Contexto
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A pesar del marco normativo logrado a través de las luchas feministas y de mujeres organizadas en Honduras, es evidente la inequidad de la participación de la mujer en política, aún persisten situaciones y vicios a los que se les debe poner un alto, según una alerta del Centro de Estudio para la Democracia, (CESPAD), denominada “Partidos políticos siguen sin apoyar participación política de las mujeres”, emitida a principios de abril.
Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, visitará Honduras del 16 al 21 de abril de 2017, con el objetivo de darle seguimiento a las observaciones y reomendaciones que hiciera sobre la regulación de la consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas, así lo dio a conocer la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras, OACNUDH, en un comunicado de prensa difundido esta semana.
En dos cartas caracterizadas por un tono ciertamente enérgico enviadas al Secretario de Estado entrante Rex Tillerson, casi 80 legisladores de Estados Unidos hoy expresaron su seria preocupación por los riesgos a los que se enfrentan los activistas que defienden sus tierras y el medio ambiente en Honduras.
Esta vez le tocó a la activista defensora de los derechos trans Marco Tulio Montoya Sánchez, más conocida como Sherlyn, de 29 años de edad, miembra del colectivo “Muñecas de Arcoíris”, quien fue reportada desaparecida el domingo 02 de abril de 2017 por la noche en la gasolinera UNO salida al norte de la colonia El Carrizal, en Comayagüela, Honduras.
Muchas mujeres en Honduras se dan cuenta que son portadoras del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida,(SIDA), hasta que están a punto de morir, ya que el Estado prioriza la prevención en poblaciones claves, por el contrario, los hombres sí tienen acceso a pruebas de detección temprana, según Romina Serna, representante del Foro Nacional del SIDA.
Organizaciones indígenas, defensores de derechos humanos y el Partido Libertad y Refundación, (LIBRE), son víctimas de campañas sucias en su contra y responsabilizan al presidente Juan Orlando Hernández y al Partido Nacional en el gobierno, por promover la apología del odio en la opinión pública y violentar su libertad de expresión.
En el departamento de La Paz existen cuatro hidroeléctricas propiedad de la diputada y presidenta del Partido Nacional, Gladys Aurora López, que de paso llevan su nombre, pendiente está de construirse la llamada “Centroamérica” , en el Rio Sasagua, afectando todo el municipio de Santiago de Puringla, las poblaciones de Jesús de otoro y otras del departamento de Intibucá, informó Feliz Vásquez López secretario general de la Unión de Trabajadores del Campo, (UTC) del departamento de La Paz.
“Estamos bajo una cultura militarista de la sociedad, de las instituciones del Estado y de la niñez y la adolescencia el cual se evidenció con el Programa Guardianes de la Patria, éste implícitamente fue diseñado para las y los pobres”, expresó Wilmer Vásquez, director de la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez, (COIPRODEN).
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El gobierno se ha centrado en los militares y en la seguridad privada que es propiedad de oficiales retirados de las Fuerzas Armadas de Honduras, para supuestamente resolver el problema de la seguridad en el país, por lo que es urgente la desmilitarización, según lo dio a conocer la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras, OACNUDH, este 22 de marzo de 2017.
Organizaciones internacionales consideran que el proceso civil iniciado por la hidroeléctrica Desarrollos Energéticos, S.A, DESA, contra Suyapa Martínez, defensora de derechos de las mujeres y directora del Centro de Estudios de la Mujer-Honduras, CEM-H, busca tener un efecto intimidatorio en toda la comunidad de defensores y defensoras de derechos humanos, por lo que instan a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la comunidad internacional, para que observen el proceso civil y exijan tanto el respeto por las garantías judiciales como la protección del derecho a defender derechos humanos.
El 31 de enero de 2017 la organización internacional Global Witness presentó el informe “Honduras: el lugar más peligroso para defender el planeta”, los hallazgos publicados tras dos años de investigaciones movieron los cimientos de una impunidad que se nutre de la complicidad de las instituciones del Estado para mantenerse viva y robusta.
A cinco años del incendio en el penal de Comayagua donde murieron unas 360 personas, la Oficina del AltoComisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, (OACNUDH), señaló en un comunicado público este 16 de marzo de 2017 que las víctimas y sus familiares continúan sin conocer las reales circunstancias en que se dieron los hechos, debido a la falta de responsabilidad estatal en cumplir con las normas internacionales de derechos humanos.
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