, que tienen como fin, el causar daños, desorden, así mismo impidiendo el ingreso de los estudiantes y personal administrativo y docente a este máximo centro de estudios…”

Para los policías sus fuerzas oponentes ese día eran: “Delincuencia común, grupos estudiantiles organizados y el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU)”, mientras que sus fuerzas amigas eran  la “Cruz Roja Hondureña, Ministerio Público, Poder Judicial, Fuerzas Armadas y otras”.

Se solicitó una entrevista con los oficiales mencionados mediante el portavoz policial, Jair Meza. El vocero dijo “ya nos pronunciamos sobre ese caso”.

Envío un comunicado emitido anteriormente.  En el comunicado, se consigna que la Comisión de Depuración anunció una investigación interna de este caso.

Carlos del CID

Defensor con pérdida del 20 por ciento de  su ojo izquierdo por maltrato policial el 8 de septiembre de 2017

“Esta operación se planificó tres días antes por el Estado de Honduras que habían decidido desalojar y capturar a muchos estudiantes y arremeter contra los defensores de Derechos Humanos que nos interpusiéramos en la acción de captura de los estudiantes. Podemos decir que el Estado de Honduras de manera consciente ha tomado la decisión de violentar los tratados internacionales y las leyes nacionales que nos permiten a los defensores de Derechos Humanos hacer uso de nuestra vocación para defender los derechos de otros. Los estudiantes estaban defendiendo el derecho a la educación. Hay una planificación producto de que la Policía y el ejército han llegado a un acuerdo con los tres poderes del Estado para hacer contra toda la oposición lo que ellos quieran hacer, de manera que los policías y militares se sienten impunes y sienten que el sistema judicial no les va a hacer nada. El operativo se planifica tres días antes y la orden judicial de desalojo se emite el mismo día. Las acciones contra los defensores fueron ilegales porque no llevaban orden de juez competente con nombres de defensores para ser detenidos por algún delito, ellos dicen es que es infraganti, nosotros decimos no estábamos haciendo delito, estábamos haciendo una acción de defensoría. Es claro que este gobierno es intolerante, no va a permitir que la oposición les diga qué están haciendo mal y si en medio, están los defensores de derechos humanos, van a arrasar con nosotros”.

Defensora que permaneció durante toda la toma en la UNAH, acompaña a Tommy Morales golpeada y apresada por defender derechos humanos.

 “Hemos venido acompañando a los estudiantes desde 2014 porque los han criminalizado, ahora hay 24 jóvenes expulsados pese a que hay una sentencia de amparo que indica que las expulsiones violentan garantías constitucionales, Ayax Irías ha dicho que no los va a reintegrar, este es un abuso de autoridad de personas que se creen dueños del país. A estos jóvenes los tienen con un proceso penal, no pueden trabajar y tampoco pueden estudiar por la intolerancia y el abuso de autoridad. La UNAH es un centro de operaciones sicológicas, es el país en pequeño, se implementa la tortura, amenaza, se hacen operaciones nocturnas de contrainteligencia y eso fue lo que hicieron desde el 5 de septiembre para desalojar a los estudiantes, me cuentan algunos de ellos que los policías fueron introduciéndose al campus universitario, vestidos de civil para luego hacer el desalojo ilegal porque hicieron una planificación previa que fue ilegal pues al hacer un desalojo debe haber petición de parte y no lo tenía, la resolución de la jueza para hacer desalojo el 8 de septiembre dijo que sólo debían hacerlo en los edificios, ellos lo hicieron en todo el edificio y permanecieron por más de un día y fue donde torturaron a defensores y a los estudiantes, cometieron abusos y violaciones, me ha tocado estar en las audiencias donde están los altos oficiales enjuiciados, tienen sus celulares, nos están grabando, están enviando chat, eso no lo hacen con cualquier imputado, les quitan los celulares, los encadenan de pies y manos  y eso no lo han hecho con los altos oficiales, cuando van antes de cada audiencia tienen un cubículo sólo para ellos, les llevan comida, una justicia que los trata con manos de seda mientras a los defensores de derechos humanos los tratan como criminales. Después del 8 de septiembre estuvieron (los defensores que sufrieron torturas) más de 36 horas detenidos y fueron ante el juez con cadenas en sus manos y en sus pies. En la UNAH llegaban desconocidos, hacían disparos desde las 12 de la noche era terrible lo que se vivía ahí, estuvimos 50 días con Tommy Morales, dos semanas antes de las torturas contra los defensores, nos habían informado que estaban planeando un juicio penal contra nosotras dos porque éramos las que nos quedábamos todas las noches velando porque se respetaran los derechos humanos”.

OACNUDH

La OACNUDH reitera su preocupación por la descalificación, el hostigamiento y la estigmatización de las y los defensores de derechos humanos. La Oficina insiste en que la defensoría de derechos humanos es una labor legítima, necesaria, y fundamental para la consolidación de la democracia y el estado de derecho, y destaca la responsabilidad de todos los funcionarios públicos de reconocer y respetar dichas funciones.

Fuente: reporterosdeinvestigación.com en este link