Una campaña de desprestigo se ha echado a andar unas horas antes de la Audicencia Inicial en el caso de los estudiantes Rolando Melghem, Carlos Eduardo Hernández y Misael Martínez, acusados por el Ministerio Público y la policía por el delito de Incendio agravado. Desde el viernes anterior están presos en la cárcel de Támara, a unos minutos en las afueras de la capital hondureña. Dicha audiencia se llevará a cabo este martes 11 de diciembre a las 10 de la mañana en los Juzgados de lo Penal de Comayaguela.

Según denuncias públicas podría tratarse de una cortina de humo del Partido Nacional para bajarle el perfil a otros temas cruciales del país, entre ellos el proceso judicial en Estados Unidos por narcotráfico contra Tony Hernández, hermano del presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Lo que significaría que los muchachos están siendo chivos expiatorios de un contexto donde el Partido en el poder junto al mandatario, están muy desprestigiados.

Las capturas de estudiantes

Los tres jóvenes arriba mencionados vivieron varias horas bajo tortura física y sicológica en las celdas de una posta de policía y en la Dirección Policial de Investigaciones DPI , y  uno de ellos fue acosado sexualmente por un agente, minutos después de ser capturados cuando miraban remolcar unos buses quemados por encapuchados el pasado jueves 06 de diciembre.

La campaña de desprestigio es contra Rolando Melghem, quien es sobrino de la reconocida periodista Lorena Melghem, quien también ha sido objeto de desprestigio en una página llamada “Nos Queda Claro”, la cual varios sectores se la atribuyen al Partido Nacional.

Esta página ha lanzado otras campañas de desprestigio contra varios dirigentes sociales, periodistas y defensores de derechos humanos, para acusarlos de varios delitos, curiosamente en sintonía con actuaciones del Ministerio Público en momentos precisos. En 

El Juez Número 11 los envió a prisión sin seguir el Debido Proceso y dejándoles sin la oportunidad de tener acceso a la justicia de manera imparcial. Varios documentos que respaldaban a los estudiantes para evidenciar que no había peligro de fuga, fueron desestimados por el Juez.

Cuatro defensores de derechos humanos fueron impedidos de ingresar a los Juzgados de Letras de lo Penal de Francisco Morazán. La policía a través del oficial Avilés les cerró el paso, más de una hora, después por gestiones ante el Ministro de Seguridad por la ASOPODEHU, los dejaron ingresa,r pero la audiencia había iniciado.

Génesis Andino de la ASOPODEHU y Pedro Joaquín Amador, Juan Francisco López y Elizabeth Medina , estos últimos de la Acción Ecuménica por los Derechos Humanos, permanecieron por mucho tiempo afuera de los tribunales, después fueron informado que la jueza de nombre Karla Vásquez, que estaba en el tribunal,  argumentó que corría riesgo de muerte si dejaban entrar a los defensores, violentando con ello convenios internacionales de protección a las personas que defienden los derechos humanos, así como la Ley de Protección existente en Honduras.

Campaña de desprestigio e injusticia

Las acciones contras las juventudes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, se vienen realizando desde el año 2014 con expulsiones de seis estudiantes, en el 2015 con criminalización de más de 20, el el 2016, otros 75 tenían procesos penales, los cuales fueron cerrados por un acuerdo entre el Movimiento Estudiantil Universitario, MEU, y en el 2017 volvieron los juicios contra más de 60.

Esto violenta La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes que con relación a los derechos humanos señala que "Artículo 2. Jóvenes y derechos humanos. Los Estados Parte en la presente Convención reconocen el derecho de todos los jóvenes a gozar y disfrutar de todos los derechos humanos, y se comprometen a respetar y garantizar a los jóvenes el pleno disfrute y ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, y culturales".

La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes es el único tratado internacional centrado específicamente en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas jóvenes. Fue firmado en la ciudad de Badajoz, España, en octubre de 2005, y entró en vigor el 1 de marzo de 2008.

El Artículo 13. Derecho a la Justicia. 1. Los Estados Parte reconocen el derecho a la justicia de los jóvenes. Ello implica el derecho a la denuncia, la audiencia, la defensa, a un trato justo y digno, a una justicia gratuita, a la igualdad ante la ley y a todas las garantías del debido proceso, de la misma Convención.

En cuanto al Derecho a la identidad y personalidad propia dicho instrumento internacional reza en su Artículo 14: 2.- Los Estados Parte promoverán el debido respeto a la identidad de los jóvenes y garantizarán su libre expresión, velando por la erradicación de situaciones que los discriminen en cualquiera de los aspectos concernientes a su identidad.